La empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) deberá garantizar al Estado costarricense que no ha cometido actos de corrupción en otros países, para hacerse con la concesión para ampliar un tramo de la ruta 32, entre San José y Limón.
Tal requisito lo aprobaron diez diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, quienes esta semana dieron el visto bueno a un texto sustitutivo del proyecto de contrato de préstamo por $395 millones con China.
A finales del año pasado, dicho empréstito quedó en un limbo al salir a flote denuncias de presuntas irregularidades cometidas durante su negociación y cuestionamientos a CHEC.
En aquella época, trascendió que la empresa China Communications Construction Company (CCCC) fue incluida en el 2009 por el Banco Mundial en una lista de empresas no elegibles para ejecutar proyectos financiados por esa entidad, por haber incurrido en presuntos actos de fraude y corrupción durante el desarrollo de infraestructura en Filipinas.
En el 2005, la CCCC fue de una de las empresas que se fundieron para dar origen a CHEC.
Según la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Siany Villalobos, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, la intención de los cambios es “blindar” el proyecto ante eventuales errores que arriesguen la obra y hacer más transparente su ejecución.
“Diez diputados aprobamos que el Estado le solicite a la empresa CHEC una declaración jurada de que no está cuestionada ni bajo ningún proceso por actos de corrupción. Ese es parte de los detalles que estamos finiquitando para que la ejecución de la obra sea la acertada”, afirmó Villalobos en una entrevista con la televisión legislativa.
Empero, la moción fue calificada como una “burla a la inteligencia” por el diputado Manrique Oviedo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien ha cuestionado el fondo del proyecto.
“¿Por qué no le pidieron al Banco Mundial que respondiera si CHEC es apta para ejecutar proyectos financiados por ellos? No lo hacen porque saben que no lo es”, sostuvo Oviedo, al tiempo que indicó que ya presentó la moción para elevar la consulta a esa entidad financiera.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ha insistido en que todos los puntos del contrato fueron negociados con apego a la legislación nacional.
Aunque Siany Villalobos afirmó que las 20 mociones presentadas para modificar el texto del plan tienen como objetivo hacer el contrato más transparente, Oviedo insistió en que las enmiendas no tocan el ámbito jurídico y financiero del plan.
“El Instituto Tecnológico dio el aval a los costos que presentó el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) porque los hicieron con base a los precios unitarios en el mercado de la piedra y sus derivados, pero el proyecto contempla exenciones para CHEC en el pago de impuestos, lo cual reduce los costos entre un 40% y un 45%”, indicó.
“Además, la empresa traerá al país 600 trabajadores que no estarán cobijados por el régimen de cargas laborales, lo cual les ahorrará gastos. Por eso es que cobra validez el sobrecosto de unos $90 millones que detecto la empresa Cal y Mayor (consultora mexicana contratada por Conavi previo a negociar el contrato con China)”, aseveró el legislador del PAC.
El Gobierno tiene hasta el mes de marzo de este año para aprobar el crédito ofrecido por China, el cual firmado durante la visita del presidente Xi Jinping a Costa Rica en junio pasado.
La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) decidió ampliar hasta el abril el plazo para que la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminara el plan, el cual hoy se encuentra en su etapa de discusión de mociones.
Entre otros cambios hechos al proyecto en el panel de Hacendarios, figuran la obligatoriedad de que el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estruturales (Lanamme) fiscalice el proyecto y la creación de una unidad ejecutora en el Conavi que esté obligada a emitir informes semestrales sobre el avance de las obras.