En medio de señalamientos de última hora por parte de la Sala Constitucional, los diputados votaron en primer debate el Presupuesto Ordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2013, por ¢6,4 millones de millones.
Apenas unas horas antes de la votación, los magistrados constitucionalistas determinaron roces entre la Carta Magna y una partida por ¢3.600 millones que el Poder Ejecutivo destinó para girarla a las 81 municipalidades del país.
El argumento de los magistrados es que la partida violaba el principio de especialidad presupuestaria, al carecer de un destino específico, más que el fortalecimiento del régimen municipal en obras y servicios, sin determinarse proyectos específicos. Los recursos constaban en el presupuesto del Ministerio de Gobernación.
El pronunciamiento de la Sala surgió a raíz de una consulta que remitió la diputada Yolanda Acuña del Partido Acción Ciudadana (PAC) con el apoyo de otros legisladores de su partido y el Movimiento Libertario, quienes consideraron que la partida tenía como fin último beneficiar a las municipalidades con fines electoreros, ante la cercanía de la campaña política del 2014.
Ese partido y otras fuerzas de oposición propusieron la noche del martes una moción para que el Plenario se convirtiera en comisión general para modificar la partida cuestionada. Empero, los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) se pronunciaron en contra de la propuesta para introducirle cambios al presupuesto.
La diputada liberacionista Alicia Fournier, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, que discutió el presupuesto, y el viceministro de Hacienda, José Luis Araya, garantizaron por su parte que el Poder Ejecutivo no ejecutará la partida, en respeto a la resolución de los magistrados de la Sala IV.
De esta forma, el presupuesto 2013 quedó listo para su votación en segundo y último debate este jueves, al filo del plazo establecido por la Constitución Política.