En julio vencerá el plazo de 36 meses que la Sala Constitucional le dio a la Asamblea Legislativa para que apruebe un conjunto de normas para castigar las actuaciones de los diputados que se alejen de la ética y la moral.
Pese a la cercanía del vencimiento del plazo, los jefes de fracción actuales confiesan que el tema no es prioridad y que ni siquiera figura en la agenda de temas a discutir en el Plenario.
El diputado Danilo Cubero, jefe de bancada del Movimiento Libertario, dijo, con realismo, que el tema de las sanciones éticas no figura dentro de las prioridades de su grupo, concentrado en impulsar otros temas que tienen mayor impacto nacional.
Entre estos, Cubero mencionó el plan para crear un fideicomiso para financiar la construcción de la carretera San José-San Ramón, el plan para romper el monopolio de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), y la agenda energética.
"Eventualmente podríamos apoyar la aprobación de un reglamento de carácter ético, pero no es nuestra prioridad", enfatizó Cubero.
La jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carmen Muñoz, también reconoció que el tema no está en discusión actualmente. Empero, afirmó que por su trascendencia para la vida legislativa, considera que las normas éticas para los diputados deben de aprobarse cuanto antes.
"Sería una mala señal para el país que los diputados no aprobemos un proyecto con estas características, en momentos en que somos azotados por temas de corrupción", agregó.
En tanto que Rodolfo Sotomayor, jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC), informó que el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea puso en conocimiento de las jefaturas de bancada el borrador de un reglamento contra el acoso laboral en el Poder Legislativo.
Más allá de eso, dijo desconocer en qué etapa estará la propuesta para crear sanciones éticas.
EF intentó conocer el criterio del presidente del Directorio Legislativo, Luis Fernando Mendoza. Empero, al cierre de esta nota no había contestado la consulta que se le planteó sobre el estado de las reglas éticas y morales para los legisladores.
Son estos funcionarios, por ser de elección popular, los únicos que carecen de reglas claras para sancionarlos por faltas al deber de probidad, acoso sexual y laboral, entre otras transgresiones éticas y morales.