El debate sobre el costo de la energía eléctrica se reactiva.
Las seis fracciones que tomaron el control del Directorio de la Asamblea Legislativa el pasado 1.° de mayo están de acuerdo en rescatar el proyecto de “Ley de contingencia eléctrica”.
Esa propuesta la dejó hecha la administración de Laura Chinchilla (2010-2014) y era un punto medio que pretendía recoger apoyos tras el fracaso del proyecto de “Ley general de electricidad”, planteado durante la administración Arias (2006-2010), con el que se pretendía abrir el mercado de la electricidad.
El proyecto pretende aumentar la participación de actores privados en la generación de electricidad.
El proyecto propone aumentar del 15% actual a un 30% el tope de participación del sector privado en la producción de electricidad.
La propuesta va en contra de la filosofía del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC) que, más bien, pretende restringir esa actividad en manos de particulares.
Las intenciones del bloque opositor chocan también con el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís.
Su administración metió en el congelador el debate sobre la generación de electricidad y solicitó desconectar cualquier iniciativa relacionada con la electricidad hasta marzo de este año. En ese mes finalizaron las mesas de discusión nacional sobre la generación de electricidad, las que servirían de insumo para redactar una política nacional en el campo energético.
Varios actores empresariales afirmaron que el diálogo en esos paneles no resultó fructífero para los intereses del sector, enfocados en reducir la tarifa de la electricidad, su principal costo de producción, según ha reiterado la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).
Los empresarios insisten en que el Gobierno llegó a las mesas de diálogo energético con una posición clara y rígida que beneficia al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y poco a los consumidores finales de electricidad.
Una comisión especial
Ahora, el bloque opositor comandado por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que preside el Directorio Legislativo, busca la mejor alternativa para enchufar de nuevo contingencia eléctrica, que posee un texto sustitutivo aún sujeto a aprobación.
El diputado Otto Guevara, líder del Movimiento Libertario y parte del bloque, confirmó que la propuesta de ley goza de apoyo unánime dentro de la alianza opositora.
La asociación de bancadas tiene entre sus objetivos principales reactivar la economía, la generación de empleo y enviar señales a los empresarios e inversionistas para aumentar sus niveles de confianza.
Una de las rutas es, precisamente, reducir el costo de la electricidad.
Aún no hay una definición sobre el mecanismo que se usará para volver a debatir el proyecto de contingencia eléctrica.
No obstante, son varias las voces dentro del bloque opositor que hablan a favor de la creación de una nueva comisión especial mixta que se encargue de abordar la temática energética, incluido ese proyecto de ley.
A favor
Carlos Montenegro, subdirector ejecutivo de la CICR, cree que es urgente abordar la reforma energética en el Parlamento dado que la moderación en el aumento de las tarifas durante el 2015 ha sido coyuntural.
“En los temas de fondo, como la selección de los nuevos proyectos que entran en el plan de expansión (energética) y la eficiencia de los operadores para bajar las tarifas eléctricas, entro otros, aún no se ha avanzado”, explicó.
Montenegro considera que una eventual comisión especial deberá tener en su agenda de discusión la reforma a la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) que, en criterio de la CICR, limita la metodología tarifaria cuando se trata de conducir a rebajas en el costo.
Los industriales reclaman que entre el 2013 y el 2015, el costo en dólares del kilovatio hora (kwh) aumentó en un 142%, con la consecuente pérdida de competitividad para el sector.
Ambiente hostil
El bloque opositor tiene a su haber la mayoría de diputados necesaria para aprobar Contingencia eléctrica.
Empero, el PAC y el Frente Amplio (FA) ahora tienen más músculo para atajar el proyecto en caso de avance al plenario.
Estas dos fracciones acumulan 22 legisladores que, si así lo desearan, cuentan con recursos reglamentarios de sobra para paralizar el debate de cualquier iniciativa que vaya en contra de su visión de preservar la hegemonía del ICE.
Asimismo, Casa Presidencial tiene la potestad de controlar la agenda de proyectos de ley que debaten los diputados durante las sesiones extraordinarias, periodo que abarca más de cinco meses al año, y en el que el tema no se discutiría, si el Ejecutivo mantiene su posición en contra de soltar las amarras a la cogeneración privada, que se basa en fuentes renovables.