Por: Manuel Avendaño Arce.   20 mayo
20/09/2018. Asamblea Legislativa, San José. El expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, compareció ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto público por el hueco presupuestario durante su administración. Fotografía: Albert Marín.

El gobierno de Luis Guillermo Solís heredó un desajuste presupuestario de casi ¢900.000 millones a la administración de Carlos Alvarado y el tema desató una fuerte discusión política en la Asamblea Legislativa donde justamente, la tarde de este lunes, iniciará la discusión del informe que emitió la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público sobre este caso bautizado como el “hueco presupuestario”.

EF le explica lo que debe saber sobre este tema.

El origen del hueco presupuestario

Apenas habían pasado dos meses desde que Carlos Alvarado se sentó en la silla presidencial y ya las malas noticias sobre las precarias y mal administradas finanzas públicas le caían encima. Era julio del 2018 y el Ministerio de Hacienda encontró un faltante inicial de ¢600.000 millones para cubrir amortizaciones de deuda interna que no habían sido contempladas en el gobierno de Solís.

Para enfrentar este faltante de recursos que no fueron presupuestados a tiempo por la administración Solís Rivera, el gobierno de Alvarado envió en agosto un primer presupuesto extraordinario al Congreso que fue aprobado el 4 de setiembre.

Pero el hueco se hizo más grande. El 10 de setiembre el Ministerio de Hacienda presentó un segundo presupuesto extraordinario por ¢318.000 millones para enfrentar una disminución en los ingresos estimados inicialmente por el gobierno de Solís debido a que no se concretaron las colocaciones que permitirían tener acceso a esos recursos.

El segundo presupuesto se aprobó el 23 de octubre en medio de un candente debate político en el que la oposición no dudaba en señalar a Luis Guillermo Solís como el responsable del hueco presupuestario.

Investigación legislativa

Agosto del 2018 sirvió para que el primer presupuesto extraordinario iniciara su curso en la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, pero también para que los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público arrancaran una investigación por el caso del desajuste presupuestario.

Por estos foros legislativos desfilaron el expresidente Luis Guillermo Solís; Helio Fallas, exministro de Hacienda; Martha Cubillo, exviceministra de Egresos y Rocío Aguilar, actual ministra de Hacienda, quienes respondieron las preguntas de los diputados sobre el desajuste presupuestario.

El proceso indagatorio concluyó el 23 de abril del 2019, ese día los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público aprobaron por mayoría un informe en el que piden inhabilitar a Luis Guillermo Solís para ejercer cargos públicos por cuatro años y, además, solicitan a la Fiscalía investigar penalmente a siete funcionarios relacionados con el hueco presupuestario.

La investigación desarrollada únicamente por diputados de oposición concluyó que podrían recaer sanciones civiles y penales sobre Solís, Fallas, Cubillo y también sobre Marjorie Morera, exdirectora de Presupuesto Nacional; Julio Espinoza, exdirector de Crédito Público; y Melvin Quirós, actual director de ese departamento de Hacienda.

Los legisladores también acusaron de posibles faltas civiles a Rocío Aguilar debido a que el Ministerio de Hacienda pagó ¢400.000 millones a acreedores sin que existiera contenido presupuestario y sin que el Congreso autorizara ese gasto por las omisiones de la administración Solís Rivera.

Este lunes arranca la discusión de este informe en el plenario legislativo. Usted puede leer el documento completo en formato PDF.

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¿Cómo se creó el hueco?

Durante el gobierno de Solís, Hacienda se equivocó en sus cálculos, la entidad destinó ¢1,6 billones para pagar amortizaciones de deuda pública en 2018, pero en realidad debió presupuestar ¢1,9 billones.

El monto se fijó así porque el Ministerio de Hacienda contaba con que evitaría el pago de ¢300.000 millones mediante la aplicación de canjes de deuda, aunque no contempló que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y los bancos públicos perderían la confianza en los bonos de deuda de largo plazo por la complicada situación fiscal que atravesaba el país, en ese entonces, sin la reforma tributaria.

El monto de ¢1,6 billones que Hacienda tenía destinado para amortizar deudas se repartiría en ¢1,08 billones para deuda interna de largo plazo, ¢448.000 millones para deuda interna de corto plazo y ¢62.000 millones para deuda externa.

Pero el Gobierno de Solís solamente aprovisionó ¢448.000 millones para pagar deuda interna de corto plazo y creyó que solo tendría que colocar ¢292.700 millones en títulos de corto plazo en el mercado doméstico para el segundo trimestre del 2017, pero cuando los inversionistas no mostraron apetito por títulos de largo plazo la colocación final a corto plazo fue de ¢891.700 millones, la cifra generó una diferencia de ¢599.000 millones.

Esas colocaciones internas hechas en el último trimestre del 2017 –que eran a corto plazo– vencían en el último trimestre del 2018 y el gobierno de Solís no dijo nada, solamente envió el Presupuesto Nacional con transferencias de recursos de largo plazo a corto plazo lo que generó el desbalance de casi ¢600.000 millones en amortizaciones de corto plazo, a lo que se suman los ¢300.000 millones que no se pudieron canjear.

Solís aceptó que durante su Gobierno sabían del faltante y describió un correo electrónico recibido el 21 de febrero del 2018 que decía: “el faltante de amortización era de alrededor de ¢850.000 millones. El del 19 de abril pasaron a ser ¢815.000 millones, un día después el 20 de abril se adicionaba la cifra de ¢700.000 millones. Sin embargo, el 10 de mayo las autoridades dicen que sería de alrededor de ¢800.000 millones. El 9 de junio la cifra de impago fue de cerca de ¢600.000 millones”.

“Afirmo categóricamente que nunca hubo acción, orden, solicitud o sugerencia para ocultar(...), el envío de un presupuesto extraordinario por razones político-electorales”, defendió el expresidente en su comparecencia ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público el pasado 20 de setiembre.