La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa decidió mantener la versión original del proyecto de reforma al Código Procesal Laboral.
Así, lo diputados del panel se inclinaron por no aprobar ni el veto impuesto por el Poder Ejecutivo al proyecto de ley ni por resellar la iniciativa.
De esta forma quedará vigente la prohibición actual del derecho a huelgas en los servicios esenciales descrito en el Código de Trabajo.
El Artículo 376 de esa normativa califica como indispensables los servicios que desempeñen los trabajadores que sean absolutamente indispensables para mantener el funcionamiento de las empresas particulares que no puedan suspender sus servicios sin causar un daño grave e inmediato a la salud o a la economía públicas, como son las clínicas y hospitales, la higiene, el aseo y el alumbrado en las poblaciones.
El diputado Luis Gerardo Villanueva, representante de Liberación Nacional (PLN) que preside Asuntos Jurídicos, indicó que se optó por una "decisión salomónica" dado que el proyecto de reforma al Código Procesal Laboral contiene importantes cambios que permitirán introducir la oralidad en los juicios laborales.
Tal modificación, afirmó, reducirá sustancialmente la duración de esos procesos en beneficio de los trabajadores, quienes deben enfrentar extensos y costosos trámites judiciales para reclamar sus derechos en caso de despido injustificado.
El diputado José María Villalta, del Frente Amplio, dijo que respalda la decisión del foro legislativo y celebró que sus compañeros rechazaran la moción que envió Casa Presidencial para modificar la reforma laboral con el fin de ampliar la lista de servicios no sujetos a huelga.
Carmen Muñoz, jefa de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), agregó que su bancada también respalda la decisión de la comisión.
No obstante, recalcó que el derecho a huelga en los servicios básicos hubiera quedado mejor regulado de haberse mantenido la propuesta vetada por la presidenta Laura Chinchilla en octubre del año pasado.
El diputado independiente, Luis Fishman, aseguró que el plan implica la reforma más trascendente a la legislación laboral costarricense desde la promulgación del Código de Trabajo.
Ahora depende del Poder Ejecutivo que el Plenario discuta el plan durante el periodo de sesiones extraordinarias que iniciará este jueves.
Según Fishman, bastaría con que el plenario apruebe el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos para que el plan quede aprobado y sea enviado al Poder Ejecutivo para su firma. Empero, existe la tesis de que el proyecto debe recibir dos debates nuevamente, pese a haber superado ese trámite.