En ciertos países se reconoce la posibilidad de que los contribuyentes, en situaciones específicas, se opongan a que sus impuestos se destinen a cierto tipo de gasto público. El ejemplo más común es el del gasto militar.
Menos mal que en nuestro país se abolió el ejército como institución permanente, hace más de 60 años. Eso permitió que lo ahorrado en gasto militar se invirtiera en educación y salud.
Por estos días pagué mi impuesto sobre la renta. Lo pagué completo, mucho o poquito, pero lo pagué completo ¿Para qué? Los datos sobre el gasto público dicen que los impuestos se utilizan, mayoritariamente, para pagar la planilla estatal. ¿Rinde frutos esa inmensa planilla?
¿Sirven mis impuestos para pagar pensiones de lujo y gollerías de convenciones colectivas? ¿Para dotar de recursos a instituciones cuyos resultados no son medidos por nadie y que año a año justifican su mediocridad afirmando que no se rinden los frutos deseados pues se requiere de un mayor presupuesto? ¿Para pagar la fiesta que fue la trocha?
¡Me opongo a todo ello! Y no me opongo porque sea un neoliberal de derechas, que es la coletilla que cuelgan quienes defienden a ultranza la ineficiencia e ineficacia estatal. No. Me opongo porque no es ni justo ni sensato que un Estado ineficiente me despoje de parte de los ingresos que genero, sin que otros ciudadanos o yo (la sociedad en general) obtengamos algún tipo de beneficio a cambio.
Y es que si bien la doctrina jurídico tributaria afirma que los impuestos no le dan derecho al contribuyente de reclamar ninguna contraprestación o servicio estatal a cambio, ello no quiere decir que la colectividad no ostente al menos un interés difuso de que sus impuestos sean utilizados correctamente.
Tomando en cuenta que en esta página se publican artículos con contenido legal, considero necesario plantear la siguiente pregunta: ¿Tiene derecho el contribuyente a oponerse, y más aún a exigir, que sus impuestos se utilicen adecuadamente?
No tiene un derecho cuando lo que exige es que se le brinden contraprestaciones o servicios individualizados en su persona; es decir, cuando lo que pretende es obtener beneficios concretos por los impuestos que paga, pero no debe negársele a la colectividad la posibilidad de ejercer acciones judiciales para reclamar en relación con el gasto público.
La jurisdicción constitucional no parece ser la vía adecuada para reclamar: ni por la vía del recurso de amparo ni por la vía de la acción de inconstitucionalidad.
En cambio, la jurisdicción contencioso administrativa parece ser la vía para que los ciudadanos reclamemos nuestros intereses, planteando acciones para que se establezcan responsabilidades en relación con las liquidaciones de ejercicios presupuestarios ya cerrados, o demandas para que se declare la ilegalidad de proyectos de ley de presupuesto que se presenten sin la medición de resultados del ejercicio precedente, obtenidos por los distintos programas institucionales, conforme lo exige la ley.
La medición de resultados de los programas institucionales debe constituirse en parámetro de qué tan eficiente y eficaz es el gasto público. Los resultados de esa medición permitirán determinar si resulta legítimo que el Gobierno expolie una determinada porción de la riqueza de los contribuyentes, versus los beneficios que la colectividad obtiene a cambio.
En lo sucesivo seré un resistente fiscal: Me opongo a pagar lo que pago en impuestos para sostener a un Estado dispendioso, ineficiente, ineficaz. Continuaré pagando mis impuestos, pero prometo ejercer todas las acciones a mi alcance para evitar que mis impuestos se escapen por el grifo abierto del despilfarro.
Busque en Facebook resistenciafiscalcr y formemos un grupo ciudadano que cree que el sector público debe estar orientado a la satisfacción del interés público, haciendo uso eficiente y eficaz de los recursos de los contribuyentes. Planteemos estrategias y acciones tendientes a lograr que los órganos jurisdiccionales establezcan límites al despilfarro de recursos públicos.