Cuánto dinero debe destinar Costa Rica para financiar las campañas políticas sigue siendo un debate abierto y abordado solo desde el punto de vista cuantitativo.
Los aspectos cualitivativos del gasto siguen en el aire, sin concretarse, y están lejos de convertirse en una realidad en la normativa.
Para algunos, el monto debe ser mucho. Para otros, el Estado debería castigar a partidos derrochadores y negarles hasta el último céntimo.
Empero, la opinión que prima es que la contribución estatal debería estar entre no desampararar a las campañas y no forzar más la mala situación fiscal.
El problema es que, para fijar ese justo medio, el único criterio que existe es el político.
Así lo reconoce el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Luis Antonio Sobrado. Y así ha sucedido en la práctica.
Revisión con ojos políticos
El antecedente más cercano de la revisión del monto de la contribución está en la campaña del 2010, cuando los diputados dispusieron incluir un artículo transitorio en el nuevo Código Electoral, en setiembre del 2009, para bajar el financiamiento público del 0,19% al 0,11% del PIB.
Hoy en la corriente legislativa avanza un proyecto de ley para repetir ese mismo transitorio en el 2014, con el fin de bajar de ¢43.000 millones a ¢21.000 millones los recursos para costear la campaña.
Paralelamente, la diputada Jeannette Ruiz, del Partido Acción Ciudadana (PAC), propuso un plan de reforma a la Constitución Política para que el porcentaje del 0,11% del PIB sustituya al actual de forma permanente, con una banda inferior no menor al 0,08% de la producción nacional.
Según Ruiz, su propuesta no toma en consideración ningún criterio técnico para fijar el porcentaje, sino que se basó en el buen ambiente que tuvo la reducción entre los partidos políticos, durante la campaña pasada.
Su tesis pareciera ser cierta, pues el plan de ley para aplicar el transitorio fue dictaminado afirmativamente por todas las fracciones legislativas y ya pasó al Plenario para su discusión final.
“Lo que hicimos fue buscar un proceso de negociación de un monto que todos los partidos avalaran, con base en su experiencia pasada. El TSE no objetó, lo cual hizo viable el proyecto”, dijo.
Luis Antonio Sobrado afirmó que el TSE decidió no interferir en la fijación del monto, por considerarlo un asunto que compete solo a la esfera política.
“Lo que el Estado destine a política debe estar en consonancia con la realidad económica del país y cuál es el balance entre una cosa y otra es lo que deben definir los diputados”, aseguró.
Rebajo con opiniones diversas
El politólogo y exdiputado Constantino Urcuyo considera que pasar de un 0,19% a un 0,11% del PIB no afectaría en nada los procesos electorales del país.
“No pasaría nada. La gente iría a votar igual y los medios de comunicación igual cubrirían la campaña. Es positivo disminuir los montos porque en el pasado ha habido despilfarro en las campañas”, estimó.
Daniel Calvo, politólogo y asesor legislativo, se distanció de ese criterio y opinó que la medida de disminuir la contribución estatal a los partidos es populista, pues obedece a las intenciones de un sector que desea aprovechar el desprestigio que atraviesa la política para capitalizar ganancias electorales.
“Los más perjudicados con esa disminución son los partidos pequeños, que no tienen buenos resultados en las encuestas y a los cuales nadie les quiere aportar recursos”, sostuvo.
Un debate necesario
El politólogo y jurista Daniel Zovatto, director para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA), considera necesaria la discusión sobre el porcentaje que destina el Estado para las campañas.
Sin embargo, cree que este debe darse en un ámbito más amplio que el actual.
El experto considera que el punto de partida es determinar el costo de las elecciones y decidir, entonces, cuál debe ser el porcentaje de financiamiento público y privado que se desea en el sistema de financiamiento político.
Zovatto sugirió que el país debe replantearse un nuevo mecanismo para determinar el monto de la contribución estatal a las campañas políticas, y recomendó mirar el esquema usado en la mayoría de países latinoamericanos, donde el financiamiento va de la mano con la cantidad de votos emitidos, y no del PIB, que implica una revisión según suba o caiga el ritmo de la economía.
“Si vamos a utilizar recursos públicos, tiene que haber un costo de oportunidad muy claro. Porque en lugar de invertir el monto en educación, lo estamos invirtiendo en el ámbito político-elecotoral, por eso es que esa inversión debe estar estratégicamente diseñada, para que tenga el mejor retorno”, añadió.
País no es el que más gasta
Mientras el Estado costarricense, a principios de la década pasada, inviertió en financiamiento político cerca de $1,6 anuales por elector, en el mismo periodo México destinó 3,3 dólares, República Dominicada $3,2, Panamá $1,8, Nicaragua $1,2, El Salvador $0,5, Guatemala $0,02 y Venezuela $0 por votante.
Esas cifras colocan al país a la mitad de la lista de países latinoamericanos que destinan parte de sus recursos públicos para financiar las campañas.
Opciones de ahorro
Todos los entrevistados coincidieron en que, paralelamente a la disminución en los recursos para la política, se debe liberar a los partidos de costos altos.
Así, concluyen que es una necesidad que el país adopte un sistema de franjas publicitarias, donde el TSE disponga de espacios gratuitos en radio y televisión para repartir, por igual, entre todos los partidos con el fin de reducir la factura por propaganda en los medios, uno de los rubros más caros de la contienda.
Surge la idea de que el Estado se haga cargo del transporte de votantes el día de las elecciones y que se reforme la ley para que los partidos dispongan de un adelanto de dinero más generoso y accesible al inicio de la campaña.
Pero todo lo cualitativo está solo en el papel. El enfoque inmediato de los diputados sigue estando en recortar el gasto.
Los complementos necesarios se quedarían para las calendas griegas. Al Parlamento se le agotan los espacios de discusión, por la cercanía de otra campaña.