La política costarricense se enrumba hacia un limbo en el que los partidos, el Gobierno y el nuevo actor invitado al teatro político criollo, el bloque sindical, se toparán con dificultades para llegar a acuerdos sobre la urgente agenda nacional.
El detonante
El país se dirige con más claridad hacia ese estado de parálisis política después de los hechos del 1.° de mayo pasado, cuando la oposición legislativa decidió unirse para quitarle al oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC) la presidencia del Directorio Legislativo, bajo acusaciones de falta de rumbo y de inacción política por parte del gobierno del presidente Luis Guillermo Solís.
A raíz de ese movimiento, el colectivo sindical Patria Justa tocó la puerta de la dirigencia del PAC y del Frente Amplio para acelerar la firma de un pacto que se tradujo en una agenda de coincidencias que es excluyente de la lista de objetivos que se trazó la oposición en la víspera del 1.° de mayo.
Si la alianza contraria al Gobierno, dirigida por Liberación Nacional (PLN) y por la Unidad Social Cristiana (PUSC), acordó la aprobación del proyecto de Ley de Contingencia Eléctrica, el bloque PAC-FA-sindicatos declaró que ese plan pretende “beneficiar el lucro mercantil privado en la prestación de un servicio público estratégico, debilitando el modelo eléctrico vigente”.
Si el bloque opositor anunció su intención de iniciar el análisis de un proyecto para recortar ciertos pluses salariales en aras de reducir el déficit fiscal, el bloque de izquierda proclamó, el viernes 26 de junio pasado, que tal propuesta “disminuirá la capacidad adquisitiva de los servidores públicos y sus familias”.
Consecuencias a la vista
Los politólogos Daniel Calvo y Gustavo Araya coinciden en que ahora el país va en dirección al desacuerdo político, a raíz de la polarización que salta a simple vista en las agendas.
La ausencia casi total de canales de diálogo entre ambos bloques y el nuevo reacomodo de fuerzas políticas, hacen prever a Calvo que ninguno de los dos bandos alcanzará una mayoría calificada dentro del Parlamento que les permita impulsar con éxito iniciativas que, por su urgencia, requieren de una rápida actuación.
Todo apunta a que la labor del Congreso se dirige hacia una dinámica de suma cero, a raíz de las diferencias radicales entre las hojas de ruta de cada bando.
Hay otros dos elementos del pacto entre el oficialismo, el FA y los sindicatos que empeorarían la dinámica legislativa y política.
Uno de ellos tiene que ver, según Araya, con la introducción del sindicalismo dentro del quehacer legislativo.
Al ser los sindicatos de una naturaleza distinta de la de los partidos políticos, representativos y votados democráticamente, Araya ve una distorsión en ciernes en el sistema político, de por sí, convulso y disperso.
“Los intereses de los sindicatos son de distinta índole que aquellos de los partidos políticos. Esto causará mayor polarización”, afirmó Gustavo Araya.
El otro factor del acuerdo entre la izquierda que restará posibilidades de acuerdos legislativos es que la escisión que la firma del documento causó en la fracción del PAC.
Para el diputado liberacionista Rolando González, esa consecuencia es determinante porque causa una tensión dentro de la bancada oficialista que profundizará las dificultades para arribar a acuerdos generales dentro del Congreso.
Pese a las proyecciones de entrabamiento legislativo y de desacuerdo político, la presidenta del PAC, Margarita Bolaños, afirmó que ese panorama está lejos de ser la intención del bloque político-sindical que, más bien, dijo, desea que el debate de los grandes temas nacionales se dé en un ambiente de paz y con visión de largo plazo.
Gobierno en un dilema
Empero, ese deseo podría no ser factible en la práctica.
Aunque el Poder Ejecutivo intentó desmarcarse de la firma del documento “Una agenda patriótica para el bien común”, que recoge el acuerdo entre los sindicatos, el PAC y el Frente Amplio, es difícil que Luis Guillermo Solís se libre del tinte que tiene el pacto en que ahora participa el partido que lo llevó a la Presidencia de la República.
Margarita Bolaños intenta reforzar la tesitura del Ejecutivo.
Según la jerarca del PAC, su partido tiene vida propia e independiente del Gobierno, al que, afirmó, no tenían por qué informar ni consultarle los alcances de firmar la agenda común con la izquierda. Por lo tanto, no hay razones para pensar en que Casa Presidencial sufra perjuicio alguno.
Pero el diputado Rolando González consideró imposible que el acuerdo se diera sin que las altas autoridades del Poder Ejecutivo estuvieran enteradas.
“Pudieron impedir ese pacto, pero no lo intentaron y fue hasta después que se dieron cuenta del costo político e intentaron alejarse. La marca congénita de este gobierno es la incerteza”, afirmó.
Otros utilizan una semántica menos sutil que la de González.
Araya considera que la decisión del Comité Ejecutivo del PAC es el segundo motín contra el presidente Solís, después de que el diputado Víctor Morales Zapata lo amenazara con que perdería el apoyo de las fuerzas de izquierda si sacaba del Gabinete a Melvin Jiménez, exministro de la Presidencia.
Para el politólogo, el pacto es la confirmación de ese intento de sublevación de la izquierda en contra de un Gobierno que, aunque confusas, da señales de querer permanecer en el centro ideológico.
Al no fijar una posición contraria al acuerdo, Daniel Calvo cree que el Gobierno se condenó a tener que enfrentar más obstáculos políticos de los que había previsto en su camino durante el segundo año del mandato presidencial de Luis Guillermo Solís.
Choque inminente
Electricidad: La alianza de izquierda se opone a la Ley de Contingencia Eléctrica que apoya el bloque opositor encabezado por el PLN y el PUSC.
Pluses: Esas fracciones impulsan recortar pluses salariales para reducir el déficit, pero los sindicatos, el FA y el PAC, creen que esa medida empobrecerá a los burócratas.
Agenda fiscal: La oposición dijo no al plan antievasión que busca darle a Hacienda potestad de fortalecer el cobro de impuestos en sede administrativa, pero los sindicatos están a favor de esa medida.
Seguridad alimentaria: El bloque PAC,FA y sindicatos promoverá la reforma a la Constitución para garantizar la seguridad alimentaria, plan que condena el bloque opositor y el Ministerio de Comercio Exterior.
Fuente Acuerdo PAC, FA y sindicatos.