Después de trabajar, por las noches, Catalina Soto ayuda a su hija Ana Sofía Salas —una adolescente con ceguera y discapacidad física— a hacer sus tareas y estudiar. Una vez que la menor de 14 años se duerme, la madre se queda despierta hasta la madrugada traduciendo material educativo al braille para que al día siguiente pueda repasarlo. Es una escena que se repite todas las semanas. Y algunas veces, casi todos los días.
“La pandemia y la virtualidad nos trajo un montón de retos a nivel laboral. Entonces yo trabajaba hasta más horas de las que tenía. En las noches le hacía material en braille para que ella fuera teniendo. Al día siguiente entonces hay una señora que es la que me ayuda aquí en la casa con Ana Sofía, por lo regular ella es la que siempre me ha ayudado”, comenta Soto. En 2023, su hija cursará el octavo año en una institución pública en San José.
En Costa Rica, 27.532 estudiantes en situación de discapacidad —baja visión, ceguera, discapacidad intelectual, discapacidad motora, discapacidad múltiple, pérdida auditiva, síndrome de Down, sordera, sordoceguera y trastorno del espectro autista— fueron matriculados en el curso lectivo 2022, según el Sistema de Administración Básica de la Educación y sus Recursos (SABER).
Este dato, suministrado por Danae Espinoza, jefa de apoyos educativos del Ministerio de Educación Pública (MEP), toma en cuenta las siguientes modalidades: Educación Preescolar, I y II ciclo de la Educación General Básica, III ciclo y Educación Diversificada, Educación Técnica, Educación para Personas Jóvenes y Adultos, y Educación Especial.
El rol que cumplen los padres o familiares en la educación de las personas en situación de discapacidad es crucial, y tras el impacto de la pandemia por la covid-19, la importancia de su participación ha cobrado una nueva dimensión.
De acuerdo con Isabel Román, coordinadora del Informe Estado de la Educación, del Programa Estado de la Nación (PEN), el apoyo de las familias a los “estudiantes con necesidades especiales es vital”, pero no siempre tienen todo el apoyo que requieren. Además, una buena parte de ellos tienen bajos niveles de escolaridad y son de escasos recursos, por lo que deben salir a trabajar y les queda poco tiempo para darle a sus hijos la atención que requieren.
“Durante la pandemia, la mayoría de las familias dijeron que no se sentían preparadas para apoyar a sus hijos en lo académico. En las familias con personas estudiantes con alguna discapacidad, este sentimiento también estuvo presente y las jornadas de atención se duplicaron. Es por eso que el apoyo de los docentes y del Estado es clave e insustituible”, afirma Román.
Precisamente, la jefa de apoyos educativos del MEP detalla que la población en situación de discapacidad requiere de más acompañamiento en todas las áreas de su vida por parte de las familias o las personas encargadas.
“El papel protagónico que juegan tanto las madres como los papás es fundamental en el desarrollo de habilidades, adquisición de aprendizajes tanto para la vida como académicos. La situación que vivimos con la pandemia fue bastante compleja porque eso significó el tener a sus hijos en casa durante todo el 2020. Es importantísimo, para toda la población, pero específicamente para esta población (en situación de discapacidad), la mediación docente”, recalca Espinoza.
Según una encuesta realizada para el VIII Informe Estado de la Educación a un total de 1.318 familias beneficiarias del programa de Ayudas Técnicas para personas estudiantes de I y II ciclo en situación de discapacidad de la Dirección de Programas de Equidad del MEP, el 42% de las familias consultadas señalaron que sus hijos requerían mucha o bastante ayuda para realizar los trabajos académicos asignados desde la escuela durante la pandemia.
Acompañamiento por parte del sistema educativo
De acuerdo con lo relatado por Catalina Soto, en el caso de Ana Sofía, el tipo de adecuación se llama “de acceso”. “Mucho de eso son adaptaciones y transcripción a braille. Las escuelas privadas, la mayoría, no lo ofrecen. Entonces uno tiene que adquirirlo adicional y pagarle adicional a otro profesor y demás”.
Ella comenta que los costos de tener a su hija en un centro educativo privado ascienden a ¢1 millón mensuales, de manera que no lo puede asumir sola. Incluso comenta que por las trabas que pone el sistema educativo, en 2022 estuvo a punto de no matricular a su hija; pero al final cursó en un colegio público y se eximió en la mayoría de las materias.
Pese a esto, Catalina indicó que como mamá se debe preparar en todas las áreas, pues en el apoyo para su hija esto es fundamental. En su caso, por ejemplo, tuvo que aprender braille, pues hay ciertas coordinaciones que “aún no se dan a nivel educativo”.
¿Los padres de estudiantes en situación de discapacidad están asumiendo roles que quizás le corresponde a profesores de ayuda? Según Marcela Álvarez, docente de educación especial en una institución pública del país y vocal en una asociación de personas con síndrome de Down es enfática: “Totalmente”.
“Eso está pasando. Papás y mamás con muy buena intención mencionan que muchas veces tienen que estar al pendiente de qué es lo que mi hijo debería estar aprendiendo, cuando esa es una labor de nosotros como docentes; no es labor de los padres. Claro, los padres apoyan, pero está siendo insuficiente lo que está pasando en las aulas”, dice Álvarez.
Además, considera que el sistema educativo costarricense tiene un déficit en el acompañamiento educativo de los estudiantes en situación de discapacidad como ellos lo necesitan, y para Linda Madriz, directora de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), en el sistema educativo y en todo el proceso de acompañamiento de todos los estudiantes hay un déficit.
“Todavía tenemos estudiantes, y por lo menos la población con la que yo más trabajo, que es población con síndrome de Down, que salen de las escuelas sin leer ni escribir, siendo este un derecho del estudiante. Yo no creo que sea porque la profesora no lo hizo, es que a veces el sistema no lo favorece, o sea, hay que actuar más a nivel de sistema, generando más apoyos que los que se están dando”, explica la docente.
A criterio de la coordinadora del Informe Estado de la Educación, el sistema educativo nacional necesita generar aulas más inclusivas donde los docentes regulares trabajen junto con los docentes de educación especial.
Desde su perspectiva, el gran reto del sistema es integrar a los estudiantes con necesidades especiales y ampliar los apoyos con estrategias específicas en las aulas. “No podemos dar soluciones simples a problemas complejos. Una salida fácil es volver a segregar a los estudiantes con necesidades especiales a aulas ‘especiales’, lo que va en contra de la educación inclusiva y los derechos humanos”.
A la vez, es importante que se brinden más apoyos a las familias de la población estudiantil en situación de discapacidad con recursos educativos y estrategias de acompañamiento específicas.
En una línea similar, la directora de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNED comentó que en las escuelas y los colegios se debe trabajar con las familias capacitándolas, orientándolas y dándoles herramientas para que ellas a su vez apoyen a sus hijos en las casas.
“El proceso educativo es responsabilidad de todo el país, y las familias deben tener un rol protagónico y desde las escuelas; desde el Ministerio de Educación Pública, sería trabajar no solo con los niños y las niñas, sino formando a esas familias para que se vuelvan aliados de ese proceso”, mencionó Madriz.
El Estado tiene la responsabilidad de nivelar la cancha para todos los estudiantes sin exclusiones. Para ello, generar medidas afirmativas a los estudiantes y a las familias más vulnerables es ineludible e impostergable, para reducir las brechas que se han ampliado con la pandemia y el apagón educativo.
— Isabel Román, coordinadora del Informe Estado de la Educación
Por su parte, de acuerdo con la funcionaria del Ministerio de Educación Pública, en 2022 se hizo un cuestionario a las 27 direcciones regionales de Costa Rica acerca de las acciones realizadas en pro de la educación inclusiva; como por ejemplo acciones para capacitar y asesorar a docentes. De forma preliminar, la mayoría de las direcciones regionales reportaron acciones “bastantes significativas” en relación al acompañamiento a las personas en situación de discapacidad en el sistema regular.
“Este informe de gestión (anual) puede funcionar como un diagnóstico de las acciones realizadas durante el 2022 y que va a servir para la toma de decisiones en el 2023, inclusive para el 2024 también”, indicó Espinoza.
… No podemos trabajar solo con la población en situación de discapacidad, si no trabajamos con las familias también (...) Pienso que es un trabajo colaborativo que tenemos que hacer, debemos hacer desde los centros educativos para que la persona en situación de discapacidad tenga éxito escolar.
— Danae Espinoza, jefa de apoyos educativos del MEP
Apoyos educativos
De acuerdo con la jefa de apoyos educativos del MEP, los estudiantes en situación de discapacidad que aún no están en secundaria pública pueden acceder a recursos que se brindan a través de programas de equidad, los cuales son para el otorgamiento de productos de apoyo para las personas: silla, cochatado, amplificadores de sonido, computadoras, etc. Es decir, lo que se requiere para participar y aprender en todo su proceso educativo.
Por su parte, cuando ya están cursando la secundaria pública, los centros educativos que tienen población estudiantil en situación de discapacidad pueden acceder a productos de apoyo, material didáctico, tratamiento y hasta infraestructura.
“En eso el Ministerio de Educación Pública está bastante a la vanguardia. Sí hay que cumplir ciertos procesos, ciertos procedimientos, llenado de boletas; pero sí hay una promoción bastante importante no solo de brindar los apoyos personales sino también aquellos tecnológicos y materiales que requiere la persona estudiante para culminar con éxito el proceso educativo”, recalcó la funcionaria del MEP.
Ahora bien, a los centros educativos privados los cobija un reglamento en el cual se indica que estas instituciones son las que deben garantizar los apoyos que requiere la persona en situación de discapacidad. “Eso significa que no pueden hacer uso de los servicios y herramientas que utilizamos en la educación pública”, recordó Espinoza.
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Este reportaje se realizó gracias a la beca de producción periodística sobre cobertura de educación en México, Centroamérica y el Caribe, entregada por la Fundación Gabo y la Fundación Tinker.