Aunque los diputados exigieron al Gobierno recortes al gasto público por al menos un 1% del Producto Interno Bruto (PIB) como requisito para aprobar el segundo presupuesto extraordinario 2020, la tarde de este miércoles el pleno legislativo revirtió ¢3.770 millones de esos ajustes planteados por el Ejecutivo.
Una sesión marcada por contradicciones políticas, cuestionamientos a la interpretación del reglamento sobre las votaciones y enfrentamientos entre diputados, fue la antesala de una trabada discusión en la que sólo avanzaron con nueve de 35 mociones al plan de gastos.
El Gobierno planteó un recorte al gasto por ¢327.974 millones, pero también se incrementan algunos rubros por ¢132.000 millones para atender la pandemia a nivel sanitario, económico y social.
La diferencia entre la reducción y el incremento de gastos deja un recorte neto por ¢195.517 millones, según validó la Contraloría General de la República (CGR).
El monto que drenaron los diputados este miércoles representa el 1,15% del recorte total al gasto público que propuso el Ejecutivo en el texto dictaminado por la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Los diputados aprobaron dos mociones que agregan gasto mediante devoluciones de dinero a diferentes instituciones, específicamente se revierten los recortes por ¢1.840 millones para las asociaciones de desarrollo comunal y por ¢930 millones a las municipalidades de los cantones donde se cultiva banano para exportar.
La moción que plantea darle recursos a las asociaciones de desarrollo fue aprobada con 26 votos a favor y 20 en contra. Para cubrir este rubro los legisladores autorizaron un aumento en el límite de endeudamiento del Ministerio de Hacienda.
Mientras que la moción para reintegrar los recursos a los gobiernos locales de cantones que producen banano fue impulsada por los diputados José María Villalta, del Frente Amplio (FA) y Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
La idea surgió porque Elian Villegas, ministro de Hacienda, reconoció que los ingresos por el impuesto al banano no se vieron afectados hasta ahora por el impacto del coronavirus en la economía.
El dinero se devolverá a los ayuntamientos por medio de la inclusión de una partida al programa de administración central del Ministerio de Gobernación y Policía, esta entidad deberá emitir bonos en el mercado interno por ¢930 millones para repartir esos recursos a los cantones productores.
Se trata de las municipalidades de Osa, Parrita y Corredores, en Puntarenas; Sarapiquí, en Heredia; y Talamanca, Pococí, Matina, Limón y Guácimo, en el Caribe.
Choques y contradicciones
Paola Vega, diputada del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), recordó a los diputados que deben tomar decisiones estructurales que reviertan la condición del Gobierno, que enfrenta un alto nivel de endeudamiento y pocos recursos para gastar.
“Yo me apunto buscar plata para las asociaciones de desarrollo, para mejorar ingresos en diversas necesidades sociales, pero hay que generar nuevos ingresos. Aquí parece que se quiere todo, se quiere que haya dinero, ingresos y solvencia; pero sin tocar a ningún sector, sin tocar a los más beneficiados económicamente y sin recorte al gasto”, zanjó la legisladora.
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María Vita Monge, congresista del PUSC, hizo un llamado para asumir la discusión del presupuesto extraordinario con seriedad y pensar en las personas que están a la espera de ayuda por medio de subsidios como el bono Proteger.
“Tenemos que sacrificarnos todos y creo que no podemos estar discutiendo a quién sí y a quién no”, agregó la socialcristiana.
Laura Guido, legisladora del PAC, recordó que es muy fácil hablar de recortes de manera abstracta y pedirle al Ejecutivo recortes que luego se modifican en el plenario.
“Es una contradicción más que se muestra acá con ese discurso, por supuesto que uno no quisiera que a nadie le quiten plata y mucho menos a las organizaciones de base territorial, pero la realidad es que los ingresos se desplomaron y pensar que tenemos las mismas posibilidades de inversión en todo lado es irreal”, indicó la diputada.
El proyecto de ley 20.080 plantea una reducción de los ingresos corrientes del Gobierno por ¢1,28 billones para este año. La caída se debe a una menor recaudación de tributos como el del Valor Agregado (IVA), renta, importaciones y propiedad de vehículos, entre otros.
Este escenario considera una brecha entre los ingresos y gastos por ¢1,07 billones que debe cubrirse con diferentes fuentes.
Hacienda propone tres acciones para cerrar esa necesidad de recursos: incrementar el límite de endeudamiento a ¢663.000 millones, recortar el gasto público en ¢195.517 millones y usar ¢217.000 millones del préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
El segundo presupuesto extraordinario será retomado en el pleno legislativo este jueves donde debe avanzar la discusión de otras 26 mociones que podrían agregar más gasto al proyecto de ley.
El Congreso espera aprobar el plan de ingresos y gastos este jueves 23 de julio.