La complicada situación fiscal que vive el país obligó al Poder Judicial a meterle bisturí a su presupuesto. Para el 2019 solicitó el mismo monto que recibió en el 2018, cuando por ley se le asignaron ¢474.792 millones. Un monto que ahora representa el 1,3% del Producto Interno Bruto (PIB).

De acuerdo a un análisis realizado por EF, los rubros donde se hicieron mayores ahorros fue en el pago de transferencias de capital y en el alquiler de equipos y derechos para telecomunicaciones, donde hubo una contención del 68% y 23% respectivamente con respecto al año anterior.

A pesar de que el presupuesto creció 0%, sí se dieron incrementos en algunas de las partidas, producto del reacomodo de fondos. Tal es el caso de la contribución patronal a otros fondos administrados y los incentivos salariales que crecieron 16,49% y 2,32% respectivamente.

En los últimos diez años, el plan de gastos del Tercer Poder de la República presentó importantes crecimientos -a excepción del 2019-. El presupuesto del 2015 registró un importante aumento cuando recibió un equivalente de ¢418.647 millones, una cifra que fue 15% superior a la del 2014.

Mientras que en el año donde creció menos fue en el 2013 cuando recibió una suma de ¢342.070 millones y presentó un incremento del 1,47% con respecto al año anterior.

Las partidas que históricamente tienen un mayor peso dentro del presupuesto son las remuneraciones, y del 2010 al 2014 este rubro acaparó más del 87% del monto total asignado.

Para este análisis EF utilizó los montos correspondientes al Poder Judicial en los proyectos de presupuesto de los últimos años en valor presente.

En cintura

La complicada situación fiscal que experimenta Costa Rica encendió las alarmas del Poder Ejecutivo, que desde mayo anunció 28 medidas para contener el gasto público y además advirtió a las instituciones para que mantuvieran el mismo presupuesto del 2018.

“Normalmente los presupuestos ingresan por determinados límites que se definen junto con la dirección de presupuesto y en algunas oportunidades cuando el Estado ha estado un poquito más holgado de recursos o más dadivoso, se abre una línea que se llama el extra límite. En este momento la línea está cerrada”, comentó meses atrás a EF Rocío Aguilar, ministra de Hacienda.

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Aunque delicada fiscal es un hecho incuestionable también se debía tomar en cuenta la independencia de poderes, a criterio de Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

“Lo que adopte la administración no puede, por lo menos en principio, imponerlo al Poder Judicial, pero sí es un punto que hay que valorar”, aseguraba Cruz tras ser elegido como máximo jerarca del sistema judicial.

Tras la solicitud del Ejecutivo, el Tercer Poder de la República se metió en cintura y presentó un presupuesto histórico, con un crecimiento del 0% por el orden de los ¢474.792 millones.

Si se analizan por partidas el rubro que tuvo más peso del monto total asignado fue el de las remuneraciones, que representaron el 82%, es decir, ¢388.443 millones.

A pesar de que el presupuesto no creció, sí se dieron ajustes en algunas partidas. Tal es el caso de las remuneraciones que se incrementaron 1,12% si se compara con el proyecto de ley propuesto el año anterior.

Este aumento se explica por los ajustes inflacionarios y las adecuaciones que se hicieron en la planilla para implementar el nuevo Código Procesal Civil y la Reforma Procesal Laboral.

También hubo incrementos en algunas subpartidas, por ejemplo los incentivos salariales que crecieron 2,32%. En el plan de gastos del próximo año se solicitaron ¢179.812 millones, para distribuir el dinero entre 12.596 colaboradores.

El proyecto también tuvo decrecimientos, la subpartida de tiempo extraordinario disminuyó en 2,07%. En el proyecto anterior se solicitaron ¢5.095 millones y para esta ocasión el monto disminuyó a ¢4.990 millones.

La reducción en el pago de horas extras está alineada con solicitud de la Ministra de Hacienda, que el 31 de mayo afirmó que la contención de este rubro se mantendrá durante toda la administración Alvarado Quesada.

Otra importante contención del plan de gasto del 2019 se dio en las transferencias de capital que presentaron un ahorro del 68%. El rubro que se solicita para el próximo año sería de ¢1.987 millones y en el proyecto de ley anterior se contemplaron ¢6.239 millones.

¿Cuánto dinero solicitó en la última década?

Si se analizan las iniciativas de ley de los últimos diez años es notable el crecimiento registrado en el 2015, cuando se solicitaron ¢418.647 millones, lo que significó un aumento del 15% con respecto al año anterior.

El incremento se justificó por el impacto de las remuneraciones. Durante el 2014 este rubro fue de ¢317.087 millones y en el 2015 alcanzó los ¢359.041 millones. Un aumento del 13,23% si se comparan las dos iniciativas de ley.

Durante ese año se crearon 192 plazas nuevas en juzgados especializados y oficinas judiciales para proyectos de justicia restaurativa, plataformas informáticas de los sistemas de gestión o extensión de servicios médicos.

La creación de más plazas influyó en los incentivos salariales que durante el 2015 crecieron 14,79% con respecto al año anterior.

Además se destinaron más recursos para sustituir personal. En el 2014 se estipularon ¢5.312 millones en la iniciativa de ley y un año después el monto fue de ¢9.464 millones. Un crecimiento del 78%.

El dinero que se le otorga al Tercer Poder de la República es uno de los más señalados por la opinión pública. Además la negociación del presupuesto es “frustrante” a criterio de Fernando Herrero, ex ministro de Hacienda.

“El Judicial presiona diciendo que si no se le dan los recursos que pide recortará gastos esenciales, recuerdo una vez en que amenazaron con recortar al Ministerio Público. Como no hay criterios externos válidos, a todas las partes les da miedo cometer un error grave y les dan lo que pidan”, confesó semanas atrás Herrero.

Al analizar los datos de la última década se nota una contención en el presupuesto del 2013, cuando se solicitó un monto equivalente a los ¢342.070 millones, lo que significó un aumento de tan solo 1,47%, si se analizan los proyectos de ley.

Si se comparan los recursos que se solicitaron para el pago de sustitución de personal durante el 2012 se contemplaron ¢8.135 millones y en la iniciativa del 2013 se solicitaron ¢5.920 millones, por lo que entre ambos años se dio un decrecimiento del 27%.

Sin embargo, una de las subpartidas que experimentó un aumento fue la de los incentivos salariales, pero solo crecieron 3% al pasar de ¢133.499 millones en 2012 a ¢137.557 en 2013.

Históricamente la partida de remuneraciones es la que tiene el mayor impacto en el presupuesto del Poder Judicial. El año cuando tuvo mayor peso fue en la iniciativa de ley del 2010 cuando acaparó el 88% del total asignado.

En ese momento se solicitó ¢262.240 millones de un total de ¢297.043 millones. Mientras que el año donde tuvo una menor participación fue en el 2018 con 81%.