Colorado, en la provincia de Guanacaste, se habría convertido en el cantón más nuevo del país luego de que los diputados aprobaron su creación en primer debate, el 19 de febrero pasado.
No fue posible ratificarlo porque la Constitución prohíbe aprobar leyes que tengan repercusión electoral durante un plazo de diez meses alrededor de cualquier elección —seis meses antes y cuatro después de los comicios—, según lo explicó esta semana el jerarca del Congreso, Rodrigo Arias. Así, será necesario esperar al menos hasta el próximo 4 de junio.
Sin embargo, el voto de los legisladores para hacer de Colorado un nuevo cantón fue criticado por Laura Fernández, ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), quien pidió que se detenga el “picadillo del territorio nacional”. Y es que Costa Rica podría sobrepasar los 90 municipios dentro de poco tiempo.
En el país existe un cantón por cada 59.343 habitantes y la cifra podría crecer pues siete proyectos de ley de creación de cantones esperan la aprobación de los legisladores.
En el 2017 empezó el fervor por los nuevos cantones, después de 37 años en que la cuenta de nuevos territorios estaba detenida en 81.
Existen voces a favor y en contra de este impulso de crear municipios. Por un lado, algunos expertos indican que esto permite darles voz a los territorios que se sienten abandonados; otros critican la ilusión de las comunidades al creer que tendrán mejores condiciones en servicios.
“Esto es parte de un fenómeno mundial que se conoce como neofeudalización. Se piensa que la administración y la gestión de lo público en un territorio o en una superficie relativamente pequeña es mejor que en un territorio gigantesco”, explicó Carlos Murillo, director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Colorado tiene una población total de 6.552, según la Estimación de Población y Vivienda 2022 de Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). El nuevo cantón incumple el artículo 9 de la Ley sobre División Territorial Administrativa (4.366), el cual establece que un cantón puede crearse si cuenta al menos con el 1% de la población total del país. Sin embargo, existe en la misma ley una excepción a esta regla que dicta que “podrán crearse cantones nuevos que no lleguen a la población dicha en lugares muy apartados y de difícil comunicación con sus centros administrativos”.
Crecimiento acelerado
A partir del año 2017 empezó el revuelo por crear nuevos cantones. El primero fue Río Cuarto, en la provincia de Alajuela, que se separó de Grecia oficialmente en el 2018.
“No son solamente territorios que sienten que el Estado les ha abandonado, sino que esa perspectiva también incluye a la Municipalidad. Río Cuarto, Monteverde y Puerto Jiménez se acogieron a la excepción que estipula la Ley 4.366 sobre la distancia de la cabecera de cantón”, comentó Eugenia Aguirre, investigadora del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica (UCR).
En un periodo de cinco años (2017-2021) se propusieron ocho nuevos gobiernos locales, de ellos se han aprobado tres (Río Cuarto, Monteverde, Puerto Jiménez), se archivaron dos (Cariari en Limón y Pocosol en Alajuela) y quedaron pendientes dos proyectos (Peñas Blancas en Alajuela y Cóbano en Puntarenas) que los diputados reactivaron en el 2022.
En el Congreso también esperan Ojo de Agua, Paquera, Jicaral (o Lepanto), Tucurrique y Cervantes para ser declarados cantones. La Fortuna, en San Carlos, es otro territorio que busca convertirse en cantón, pero aún no se ha presentado la solicitud ante la Asamblea Legislativa.
El aumento de iniciativas en este tema es notorio, pero parte de una historia de territorialidad que en un inicio fue necesaria para alivianar la carga de poder del Ejecutivo. Con la Constitución de 1848 nacieron las provincias y se iniciaron las grandes demarcaciones territoriales. El establecimiento de los cantones se dio con la creación de las provincias.
Pero hay que retroceder más años en la historia para hablar de los gobiernos locales. Desde la época colonial se registran los cabildos y ayuntamientos que eran el órgano de poder de las ciudades y pueblos.
“El gobierno de Tomás Guardia es el que va a marcar, para mí, el desarrollo cantonal porque él es quien va a fortalecerlo distribuyendo poder a las comunidades, eliminando la extensión y presión al poder central. Empezaron a desarrollarse los cantones y hubo más estabilidad política”, comentó Vladimir de La Cruz, historiador.
Puntos en contra y a favor
Los territorios que se separan de su cantón pueden experimentar una afectación presupuestaria debido a la ruptura, lo cual afecta directamente la prestación de servicios públicos municipales, según Mideplán.
“Preocupa a este ministerio que se esté fraccionando el territorio nacional en ausencia de estudios y análisis técnicos robustos, y que a la vez no se apliquen los parámetros contenidos en la Ley sobre División Territorial Administrativa (4.366), donde se establece que para la creación de un nuevo cantón se requiere contar con al menos un 1% de la población nacional”, expresó Laura Fernández, ministra de Planificación.
Fernández también argumentó que se debe procurar “que los nuevos cantones que se creen no generen problemas en el inmediato plazo en la prestación de servicios públicos municipales a las personas que residen en esos territorios”.
La carencia de análisis robustos y profundos son parte de los señalamientos que las autoridades y expertos le hacen a los diputados, ya que son los legisladores que deben estudiar los proyectos y verificar que cumplan con lo establecido por ley.
“Cuando se dio el cantonato de Río Cuarto se decía ‘aquí se le da mucho en impuestos de bienes inmuebles a Grecia y nunca nos retribuyen en esa misma proporción; por eso vamos a ser cantón’. El argumento puede ser atractivo pero no necesariamente termina siendo real, porque habría que ver el nivel de desarrollo de esos distritos que se convierten en cantones. Por ejemplo, Colorado va a tener una municipalidad muy pobre, yo diría de las más pobres de Costa Rica”, aseguró Murillo.
No todas las posturas están en contra de la creación de nuevos cantones, aunque reconocen que existen consecuencias negativas. “A nivel administrativo tiene una serie de consecuencias importantes. La municipalidad como ente que da servicios no necesariamente construye sus capacidades como institución de un día para otro. El día después que Puerto Jiménez se constituyó oficialmente como cantón, la municipalidad madre no podía brindar servicios de recolección; el alcalde de Río Cuarto cuando llegó a la municialidad no tuvo salario por varios meses porque lo primero que corresponde es hacer el presupuesto”, recordó Aguirre.
La investigadora afirma que ella no es “fatalista” con la división de territorios que toma fuerza en el país ya que “estas son las voluntades de los territorios. Si las personas que han impulsado la transformación de su cantón se van a sentir representadas y además van a tener un espacio para que puedan incidir directamente en la resolución de sus asuntos, pues de alguna manera es ganancia”.