Si los candidatos a la presidencia de la República pronosticaban que tendrían que hacerle frente a un déficit fiscal preocupante, en caso de ganar las elecciones, la Contraloría General de la República (CGR) se encargó de empeorarles el diagnóstico.
La Contralora, Marta Acosta Zúñiga, afirmó que la situación fiscal del país será insostenible para los próximos dos gobiernos, en caso de que no se tomen decisiones de “alto impacto” en los próximos meses.
Pero ¿qué es para la CGR una medida de impacto? Acosta dijo que la alternativa es aumentar en ¢900.000 millones los ingresos del Estado, que equivalen a un 3,4% del Producto Interno Bruto (PIB); de lo contario, la crisis campearía.
"Para llegar a esa cifra se requiere aumentar la recaudación fiscal, o recortar el gasto público, o bien, una combinación de ambas medidas", explicó la Contralora.
El segundo Vicepresidente, Luis Liberman, reaccionó ante los señalamientos y dijo que, desde el principio, el Gobierno dio a conocer el pobre estado del erario público.
Además anunció que en dos semanas el Ministerio de Hacienda saldrá con una propuesta fiscal bajo el brazo para someterla a consulta.
Se trata de la segunda etapa del plan de “Ley de Consolidación Fiscal”, donde se planteará un aumento en los ingresos del Estado equivalente a un 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB), a través de más recaudación fiscal y recortes en el gasto público.
La propuesta sería presentada a los diputados después de las elecciones presidenciales del 2 de febrero del 2014 y, de ser aprobada, daría algo de tranquilidad financiera al Estado por un plazo de tres años, dijo Liberman.
Según Marta Acosta, es responsabilidad de los actores políticos, sociales y económicos valorar con seriedad las propuestas de ese tipo para sortear la crisis fiscal que golpeará con mayor fuerza a los próximos dos gobiernos, si no se concretan soluciones, advirtió.
Ante los diputados
Acosta acudió el miércoles a exponer a los diputados el informe técnico del presupuesto para el 2014, por ¢6,6 billones.
En su exposición, la Contralora subrayó que el déficit financiero (la diferencia entre los ingresos y gastos del Estado) para el año entrante será de un 6,25% del PIB.
Agregó que en el plan de gastos la deuda del Gobierno Central asciende a un 39% del PIB y que el 25,7% de los gastos corrientes se financian con endeudamiento, lo cual es prohibido por ley.
Son síntomas de que el entorno económico gris podría oscurecerse aún más.
Por esto, Acosta concluyó que urge una agenda de ajustes tributarios que se acompañe de una mayor eficiencia en el gasto, y de la sostenibilidad de los regímenes de empleo público y pensiones con cargo al presupuesto.
Luis Liberman afirmó que desde el 2011 el Gobierno tomó medidas encaminadas en esa dirección, como restringir la contratación de personal y limitar los aumentos salariales del sector público al incremento de la inflación.
La jerarca de la CGR, empero, también llamó a poner el ojo sobre las exoneraciones fiscales y a mejorar la eficiencia en las compras públicas.
“La situación fiscal del país es preocupante pues se nota un desmejoramiento importante en comparación con otros años”, dijo Acosta.
Un aspecto que recalcó la jerarca de la CGR, es que el porcentaje de ingresos frescos del Gobierno por concepto de recaudación de impuestos, podría caer más en los próximos meses, dada la merma en el ritmo de la economía.
Tema de campaña
Tanto el segundo Vicepresidente como la Contralora coincidieron en que el problema de los escasos recursos del Estado debe ser uno de los puntos en la agenda de los candidatos a la presidencia durante la presente campaña electoral.
“No está dentro de las potestades de la CGR decir cuáles son las alternativas para solucionar el problema fiscal, pero sería muy interesante conocer qué proponen los aspirantes presidenciales”, sostuvo Marta Acosta.
Liberman, por su parte, reiteró que el Gobierno de la presidenta Laura Chinchilla está anuente a propiciar el debate de eventuales soluciones al problema del déficit fiscal.
“Ojalá que los diputados aborden el tema, cuando, el o los proyectos que prepararemos, lleguen a la Asamblea Legislativa”, resumió el jerarca.
Asamblea falló
Pero la realidad hasta ahora ha sido muy distinta. Los diputados no demostraron voluntad política para rescatar el plan de “Ley de Solidaridad Tributaria” después de que la Sala Constitucional se lo trajera abajo por errores, en marzo del 2012.
La iniciativa habría acarreado un aumento de recursos al Gobierno a través del aumento de la carga tributaria.
Jeannette Ruiz, diputada que representa al Partido Acción Ciudadana (PAC) en la Comisión de Asuntos Hacendarios, agregó que un plan sugerido por su fracción para rechazar aquellos presupuestos públicos desfinanciados tampoco ha avanzado.
“La iniciativa permitiría que quedara en vigencia el presupuesto del año anterior, en caso de rechazo del presupuesto del año siguiente, y propone sanciones por incumplimientos a la normativa de presupuestos públicos, pero no ha habido voluntad para impulsarlo”, lamentó.
Ruiz ve difícil que los diputados puedan avanzar en alguna solución al déficit fiscal de aquí a febrero, por las distracciones que causa la campaña política en el parlamento.
Después, los legisladores sólo tendrán tres meses para intentar heredar al próximo gobierno herramientas para alcanzar una situación económica más holgada.