A pesar de que han existidos esfuerzos -y momentos- de austeridad generales en Centroamérica, las inestabilidades fiscales y políticas de la región empujan el gasto público y salen a flote las pobres políticas fiscales de la región.
En promedio, el Istmo cerrará el 2018 con un aumento de gastos en los gobiernos centrales a un 18,3% de la producción desde un 18,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2017. En general, el gasto público de la mayoría de los países del Istmo ronda el 20% del a producción. La excepción es Guatemala donde las erogaciones del Gobierno Central ascienden a un 12,1% del PIB de acuerdo con la décima entrega de los Perfiles Macrofiscales de Centroamérica realizada por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
El Instituto utiliza los datos oficiales de la Hacienda de cada país para medir la situación fiscal de los integrantes de la región.
En este marco regional, el caso más delicado es el de Costa Rica que sigue dividida ante el trámite de la reforma fiscal en el Congreso, el cual adquiere carácter de urgente a la luz de las cifras.
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Gobiernos que crecen sin margen de maniobra
Los extremos son malos y esto aplica también para el gasto de los gobiernos.
Guatemala registra el menor nivel de erogaciones como porcentaje del PIB con 12,1. Los fondos no parecen ser suficientes para que el Estado atienda las necesidades de la población en educación, seguridad y otros servicios fundamentales, de acuerdo con el estudio del Icefi. Si bien es cierto que casi no tienen deuda, tampoco hay suficiente dinero de recaudación.
La otra cara de la moneda es Costa Rica donde sostener el robustísimo aparato estatal cuesta un monto equivalente al 21,4% de la producción. La cifra es la mayor de todos los países de la región.
El tamaño del Gobierno Central costarricense no solo es mayor al resto de la región, sino que no ha parado de crecer. En los últimos cinco años el presupuesto creció casi dos puntos porcentuales desde un 19,6% del PIB en el 2014 al actual del 21,4%, según cálculos del Icefi.
La rigidez a la que está sujeta el gasto del estado costarricense -pagos de incentivos o de la deuda, entre otros- hacen complicado que el país pueda detener o reducir ese crecimiento. El aumento constante del Gobierno Central de Costa Rica, puede ser respuesta directa del crecimiento de las necesidades para atender la deuda pública, de acuerdo con Abelardo Medina, economista del Icefi autor del informe.
También es importante considerar que el Gobierno Central costarricense es más grande que el de los demás países de Centroamérica, porque se invierten grandes cantidades en educación y seguridad pública. El primer punto, con porcentajes muy por encima del resto de la región. Por ejemplo, para el 2018 el país proyecta una inversión en educación del 7,3% del PIB. El segundo país de Centroamérica en este rubro es Honduras con un 5%, mientras Guatemala apenas designa un 2,8%.
La piedra en el zapato
Los problemas de Costa Rica no se limitan al peso de financiar su aparato estatal, también enfrenta la necesidad de mayores ingresos y frenar el endeudamiento. La conjugación de estos elementos se traducen en un déficit fiscal galopante.
Costa Rica es, de nuevo, el país del Istmo que destina un mayor porcentaje de su producción para pagar sus obligaciones. Para ese fin el país destinará un 7,4% del PIB en el 2018, donde 3,7% son para pagar exclusivamente intereses. El monto es casi idéntico al que se designa a educación.
Honduras aparece inmediatamente después de Costa Rica pues para hacer frente a sus obligaciones deberá utilizar fondos por un 6,2% de su producción. Los pagos de deuda de los demás países de la región están por debajo del 4% del PIB.
El peso de la deuda costarricense, que entre amortizaciones e intereses consume casi un tercio del Presupuesto Nacional, reduce la capacidad del gobierno para utilizar dinero en otras instancias o necesidades. La primera manifestación de esto es la reducción de gasto de capital, que representará tan solo un 1,9% del PIB para en el 2018.
Costa Rica tiene actualmente los gastos de capital más pequeños de Centroamérica en relación con su PIB. Panamá por el contrario invierte un 6,3% de su PIB y Nicaragua un 5%. La carestía de inversiones le pasan una alta factura al país en cuanto a su competitividad y debilitan la posibilidad del Estado de satisfacer las necesidades más sofisticadas de la población en un país de renta media.
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El país también denota una pérdida en la recaudación de impuestos. El país venía con un ritmo sostenido de recaudación que llegaba a representar el 13,4% del PIB durante los últimos dos años. Esta es la tercera carga tributaria más baja de la región detrás de Guatemala y Panamá. Pero este 2018, la recaudación cederá terreno ligeramente para situarse en un 13,3% del PIB.
El problema de Costa Rica, no es necesariamente un problema de tarifas tributarias. Es decir, no es que los impuestos sean más bajos que en otros países. Sino más bien que no hay medidas que logren aumentar la disponibilidad de los ingresos mediante una recaudación más eficiente, de acuerdo con el estudio realizado por el Icefi.
Por ejemplo, El Salvador implementó nuevas técnicas en materia fiscal que le permitieron mejorar la eficiencia en la administración del IVA. Por el contrario, Costa Rica, Guatemala y Panamá han retrocedido en esta materia, según los datos del Icefi.
Esto significa que se falla en el combate a la falta de facturación y la evasión tributaria. La productividad aparente del IVA en Costa Rica -calculado entre lo que se recauda por el impuesto en el país y lo que debería recaudarse, usando como base el PIB- es de apenas un 34,6%. Es el segundo más bajo de la región, casi empatado con el panameño de un 34,1%. La tendencia a la baja se registra desde el 2012.
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¿Planificación a largo plazo?
La planificación a mediano y largo plazo está ausente en toda Centroamérica, sentencia el Icefi.
La región carece de una evaluación de eficiencia. No se mide si las asignaciones realizadas son las más económicas posibles y la implementación de los presupuestos a partir de resultados -cuando los hay- no rinden lo deseado.
Aquí Costa Rica es nuevamente ejemplo negativo en la región. El proceso de elección presidencial dejó al descubierto el mal. Si bien el combate al déficit sí fue tema de campaña, las propuestas se centraron en salir de la emergencia actual. No se vio más allá.
Nicaragua, Guatemala y Costa Rica pasaron de condición estable a negativa frente a las calificadoras de riesgo. Mientras los dos primeros deben esta condición a la inestabilidad política, el caso nacional es exclusivamente consecuencia de la falta de una reforma fiscal.