El pago de anualidades e incentivos salariales que reciben los empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no puede eximirse de las medidas para limitar su crecimiento que se implementaron en el sector público con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635).
La Contraloría General de la República (CGR) ordenó a Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS y a la junta directiva de esa institución aplicar las acciones para contener el crecimiento del gasto en salarios que se establecen en el título III de la reforma fiscal.
Los jerarcas de la entidad deberán ignorar los acuerdos suscritos con los sindicatos en febrero y agosto de este año, el segundo para poner fin a una huelga de ocho días que dejó efectos perjudiciales para los asegurados.
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“Los acuerdos de febrero y agosto de 2019 no constituyen actos administrativos declaratorios de derechos por lo que la CCSS debe abstenerse de iniciar un proceso judicial de lesividad o cualquier otro tipo de procedimiento en vía administrativa para la declaratoria de nulidad de los numerales relativos a ‘anualidades’ e ‘incentivos, complementos, sobresueldos y pluses’. Además, se ordenó a dicha junta la aplicación inmediata de la reforma fiscal”, informó el ente Contralor en un comunicado, la mañana de este jueves.
La resolución de la Contraloría surge como respuesta a una denuncia presentada contra el los acuerdos que suscribieron las autoridades de la CCSS, el Gobierno y los sindicatos con el objetivo de mantener por fuera de la Ley el pago de incentivos salariales a los más de 57.000 trabajadores de la institución.
EF consultó a la Unidad de Prensa y Comunicaciones de la CGR quién presentó la denuncia contra los acuerdos, pero en esa dependencia indicaron que no pueden revelar los datos por restricción legal.
Ahora la junta directiva de la CCSS tendrá que convocar a una sesión extraordinaria, en un plazo máximo de cinco días, para revisar la resolución y tomar los acuerdos respectivos que le permitan acatar de inmediato las órdenes giradas por la Contraloría.
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El ente contralor le recordó a Macaya y a los directivos de la CCSS que este tipo de decisiones son de acatamiento obligatorio, sólo se reiterarán una vez tras su notificación y se fijará un plazo para el cumplimiento.
“De mantenerse la desobediencia una vez agotado el plazo, se tendrá como falta grave y dará lugar a la suspensión o a la destitución del funcionario o empleado infractor, según lo determine la Contraloría General”, agregó el documento de la resolución.
Acuerdos y tribunales
El pasado lunes 12 de agosto Román Macaya, el Gobierno y los sindicatos firmaron un acuerdo que permite mantener intactos los pluses salariales para los empleados de la CCSS en contra de la reforma fiscal y mientras un tribunal se toma hasta cinco años para resolver el tema.
El trato con los sindicatos contó con la bendición del presidente de la República, Carlos Alvarado, lo que se tradujo en una contrariedad con respecto a la posición que manifestó y puso en marcha Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, quien lideró la aprobación del plan fiscal, los eurobonos, el proyecto de empleo público y ahora el Presupuesto Nacional 2020.
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Aguilar ya se mostró incómoda con la decisión del Ejecutivo y dijo que está “totalmente en desacuerdo” del acuerdo con los sindicatos. Este documento y el que se firmó en febrero, permiten mantener vivo el crecimiento del gasto corriente en salarios de la CCSS mientras que a los empleados públicos de otras instituciones sí se les ajustarán los sueldos de un pago porcentual a uno nominal (monto fijo).
El arreglo estuvo precedido por una huelga de ocho días en el sector salud. El discurso público de los gremios sindicales fue que arrancaron la protesta para defender a la institución de las intenciones que pretendían privatizarla y de la aplicación de la regla fiscal, un tema que ya había sido aclarado previamente por Hacienda y la Sala Constitucional.
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El objetivo de la huelga era defender los 19 pluses que la CCSS paga a sus empleados.
El movimiento sindical provocó la suspensión de 68.000 citas médicas, la pérdida de 1.400 cirugías programadas y una denuncia por la muerte del químico Mario Castro quien presuntamente no recibió atención médica oportuna en el Hospital de Alajuela.