El préstamo por $395 millones con el Gobierno de China para financiar la ampliación a cuatro carriles de un tramo de 107 kilómetros de la carretera San José-Limón avanza hacia su votación en primer debate en medio de las dudas políticas de varios diputados y técnicas del Grupo Consenso.
Ottón Solís, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) se opone al proyecto porque la aprobación del préstamo está amarrada a la contratación de la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC).
El legislador considera que el Gobierno se estaría saltando la Ley de Contratación Administrativa, que obliga a realizar una licitación para escoger al mejor oferente al contratar un bien o servicio.
"Yo entendería que estuviéramos amarrados a CHEC si en vez de un crédito el país estuviera recibiendo una donación, pero no es así. Este préstamo es a 20 años, con cinco de gracia, menos ventajoso que otros préstamos comerciales que hemos aprobado en la Asamblea Legislativa", argumentó Solís.
Compañía cuestionada
Otro de los cuestionamientos sobre CHEC es que la casa matriz de esa empresa, la China Communications Construction Company (CCCC) fue incluida en el 2009 por el Banco Mundial (BM) en una lista de firmas no elegibles para ejecutar proyectos con financiamiento de esa entidad, por haber incurrido en presuntos fraudes y actos de corrupción en Filipinas.
La fracción del Frente Amplio (FA) en principio no iba a votar el proyecto pues no están asegurados los $20 millones de contrapartida local para la obra.
Empero, el jefe de esa bancada, Gerardo Vargas, informó de que cuenta con un compromiso de parte del Ministerio de Hacienda para presupuestar los recursos para el año 2016.
Sin embargo, Humberto Vargas, diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC), no confía en ese acuerdo entre el FA y el Gobierno.
No obstante, los cuestionamientos políticos no son los únicos que se han hecho públicos en la última semana.
Mal diseño y falta de información
El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme), el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) la Cámara de la Construcción, la Asociación de Carreteras y Caminos (ACCCR), la Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), unidos en el Grupo Consenso, hicieron cuatro señalamientos de carácter técnico que cuestionan la idoneidad del diseño de la obra.
Para el grupo, en los planos existentes se usan dimensiones menores a las establecidas por las normas de diseño geométrico del Sistema de Integración Económica de Centroamérica (Sieca). Esto, indican, afectaría el nivel de servicio y las condiciones de seguridad vial de la ruta.
El punto anterior afectaría las expropiaciones por realizar pues, al no estar adecuado el diseño a las normas del Sieca, no se puede saber todavía las expropiaciones que son necesarias para iniciar la obra. Tales expropiaciones corren por cuenta del Gobierno costarricense.
Por lo tanto, según Consenso, tampoco es posible calcular la inversión en relocalización de servicios públicos, labor previa a que arranque la labor constructiva de la carretera.
Aval en puertas
Por último, los técnicos indican que el proyecto no contempla la reconstrucción de los puentes que forman parte de la Ruta 32 y que están en mal estado. Esto, afirmó el grupo en un comunicado, adicionaría "costos significativos" al proyecto.
A pesar de las críticas, el Gobierno del presidente Luis Guillermo Solís está determinado a que el proyecto sea aprobado lo antes posible.
Ese trámite ocurriría durante los primeros días de la semana entrante, pues el proyecto está a la espera de las fracciones terminen un debate reglado sobre el tema.
El Congreso además aprobó volver a publicar el proyecto de préstamo en el diario oficial La Gaceta, pues a principios de esta semana se le incluyeron dos mociones que modifican sus contenidos.
En principio, el crédito contaría con los votos necesarios para su aval en primer debate.
Según el presidente Solís, quien viajó a China para negociar las condiciones del préstamo con su colega, Xi Jinping, seguir retrasando el crédito sería como "poner una lápida" sobre el desarrollo del país.