La delicada situación fiscal del país no detiene el impulso de los diputados para proponer leyes que crean nuevas instituciones y requieren de fondos públicos para funcionar.
Este escenario no favorece la intención del Gobierno Central de contener la ola de gastos que deterioran la economía nacional y lo compromete a invertir del presupuesto para cumplir con las obligaciones que emanan de esta legislación.
En los últimos ocho años, se registran 25 proyectos de ley que proponen la creación de instituciones en Costa Rica, según datos del Departamento de Servicios Parlamentarios. En este periodo, seis se convirtieron en leyes.
Para poder concretar cinco de estas leyes, Hacienda tuvo que presupuestar ¢966,3 millones en el 2006 y esa cifra se elevó a ¢25.129 millones en el 2012 (dato en colones constantes del 2012), lo que significó un crecimiento real del 2.500% en este gasto público.
Ocho proyectos fueron archivados y doce aún están en trámite en alguna comisión del Congreso, a la espera de ser aprobados.
El Ministerio de Hacienda reconoce que se han establecido múltiples obligaciones al Estado por mandato constitucional o legal sin los ingresos respectivos para asumirlas, lo que ejerce presión sobre las finanzas públicas. “El cumplimiento de estas obligaciones limita la proporción del Presupuesto destinada a atender prioridades sociales”, explicó José Luis Araya, viceministro de Egresos.
Araya resaltó que al crear o reformar instituciones, es importante tomar en cuenta los artículos 176 y 179 de la Constitución Política, según los cuales la integridad financiera del Estado debe balancearse con la cobertura de necesidades sociales básicas.
Es una inquietud que se ha presentado en anteriores ocasiones. “Toda vez que se crea una ley o un beneficio, sin que posea el ingreso correspondiente, estamos agravando el caos fiscal que tenemos”, comentó el exministro de Hacienda, Jorge Wálter Bolaños.
Complica gobernabilidad
Para Bolaños, esto es un problema endémico de la Hacienda Pública, una de las difcultades más serias que un ministro debe enfrentar , y que atenta contra la gobernabilidad fiscal del país.
“Uno como ministro de Hacienda o incluso como Poder Ejecutivo no tiene ningún control sobre la emisión de nuevas leyes, que a veces hasta de manera irresponsable crean gasto, pero no crean ingresos”, recalcó el exfuncionario.
Comentó que como jerarca de Hacienda (2002-2006) enfrentó esta situación de manera constante y cada vez que tenía que hacer el presupuesto, la consecuencia era que no alcanzaba el dinero.
El financiamiento es básico
Algunos legisladores son conscientes de que se necesita controlar la creación acelerada de proyectos que no tienen una fuente de financiamiento ni la urgencia como para apretar el presupuesto nacional.
“Estoy segura de que los proyectos de creación de instituciones que están archivados se debe a la falta de presupuesto”, comentó Mireya Zamora, diputada del Movimiento Libertario .
Para la legisladora, esta es una práctica sin sentido que incentiva la burocracia y la politiquería.
Elibeth Venegas, diputada oficialista, cuestiona la responsabilidad de los diputados que impulsan estos proyectos sin tener el dinero. “Esta decisión debe ser congruente, que tengamos los recursos para poder hacerlo”.
La diputada Gloria Bejarano, de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, considera que la situación se agrava cuando no hay límites para crear leyes pero tampoco hay manera de eliminar las que están obsoletas.
“Aquí el problema que tenemos es que a un diputado se le juzga por la cantidad de proyectos y leyes que logra emitir, y nadie se pone a pensar qué van a aportar esa cantidad de leyes y si van a hacer realmente mejoras al país. Hay diputados que tienen 40 proyectos en una sola comisión”, mencionó.
La socialcristiana tiene en lista pendiente la creación del Colegio Universitario de Alajuelita (CUDA), aunque justificó el financiamiento para su creación, el cual proviene de una negociación que hizo la Municipalidad de Alajuelita y el Ministerio de Educación, con la ayuda de las fuerzas vivas del cantón.
Bejarano también resaltó que procura desregular el sistema para limpiar la engrosada lista de leyes innecesarias, en conjunto con el Sistema Nacional de Legislación Vigente, la colaboración del Colegio de Abogados, universidades y el departamento de servicios técnicos de la Asamblea.
Empero, mientras esto sucede, pareciera que el afán de los diputados por crear nuevas entidades se mantiene.
Debe recordarse que aunque se archivaron ocho, doce todavía esperan en la fila y podrían ampliar esta lista, y con ello aumentar los dolores de cabeza de Hacienda, obligándolos a la búsqueda de mayores recursos para permitirles funcionar.
12 proyectos de creación o reformas de instituciones están en lista de pendientes en el Congreso.
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