Sobre los hombros de la Corte Suprema de Justicia y sus tribunales pesan la mayoría de señalamientos por presunto conflicto de competencias con otros poderes e instituciones del Estado.
El dato salta a la vista apenas se inicia la disección de los conflictos entre poderes durante los últimos 23 años.
Así, la realidad numérica y de las estadísticas hace palidecer los choques entre la Corte Suprema de Justicia y el Poder Legislativo.
Quizás los pleitos entre magistrados y diputados sean los más sonados en materia de conflictos políticos entre poderes.
Sin embargo, no son los más comunes en el catálogo de casos judiciales. Entre los 23 votos por conflictos de competencias que efectuó la Sala IV desde 1989 hasta el 2006 –más de uno al año– no consta ningún caso en que el Congreso haya acusado al Poder Judicial, o viceversa, por presunta invasión de funciones.
Lo anterior va contra la lógica que podrían dictar los últimos acontencimientos relacionados con el jurista Fernando Cruz y la decisión de 38 diputados de no reelegirlo como miembro del alto tribunal constitucionalista, hecho que dominó la agenda política de noviembre.
Ningún voto a favor
La Sala IV es el miembro más visible del Poder Judicial por su incidencia diaria en la vida nacional.
Ese órgano, por mandato de la Constitución Política, es el encargado de dirimir los conflictos de competencias que surgen entre los Supremos Poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), o entre estos y la Contraloría General de la República (CGR).
El resultado de la gestión de la judicatura constitucionalista, no obstante, sorprende. Nunca los magistrados han resuelto a favor de la parte accionante uno de esos casos.
¿Quién invade a quién?
Según datos proporcionados por la Sala Constitucional, de los 23 votos por conflicto de competencias, la mayoría, un 17,3% del total, correspondieron a reclamos presentados por el régimen municipal contra fallos realizados por el Poder Judicial.
El análisis de las estadísticas arroja que un 13% de los votos fueron sobre solicitudes de aclaración del Poder Ejecutivo sobre acciones judiciales.
Al repasar los datos, estos dejan ver que el 8,6% de los asuntos obedecieron a consultas elevadas por entidades autónomas contra acciones judiciales.
La suma arroja que del total de votos por invasión de competencias entre poderes, un 38,9% involucró acciones contra los administradores de la justicia.
Aparecen con un porcentaje inferior, pero significativo, los conflictos entre el Poder Ejecutivo y la Contraloría, órgano auxiliar del Parlamento en el control de la Hacienda Pública.
Así, la Corte Suprema de Justicia y sus distintos órganos resultaron ser los más señalados por presunta invasión de competencias en un lapso de 17 años.
EF elevó a la oficina de prensa de la Corte una solicitud de entrevista con el magistrado Luis Paulino Mora, presidente del Poder Judicial, pero al cierre de esta edición no se obtuvieron respuestas de parte del jerarca.
Hechos políticos irritan ánimos
Más allá de los argumentos que esgrimieron los diputados para no reelegir a Fernando Cruz, quien se mantiene en su puesto gracias a una acción legal interpuesta por el diputado Luis Fishman, la cual la Sala IV aceptó para estudio, el asunto palidece frente a la realidad numérica y estadística.
El hecho en que se vio involucardo Cruz tan solo cuenta con un antecendente similar en los anales del conflicto legislativo-judicial.
Sucedió en 1993, cuando el magistrado Jesús Ramírez se hizo acreedor de 37 votos de diputados que se pronunciaron en contra de su reelección en la Sala III. La cifra no alcanzó para lograr el objetivo diputadil, pero enfrentó a dos de los pilares del sistema democrático costarricense.
Después de esa sacudida, los ánimos de los legisladores y de los altos jueces se volvieron a crispar cuando los primeros crearon la Comisión Investigadora del Poder Judicial, que pretendía meterle el bisturí a la Corte.
Lo relatado ocurrió en el 2003 y desató una descarga de críticas mutuas entre Luis Paulino Mora y José Miguel Corrales, entonces diputado de Liberación Nacional (PLN) que luego se declaró independiente.
De más reciente data, 2009, es el altercado que se generó cuando la Sala IV ordenó al Directorio reinstalar en la Comisión de Asuntos Económicos al entonces legislador José Manuel Echandi.
Maureen Ballestero, liberacionista quien en ese momento era la vicepresidenta del Congreso, calificó el precedente como negativo y achacó a la Sala actuaciones propias de un senado.
En el presente también se le reprochan actuaciones a la Corte. Provienen del TSE.
Ámbito electoral en disputa
El jurista Diego Brenes, asesor en gestión política del TSE, resaltó que durante su primera década de vida, la Sala IV asumió competencias electorales de una forma activa, restándoselas al alto tribunal electoral que, ante esto, asumió una posición pasiva.
La situación solo cambió cuando, a finales de los años 90, el TSE creó el amparo electoral.
No obstante, Brenes añadió que en el 2010 la Sala IV volvió a resquebrajar el muro divisorio con el TSE, al declarar inconstitucional el proceso de retiro de credenciales que la institución abrió contra la exdiputada Ballestero.
En ese mismo año, citó el abogado, la Sala volvió a irrumpir y resolvió anular la autorización que había emitido el TSE para que los impulsores del referéndum sobre el proyecto de unión civil entre personas del mismo sexo iniciaran la recolección de firmas para convocar la consulta.
“Esos casos vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre quién, finalmente, tiene la última palabra en materia electoral en el país”, consideró Brenes.
Soluciones en la lejanía
Los recientes cruces de puños entre el Poder Judicial y el Parlamento llevaron a Casa Presidencial a sacar del último cajón dos proyectos que procuran reformar la Ley de la Jurisdicción Constitucional , para limitar las potestades de la Sala IV.
Esa acción, según el politólogo Francisco Barahona, no alcanza. Él aboga por una reforma integral de la Constitución Política para dotar al país de las normas que necesita hoy, de acuerdo con la evolución de sus instituciones.
El politólogo Constantino Urcuyo, en tanto, cree que los últimos hechos plantean retos a los magistrados, como entender que, al franquear sus límites, le abren campo a la política partidaria, lo cual deslegitima su trabajo.
Para los diputados, opinó Urcuyo, el reto es dejar de abusar de las consultas facultativas que judicializan la política. Pero, no hay soluciones cercanas.
La realidad apuntala ese hecho. Resuelva quien resuelva, acuse quien acuse, el conflicto de competencias aún enreda los mecates del Estado.
Votos polémicos
1992: El jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes sostuvo que el entonces alcalde de Faltas y Contravenciones de Limón debía aplicar sanciones a taxistas que incumplieran la ley. Traslado a Sala II.
1997: Ejecutivo municipal de Puntarenas señaló conflicto de competencias con Poder Judicial por decisión del Juzgado Primero Civil y Trabajo de resolver interdicto de amparo de posesión sobre Isla Cedros, lo cual consideró inconstitucional. Rechazado.
2000: Alcalde de Heredia consideró que el juez penal de la provincia sobrepasó sus competencias al ordenar la reapertura de feria en el Palacio de los Deportes. Rechazado.
2003: Alcalde de Garabito reclamó intromisión judicial en apertura de camino privado. Rechazado.
Fuente Archivo GN.