La salud de las finanzas públicas nuevamente se ve amenazada, esta vez por el avance de la pandemia COVID-19. Con la declaratoria del estado de Emergencia Nacional el país podría estar cerca de activar una cláusula de escape contemplada en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N° 9.635) para desaplicar la regla fiscal, el instrumento más sustantivo para contener el déficit.
Esta amenaza surge durante el primer año de aplicación del mecanismo de contención del gasto.
De momento las autoridades no piensan relajar el instrumento de disciplina fiscal para continuar dando confianza a los mercados, aseguró Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central (BCCR) en entrevista con EF el pasado martes 17 de marzo.
Sin embargo, los apuros del Gobierno, en sus esfuerzos por amortiguar el golpe económico de la pandemia, no pasan desapercibidos por las calificadoras y Moody’s ya señaló que el paquete de contingencia del Poder Ejecutivo tendrá un impacto negativo sobre las finanzas del país.
En este contexto es importante entender que la regla fiscal es un instrumento que pone tope al crecimiento del gasto corriente para corregir la tendencia al exceso. Consiste en aplicar un criterio cuantitativo para limitar el crecimiento del gasto corriente, de acuerdo a la relación de la deuda del Gobierno Central con respecto al PIB nominal (es decir el que incluye el aumento de precios).
Para el 2020 el límite de crecimiento que impone la regla fiscal es del 4,67%.
Las estimaciones que hacía el BCCR cuando estaba en discusión la reforma fiscal eran que para el 2022 el instrumento de disciplina iba a aportar el 42% del rendimiento total de la reforma, más que el impuesto del valor agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta.
La posible ruta
Aunque el país ya cumple con uno de los requisitos para poder desaplicar el instrumento de disciplina fiscal, de momento las autoridades no vislumbran esta posibilidad en el horizonte.
“La posición inicial de las autoridades económicas ha sido de que no se va a relajar la regla fiscal, se va a seguir aplicando tal cual está planteada sin invocar cláusulas de emergencia. Es muy importante seguirle dando confianza a los agentes económicos domésticos y extranjeros de que el país sigue comprometido con el rumbo de consolidación de las finanzas públicas”, afirmó el presidente del Banco Central el pasado 17 de marzo.
Con los recursos existentes el país puede atender el brote de manera eficaz, manifestó Pilar Garrido, coordinadora del Consejo Económico, el pasado 17 de marzo. La jerarca de Planificación tampoco descarta la solicitud de un presupuesto extraordinario.
Sin embargo, si la crisis supera el 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB), monto que ronda los $200 millones, el Poder Ejecutivo puede activar el mecanismo aunque solo por dos periodos presupuestarios. Así lo estipula la ley 9.635.
¿Cuál es la posible ruta que transitará el país?
Ahora el panorama se vislumbra turbio y si el crecimiento económico se desacelera las arcas públicas podrían enfrentar una caída en los ingresos por debajo de las proyecciones iniciales para el 2020.
Este escenario sería casi inevitable, según el presidente del Central, por la cercana relación que existe entre el vigor de la recaudación tributaria y el dinamismo de la producción nacional.
Sobre este aspecto la moratoria tributaria anunciada por el Gobierno no tendría tanto impacto en las finanzas públicas, pues la medida consiste en una redistribución del pago de los impuestos durante el año fiscal.
Es decir, el sector productivo no desembolsará los montos en abril, mayo y junio pero tendrán que hacerlo antes del 31 de diciembre de 2020.
Lo que tampoco se descarta es que el déficit del 2020 supere las previsiones que se dieron a inicios de año, aunque de momento es difícil saber cuánto, según Cubero. Aunque el economista Eliécer Feinzaig apunta a que el déficit fiscal podría llegar al 10%.
El Programa Macroeconómico del BCCR proyectó una caída en el déficit primario para el 2020 y el 2021 del 1,3% y 0,8% respectivamente, producto de las reformas tributarias que empezaron a regir desde la segunda mitad del 2019 y con la regla fiscal que entró en vigencia a partir del 2020.
Mientras que para el déficit financiero del Gobierno Central se proyectaba en 5,9% del PIB en 2020 y 5,7% para el 2021. No obstante, esas proyecciones se hicieron antes de la llegada del nuevo coronavirus.
Posibles consecuencias
Las consecuencias que tendrá el país al desaplicar la regla fiscal podrían ser diversas, aunque es comprensible que el Poder Ejecutivo suspenda el instrumento en caso de cumplir con los dos requisitos que establece la ley 9.635.
De hecho, dicha legislación contempla esa válvula de escape para que el Gobierno tenga un margen de acción, aunque sea limitado, para atender la emergencia. El artículo 16 del capítulo sobre la regla fiscal (ley 9.635) establece que el instrumento solo puede suspenderse por dos periodos presupuestarios, en caso de emergencia nacional o recesión económica.
“En una situación como la que estamos pasando hay impacto en las finanzas, pero esa desaplicación temporal no va a dar al traste con el proceso de ajuste que se inició en diciembre del 2018. La regla es para usar espacios limitados y asegurarle al resto del mundo y a nosotros mismos que cuando esto pase , se pueden hacer ajuste para resolver el hueco que abre el coronavirus”, explicó José Luis Arce, economista y director de FCS Capital.
No desaplicar la regla en este momento, tal y como lo asegura el presidente del BCCR, envía una buena señal a los mercados internacionales, asegura Arce.
La calificadora Moody´s ya hizo un comentario el pasado 20 de marzo sobre las medidas que aplica el Gobierno para paliar la crisis.
“Aunque no hay estimaciones oficiales del tamaño del estímulo fiscal, se produce mientras el perfil crediticio del soberano ya está bajo una presión significativa”, destacó la calificadora estadounidense. Así lo publicó el diario La Nación.
En medio de la pandemia el Gobierno propuso una inyección de ¢1 billón para atender la emergencia, de ese presupuesto $500 millones provienen del Banco de Desarrollo de América Latina. Ese dinero se iba a destinar para fortalecer las finanzas públicas pero que ahora se utilizará para atender la emergencia del COVID-19.
“Solo plan Proteger del gobierno es del 3% del PIB, eso es diez veces lo que establece la ley para dejar de aplicar regla. Se nos va a disparar el déficit, y cuando se supere la crisis sanitaria se va a complicar porque no solo vamos a tener una crisis fiscal sino una economía golpeada”, indicó el economista Eliécer Feinzaig.
Para Feinzaig será difícil que el gobierno respete la regla fiscal más aún cuando los proyectos recién aprobados por la Asamblea Legislativa o aumentan el gasto público o disminuyen los ingresos fiscales.
Esta nota fue publicada posterior a su publicación.