La llegada de la corriente legislativa de dos proyectos de ley para gravar las rentas altas del país han pasado —en apareciencia— por debajo del radar de un gobierno sediento de recursos frescos para ayudar a enderezar sus finanzas.
Se trata del Proyecto de Ley Justicia Fiscal Frente a la Emergencia del COVID-19 (expediente 22.034) de la diputada oficialista Paola Vega, y del Proyecto de Ley Contingencia Fiscal Progresiva y Solidaria Ante la Emergencia Nacional del COVID-19 (expediente 21.883) del diputado frenteamplista José María Villalta.
Gravar las rentas más altas o incrementar las tasas del impuesto a las utilidades son posibles soluciones para crear ingresos frescos en momentos de crisis, de hecho, esta medida se aplicó en momentos históricos como las guerras mundiales, según Jonathan Menkos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
En otras latitudes, como es el caso de Guatemala, ya se debaten iniciativas en este sentido, en Costa Rica ninguno de los proyectos fue incluido por el Ejecutivo en su lista de prioridades para el mes de sesiones extraordinarias y están casi de últimos en la lista de prioridades de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
¿Qué plantean los proyectos?
El expediente 22.034 de la diputada oficialista Paola Vega pretende una extensión tarifaria temporal del impuesto sobre la renta, misma que (de ser aprobada) tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022 y podría ampliarse por un año fiscal adicional.
El texto propone que a las personas jurídicas con una renta neta igual o mayor a los ¢1.000 millones anuales se les cobre un impuesto del 35%. Esta tasa se aplicaría en sustitución de la establecida en el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (N° 7.092) que es del 30%.
Las personas físicas con actividades lucrativas deberían pagar 5% adicional a la tarifa vigente sobre el exceso de ¢40 millones anuales.
El artículo 15 inciso c de la ley 7.092 establece diferentes escalas de impuestos para personas físicas con actividades lucrativas. Para la renta más alta (en este caso sobre el exceso de los de ¢18,6 millones anuales) la tarifa vigente es del 25%.
En este caso la tasa subiría 1,25 puntos porcentuales y pasaría de 25% a 26,25% en caso de que supere los ¢40 millones anuales , de acuerdo al cálculo hecho por EF.
Mientras que a las rentas de trabajo personal dependiente, pensión u otras remuneraciones pagarían un impuesto del 5% adicional a la tarifa vigente sobre el exceso de los ¢4,3 millones.
Uno de los planteamientos del expediente 21.883 del diputado José María Villalta, es que los Grandes Contribuyentes Nacionales paguen, por doce meses, un impuesto sobre las utilidades seis puntos porcentuales mayor al que se cancela hoy. En la ley esa tasa es de 30%.
Un gran contribuyente es aquel que cumpla tres condiciones: que el promedio de los impuestos liquidados de los últimos tres periodos fiscales sea igual o superior a ¢450 millones; que el promedio de la renta bruta declarada en el impuesto sobre las utilidades de los últimos tres periodos fiscales sea igual o superior a los ¢40.000 millones; que el promedio de su activo total declarado en el impuesto sobre las utilidades de los últimos tres periodos fiscales sea igual o superior a los ¢50.000 millones.
Por su parte, las personas físicas con actividad lucrativa con rentas superiores a los ¢36 millones desembolsarían un 5% sobre el exceso de ese monto.
La iniciativa de Villalta pretende, además, un impuesto del 0,1% sobre los patrimonios de personas jurídicas similar al que se aplicó en el 2003.
El patrimonio neto de las empresas se obtiene de restarle a todos los activos los pasivos. Así, si un contribuyente tiene una casa de ¢100 millones y una deuda con el banco de ¢30 millones, su patrimonio es de ¢70 millones. En este caso la iniciativa de Villalta pretende un impuesto de 0,1% en patrimonios de personas jurídicas superiores a los ¢95 millones.
Propuestas se enfrían en el Congreso
Las propuestas de ambos legisladores aún no calientan en Cuestamoras y viven bajo la sombra de otros proyectos prioritarios para hacerle frente a la pandemia.
Tal es el caso del crédito de Instrumento de Financiamiento Rápido (FRI) por $504 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), o el proyecto Pagar echaría mano a superávits de entidades públicas para pagar intereses y amortización de la deuda pública.
Elian Villegas, ministro de Hacienda, afirmó que el país requerirá de un nuevo ajuste fiscal de carácter temporal y estructural por el impacto que recibe la economía producto de la COVID-19. Así lo informó durante una comparecencia ante el Plenario el pasado 3 de agosto
“Hemos señalado la necesidad de impuestos solidarios y progresivos, en esa vía se hablaría de nuevos impuestos”, respondió Villegas ante la consulta del diputado liberacionistas Wagner Jiménez durante la interpelación.
Gravar las rentas más altas es un tema que aún no se discute a lo interno del Partido Liberación Nacional (PLN) —la bancada más grande del Congreso—, según indicó Luis Fernando Chacón, jefe de la fracción verdiblanca.
Sin embargo, Chacón considera que en momentos de crisis como el actual quienes tengan mayores ingresos —tanto del sector público como del privado— deben contribuir de manera solidaria.
La fracción oficialista tampoco ha valorado las propuestas, pero sí apoyarían la iniciativa que mejor se ajuste a las necesidades y los requerimientos del país, dijo Catalina Montero, subjefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC).
¿Qué se propone en otras partes del mundo?
En Guatemala se discute la iniciativa denominada Ley de Contribución extraordinaria para la Crisis, que pretende ampliar el régimen de tributación del impuesto sobre la renta.
“La iniciativa está en el Congreso y es para incrementar el impuesto sobre la renta, para tener mayor recaudación y progresividad. Nos han pedido estimaciones de cuánto se recaudaría, anualmente sería entre $220 y $260 millones, lo que estamos haciendo es meter recursos en gasto público e inversión para reactivar la economía”, afirmó Jonathan Menkos, director ejecutivo del Icefi.
Uno de los cambios que propone la iniciativa del diputado guatemalteco Samuel Pérez, es incrementar del 25% al 30% la tasa que se cobra sobre las utilidades a las actividades lucrativas.
Argentina es otra nación que se planteó la creación de un impuesto a la riqueza en el marco de la emergencia por la COVID-19, el objetivo es gravar las grandes fortunas.
Sin embargo, la propuesta de los diputados Carlos Heller y Máximo Kirchner obtuvo un rechazo del sector empresarial. El Foro de Convergencia Empresarial indicó que los proyectos que pretenden gravar el patrimonio y las ganancias produce un ambiente negativo para el clima de inversión. Según una nota publicada por el medio Infobae.