Los diputados aprobaron la tarde de este jueves el plan que elimina el pago de las anualidades correspondientes al 2021 y 2022, la medida se aplicará a todos los empleados públicos.
Con 32 votos a favor y ocho en contra, el proyecto de ley recibió el aval del plenario legislativo en primer debate. La votación en segundo debate se programó para el próximo martes 6 de octubre.
El plan fue presentado por el Gobierno el pasado 20 de mayo, se trató de un texto sustitutivo al proyecto de adición de un transitorio único a la Ley de Salarios de la Administración Pública (21.917).
Esta versión de la iniciativa corrigió algunos puntos que fueron cuestionados por los legisladores en la primer propuesta de proyecto de ley enviada por el Ejecutivo al Congreso el pasado 7 de abril.
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El texto aprobado en primer debate este martes aclara que no se pagará la anualidad a los funcionarios públicos para los periodos 2021 y 2022. En esos años se realizará la evaluación de desempeño de los trabajadores estatales, pero no creará “ningún efecto pecuniario”.
La eliminación del pago de este plus salarial generará ahorros por ¢44.000 millones a las entidades del Gobierno Central y por ¢23.000 millones a las instituciones autónomas.
La discusión en el plenario fue lenta y trabada, se prolongó por cuatro días, porque el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, presentó varias mociones para oponerse al fondo de la iniciativa porque considera que el Gobierno recarga las consecuencias de la crisis sobre el salario de los empleados públicos.
Los pluses salariales son el segundo disparador del gasto corriente en las finanzas gubernamentales, solo por detrás de la deuda pública. Esta medida es una de las acciones para mitigar el gasto frente a la crisis provocada por el coronavirus.
El Ejecutivo también impulsa la de Ley de Empleo Público, una modesta propuesta de movilidad laboral y la reorganización de algunas instituciones como parte de las acciones para corregir el crecimiento del gasto mediante un plan de ajuste fiscal que se pretende negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La propuesta para ir al Fondo está recargada en un 80% en la generación de ingresos por medio de nuevos impuestos, como el de las transacciones bancarias, y el alza a otros tributos que ya existen, como el de renta.
El 7 de abril el Gobierno presentó una primera versión del proyecto para eliminar el pago de anualidades. Ese texto despertó inquietudes en algunos diputados quienes exigieron al Ejecutivo mayor claridad en las cifras de los recursos que podría generar la medida.
Ese primer borrador pretendía no pagar el aumento a la anualidad del 2019 que se deposita en el 2020, se establecía como una acción extraordinaria que se aplicaría por una única vez y excluía a los empleados del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y los cuerpos policiales.
El nuevo texto elimina esa excepciones, por lo que, una vez aprobado en segundo debate, se aplicará para todos los trabajadores estatales.
¿Suspensión constitucional?
Algunas voces dentro y fuera del Congreso señalaron la suspensión de pago de anualidades y la calificaron como inconstitucional.
Al respecto, EF consultó Esteban Alfaro, abogado especializado en derecho constitucional y administrativo.
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Con el cambio que hizo el Gobierno, al dejar intacta la anualidad del 2019 que se pagará este año, no se violenta ningún derecho adquirido para un trabajador y, por ende, el nuevo texto no es inconstitucional.
A criterio del jurista, este proyecto no violenta ningún derecho adquirido porque las evaluaciones de desempeño del 2020 (que se pagarán en 2021) y del 2021 (que se desembolsarían en 2022) todavía no se realizan.
“Cualquier cambio por medio de una ley de la República en una situación a futuro no generaría ningún roce de constitucionalidad”, comentó el abogado.
Alonso López, abogado constitucionalista de la firma Ecija, recordó que la anualidad no es un derecho adquirido per se, de acuerdo con resoluciones de la Sala Constitucional.
Aunque en este caso el Ejecutivo propone aplicar el impago del plus a todos los funcionarios públicos, por lo que no se presentaría ningún vicio relacionado con discriminación.
Para Paola Gutiérrez, abogada especialista en derecho laboral de la firma Caoba Legal, tampoco existen problemas legales con esta segunda versión del proyecto.
El dinero de las anualidades del 2020 y 2021 de las instituciones autónomas se trasladaría a las arca de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), mientras que los recursos de las entidades del Gobierno Central se utilizarían para generar “espacio presupuestario” por la caída en la recaudación de impuestos.