Por: Eugenia Soto Morales, María Luisa Madrigal, Laura Ávila.   24 agosto
El diputado del PLN, Gustavo Viales decidió mantenerse firme en su posición de oponerse al gravamen de la reforma fiscal. Votó en conjunto con Carlos Avendaño de Restauración Nacional. Foto Diana Méndez

Cuando el liberacionista Gustavo Viales dio su apoyo para liberar la canasta básica del cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) no solo le restó más de ¢65.000 millones anuales a la recaudación esperada de la reforma fiscal. Al levantar su mano también cambió la dinámica de poder a lo interno de la comisión que tramita el proyecto de Fortalecimiento de las finanzas públicas, sacudió la confianza de una alianza incómoda y reventó una bomba de drama legislativo que se extendió durante días.

El verdiblanco tiene compañía. Pedro Muñoz, de Unidad Social Cristiana (PUSC), también se alió con los representantes de Restauración Nacional (PRN), Frente Amplio (FA), e Integración Nacional (PIN) para exonerar del IVA a los servicios de educación privada, sumando ¢26.000 millones más a las pérdidas de Hacienda.

Entre ambos le agriaron al Gobierno lo que pintaba como una semana promisoria, después de que lograra amarrar los votos para que se aceptara su texto sustitutivo como nueva base para un proyecto que pretende aliviar el peligroso estado de las finanzas públicas.

A quienes impulsan la reforma todavía les quedan opciones para subsanar lo actuado en la comisión. Este es un objetivo claro para la administración Alvarado Quesada, que requiere de un ajuste superior al 3% de la producción para no repetir este viacrucis fiscal en su periodo de cuatro años.

Las venas abiertas de la reforma fiscal

Algunos críticos ya habían cuestionado si el proyecto presentado por el Gobierno, sumado a las medidas de control del gasto, lograría un rendimiento que alcance a rebajar el color del déficit fiscal –hoy en rojo fuego– y apaciguar la aprehensión de calificadoras de riesgo y otros organismos internacionales.

Ahora el Gobierno se encuentra ante una reforma débil que amenaza con quedar enclenque. Si se suma el efecto de los votos de Viales y Muñoz, Hacienda contempla la posibilidad de perder más de ¢90.000 millones al año en recaudación del IVA.

Además se le dificulta la posibilidad de ejercer controles cruzados entre la información que genera el Impuesto de Valor Agregado y las declaraciones de renta de los contribuyentes.

En específico, la exoneración de la canasta básica también complica dar seguimiento a las cadenas productivas, uno de los objetivos principales de transformar el Impuesto de Ventas en un IVA.

Al gravar con un impuesto toda la cadena de producción o importación, pasando por distribución hasta que el bien llega al consumidor final, es más fácil medir si en algún eslabón hay informalidad o evasión. Por el contrario, si existen grupos de bienes que están no gravados, como lo que proponen las enmiendas a la canasta básica, sería complejo medir la trazabilidad de esa cadena, explicó Alan Saborío, socio director de Deloitte.

Gancho al hígado

La recaudación esperada no fue lo único que quedó golpeado por las decisiones de Viales y Muñoz. La confianza entre aliados poco naturales como Liberación Nacional, Acción Ciudadana y Unidad Social Cristiana se resquebrajó ese miércoles.

Ante estas disidencias en las bancadas de los dos partidos más políticamente maduros del Congreso, ¿cuál seguridad podría tener Zapote de que los líderes de estas fracciones logren mantener la disciplina partidaria?

El diputado Gustavo Viales del PLN conversa con el diputado y jefe de fracción del PAC, Victor Morales Mora. Foto de Diana Méndez

Para exorcizar temores; Carlos Ricardo Benavides, líder de los legisladores liberacionistas, protagonizó una conferencia de prensa junto a Piza y Alvarado. Allí, respaldado por varios diputados verdiblancos, firmó un acuerdo ratificando el compromiso de su partido con la aprobación del plan fiscal. Por su parte, el Gobierno aceptó convocar una serie de proyectos económicos durante las sesiones extraordinarias y presentar un borrador de Reforma integral al empleo público antes de finalizar este año, entre otras cosas.

Notoriamente ausentes en la escolta de Benavides, estuvo la diputada Franggi Nicolás, quien en sus redes sociales había celebrado la aprobación de la exoneración de la canasta básica.

A esta reunión, la sucedieron una seguidilla de encuentros en los pasillos del Congreso y una prolongada e infructuosa reunión de la fracción liberacionista. Al cierre de esta edición, Viales había anunciado que mantendrá su posición. Como para bajar la intensidad de la situación, en entrevista con EF Viales aseguró que “hay que recordar que este proyecto no queda así, en el Plenario puede verse modificado y en relación a eso (la recaudación esperada), puede haber alguna forma de cambiarlo”.

El socialcristiano Pedro Muñoz esgrimió el mismo argumento de las oportunidades todavía abiertas. Además aseguró que en su caso no existió un alejamiento de la posición del partido. “La fracción se comprometió a votar a favor en la comisión el texto sustitutivo. Ese texto lo votamos afirmativamente. Las mociones nuestras, que en nuestra opinión mejoran el texto sustitutivo, se mantenían y se van a pelear a capa y espada”, dijo.

Si el Gobierno amarra el apoyo del PLN y PUSC al de su propia fracción en la votación del Plenario alcanzaría 36 votos, más que los 29 necesarios para aprobar el plan fiscal. Esto minimiza el peso de Viales –y algún otro disidente– una vez superada la etapa de la comisión. En el otro bando, de momento se encuentran el Republicano Social Cristiano (PRSC), el PRN, el PIN y el FA que suman 21 escaños.

Salvataje

Entras las opciones que todavía se abren para el Ejecutivo, están las mociones presentadas por la bancada del PAC y que reafirman de manera fraccionada los términos del texto sustitutivo.

El oficialismo tomó esta previsión para blindarse de un posible colapso del texto sustitutivo general. Una trago amargo que ya habían experimentado en la primera oleada de mociones. Hoy, esas enmiendas que contienen los capítulos más importantes del texto sustitutivo, por separado, son “el plan A” de Rocío Aguilar, quien también visitó la Asamblea en medio del que es hasta ahora el día más caótico que ha tenido la comisión.

Las posibilidades del gobierno para tratar de regresar los ¢96.000 millones que ya le faltan al plan fiscal -más los que se podrían sumar en nuevas votaciones- con las mociones de salvaguardia son dos. Buscar conseguir los cinco votos en comisión nuevamente, tanto para educación privada como para canasta básica, un panorama complicado si los dos diputados “aliados” del PLN y del PUSC siguen manteniendo su posición.

La segunda opción, tal vez la más viable, es que las enmiendas sean reiteradas en el pleno y ahí sí, con la suma de los parlamentarios del PAC, PUSC y PLN, alcanzar al menos los 29 votos necesarios.

Si al final, ninguno de los dos escenarios fuera el que enfrente el trámite llegado setiembre, entonces el plan B del gobierno, sería para Aguilar “tener que con mucho dolor, intervenir. Renunciar o bajar programas sociales, o entrarle a las remuneraciones”.