La Contraloría General de la República (CGR), remitió su criterio sobre el crédito por $395 millones que el Poder Ejecutivo firmó con China para ampliar 107 kilómetros de la Ruta 32, San José-Limón.
En su contestación a la Comisión de Asuntos Hacendarios, el órgano contralor subraya que la sola aprobación legislativa del proyecto de préstamo no le dará la eficacia jurídica constitucional.
Para que el plan alcance ese estatus, y no roce con la Constitución, requerirá que el contrato comercial sea refrendado por la CGR, siempre que ese documento, en poder del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) “cumpla con los requisitos advertidos en el análisis realizado por esta Contraloría”.
El MOPT ha sostenido el criterio de que el contrato comercial firmado con China no requería del visto bueno de la CGR, tesis que el órgano fiscalizador echa por tierra en el criterio enviado a los diputados que, a principios de diciembre, decidieron ampliar hasta el 30 de abril del 2014 el plazo para que una subcomisión rinda su informe sobre el contrato de préstamo.
Fundamentos
La CGR advierte, además, que la contratación de la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) será válida si el Poder Ejecutivo cumplió con los requisitos de suscribir un convenio o acuerdo válido mediante los funcionarios públicos competentes y firmar un contrato específico en donde se concentren los derechos y obligaciones de las partes.
Otro de los requisitos que cita la CGR para validar la contratación de CHEC es la conformación de un expediente en el que se incorporen los documentos “que en forma motivada sustenten la selección de la empresa, las condiciones de la contratación, la razonabilidad del precio y cuales quiera otras condiciones que se fijen a nivel contractual”.
El Poder Ejecutivo aceptó que China “amarrara” el préstamo a la condición de que CHEC fuera designada como la empresa que ejecutaría las obras.
Asimismo, la CGR aclaró que es labor “fundamental” de los diputados valorar el riesgo cambiario de la moneda china con respecto al dólar, la definición de tasa de interés incluida en el préstamo y la razonabilidad del costo de la obra, determinada mediante la figura de “suma alzada”.
En este último punto la CGR se detiene y valora como fundamental que la Asamblea Legislativa acceda a los términos utilizados para fijar el costo, pues “resulta un aspecto no verificable” ni en el proyecto de ley ni en el contrato comercial.
Contrapartida
Por último el órgano contralor advirtió de que el Gobierno no incluyó en el presupuesto ordinario del 2014 la contrapartida nacional por $69.8 millones para financiar las obras, ni un monto adicional de $20 millones para cubrir los costos de las expropiaciones y reubicación de servicios.
El criterio contralor llega a la Asamblea Legislativa en momentos en que el Departamento de Servicios Técnicos del Parlamento concluyó que el gobierno negoció con China el empréstito “sin conocer cómo ejecutarlo".
Los asesores técnicos legislativos también alertaron a los diputados de que el MOPT no adjuntó el contrato comercial entre los legajos que envió a la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Con respecto a esos señalamientos, el diputado Manrique Oviedo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), afirmó que el contrato rubricado por el Poder Ejecutivo debe ser renegociado.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Pedro Castro, consideró que el criterio emitido por la CGR es “sumamente positivo” para fundamentarle a los asesores técnicos del Parlamento que el proyecto no es inconstitucional.
“Muchos de nuestros asesores estimaron en su momento que no era necesario el refrendo contralor al contrato, pero no tenemos ningún inconveniente en que se envíe a refrendo; todo lo contrario, eso es garantía adicional de transparencia en una obra vital para Limón y el país”, concluyó Castro sobre la necesidad de que el plan cuente con el aval de la CGR.