El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el proyecto de Ley Reguladora de Investigación Biomédica.
La propuesta de ley contó con el apoyo de 37 diputados, mientras que 8 legisladores votaron en contra.
El proyecto fue objeto de un extenso debate y de una negociación igual de prolongada por modificar sus contenidos.
Pese a permitir la aprobación del plan, los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) señalaron que el mismo dejará en estado de indefensión a personas de clases necesitadas o con baja escolaridad ante las firmas médicas que prueban los efectos de medicamentos en seres humanos antes de comercializarlos.
La jefa de fracción del PAC, Carmen Muñoz, adelantó que su partido ya tiene las diez firmas necesarias para enviar el proyecto de ley a consulta de constitucionalidad, por lo que, de concretarse su envío a la Sala IV, su votación en segundo debate se retrasaría un mes.
Contenidos
Entre los principales contenidos del plan está normar que toda prueba en seres humanos deberá regirse por los principios éticos básicos de la investigación, como la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia distributiva.
Además establece que la investigación solo podrá llevarse a cabo en ausencia de una alternativa de eficacia comparable o cuando proporcione una alternativa con mayor potencial benéfico para el participante, además de no implicar riesgos y molestias desproporcionadas para el ser humano.
El plan también establece que la participación en una investigación biomédica siempre deberá ser voluntaria y sin que medie remuneración alguna, aunque en este sentido hay excepciones. También obliga al Estado a garantizar los derechos y la seguridad de los participantes en la investigación, así como la de los profesionales que la realicen.
Según el plan, el Ministerio de Salud deberá definir las políticas generales y las regulaciones para el desarrollo de la investigación en seres humanos. Además crea el Consejo Nacional de Investigación en Salud, que será el ente rector de estas actividades.
La diputada del PAC, María Eugenia Venegas, se refirió en contra del plan aprobado.
“Este proyecto no era para proteger a las empresas de la salud, ni los negocios de las farmacéuticas, sino que debió ser el proyecto de protección a las personas. Eso y nada más”, dijo Venegas, quien afirmó que las intenciones del PAC nunca fueron entorpecer el trámite legislativo de la propuesta, sino, “blindarla” ante posibles yerros.
A consulta
Por su parte la diputada Alicia Fournier, del Partido Liberación Nacional (PLN), defendió los contenidos del proyecto, que tardó 3 años en convertirse en ley.
“Era necesario y oportuno establecer finalmente el contenido regulatorio a las actividades de investigación biomédica. Costa Rica requería de esta ley para reafirmar los derechos de libertad de investigación científica establecidos en la Constitución”, recalcó.
Casa Presidencial también destacó el beneplácito por el aval al proyecto. Carlos Ricardo Benavides, ministro de la Presidencia, dijo en un comunicado de prensa que ese paso "es un logro para el país".
"Agradecemos mucho a los diputados de todas las fracciones por llegar a un entendimiento que potenciará el crecimiento científico y empresarial del país", destacó.
El Poder Ejecutivo subrayó que hace tres años la Sala Constitucional estableció la obligación de desarrollar el marco legal para regular la investigación biomédica.