La Contraloría General de la República (CGR) emitió este mes un informe en el que cuestionó la administración del Sistema de Ahorro y Préstamo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).
Según el ente contralor, la junta directiva del INVU tomó decisiones que rebasan sus atribuciones, pues extendieron la participación y financiamiento de los recursos del Sistema de Ahorro y Préstamo a personas jurídicas.
"(Esto) desvirtúa el fin social del Sistema orientad a financiar casas de habtación a personas físicas", señala la CGR.
Esta acción del INVU culminó con la acumulación -entre el 2009 y el 2013- de un 11% de los contratos de ahorro en poder de personas físicas y jurídicas que mantienen nexos familiares o a través de juntas directivas de empresas.
"Una persona jurídica adquirió 585 contratos por ¢4.216 millones y solo ¢531 millones se constituyeron en crédito para vivienda", señala la Contraloría.
Además, la la CGR determinó que hay agentes de venta del INVU que acumulan cantidades significativas de contratos de ahorro; así por ejemplo, el núcleo familiar de un agente suscribió 621 contratos por ¢3.900 millones, cuyas salidas de efectivo representaron ¢259 millones de las que solo el 37,4% son operaciones para vivienda.
También se detectaron sobregiros en algunas transacciones y la información podría estar comprometida.
"No se garantiza la confiabilidad de la información contenida en los expedientes de contratos de ahorro y los de préstamos, pues, no fue posible localizar algunos de ellos, otros están incompletos y no se controla el acceso a éstos", agregó la Contraloría.
Mandatos
El ente contralor pidió a la junta directiva del INVU que consulte a la Procuraduría General de la República si le asiste competencia para ajustar mediante acuerdos el reglamento del Sistema de Ahorro y Préstamo.
También pidió medidas para asegurar la confiabilidad de la información y realizar una investigación preliminar a fin de corroborar la concurrencia de eventuales responsabilidades en los funcionarios del INVU que tuvieron participación en los sobregiros confirmados.
El informe de la Contraloría fue llevado a cabo por el Área de Servicios Ambientales y de Energía.