Un nuevo texto en la corriente legislativa pretende garantizar que los diez estudiantes con mayores promedios de cada colegio público tengan un cupo en las carreras de mayor demanda de las universidades estatales.
El proyecto, presentado por la legisladora oficialista Epsy Campbell, plantea también la creación de un Programa Nacional de Nivelación (PRONANI) financiado con recursos de las universidades públicas y de la cooperación externa. La entidad sugerida se encargaría de desarrollar programas de nivelación voluntaria exclusivos para los estudiantes de colegios públicos.
La propuesta ya es respaldada por legisladores como Ottón Solís, pero también cuenta con cuestionamientos desde las universidades estatales, esgrimidos por figuras como el rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen, federaciones estudiantiles y catedráticos universitarios.
#EF Explica algunas de las implicaciones del proyecto de ley, ahora en corriente legislativa.
¿Qué cambia?
La Ley para la democratización del acceso a las universidades estatales para estudiantes de colegios públicos está dividida en dos capítulos. Uno de ellos establece que todas las universidades públicas deben garantizar un mínimo del 50% de sus plazas para las carreras de mayor demanda. Alllí, los primeros cupos estarían destinados a los diez estudiantes de cada colegio público con mayores promedios. Una vez que se llenen las plazas, la mitad de la cuota sería reservada para estudiantes de zonas urbano-marginales y rurales.
En su mayoría, la composición de la matrícula de las universidades públicas está conformada por estudiantes de colegios públicos.
Los datos más recientes disponibles en CONARE, y analizados por el Quinto Programa del Estado de la Educación para el año 2013 muestran que un 69,4% de las matrículas de primer ingreso a la UCR, el TEC, la UNA y la UNED correspondían a colegios públicos. Eso no implica, sin embargo, que el resto de estudiantes provengan de colegios privados. Para ese año, 15,6% de los estudiantes provenían de colegios privados, 6,4% de privados subvencionados, 7,7% de sistemas de educación abierta, y un 0,9% correspondía a otras categorías (extranjeros, etcétera).
Según Campbell, el enfoque se encuentra dirigido hacia las carreras de mayor demanda.
"Hay una cantidad importante de estudiantes de colegios públicos que ganan el examen de admisión en las universidades estatales y, sin embargo, tienen que conformarse con estar en aquellas carreras que tienen menos exigencia, por lo que su nota de admisión es más baja" destaca la legisladora, quien afirma que los estudiantes de colegios privados suelen tener hasta cuatro veces más posibilidades de ingreso a las universidades públicas.
EF solicitó a CONARE la participación porcentual de estudiantes provenientes de colegios públicos y privados por carrera para verificar la apreciación, pero la entidad no suministró los datos.
Sin embargo, el proyecto no especifíca parámetros cuantificables para separar qué es una carrera de alta demanda y una carrera de baja demanda. Según la legisladora, la reserva de cupos se define a partir de las listas que anualmente publican las universidades después de los exámenes, pero el texto no especifica qué porcentaje de demanda insatisfecha permite determinar a una carrera en la categoría.
¿A quiénes beneficia?
Si aplicáramos la regla de los 10 mejores promedios a los 828 colegios que desarrollaron pruebas de bachillerato en el 2015, las universidades habrían tenido que asegurar el cupo a 6.231 estudiantes (existen colegios que graduaron a menos de diez estudiantes en bachillerato).
La cifra es equivalente a un 27% de los cupos abiertos en total por las universidades públicas en el 2015, pero es mayor a la suma de los cupos abiertos en ese año por la Universidad Nacional y el TEC. El proyecto no establece cómo se distribuirían los espacios para nuevos estudiantes entre las universidades.
La distribución de cupos por cada diez mejores promedios en los colegios también guarda diferencias entre zonas geográficas. En promedio, según el Ministerio de Educación Pública, en cada uno de los veinte colegios registrados en la región de Sulá, solo cuatro estudiantes logran aprobar bachillerato. En esta zona (al igual que en 378 colegios del país) la aplicación de la norma permitiría que el 100% de los estudiantes tengan asegurado un cupo en las universidades estatales, sin importar su nota de aprobación.
En otras, como el Colegio San Luis Gonzaga, de Cartago, solo un 4% de los estudiantes tendrían garantizado su cupo. Allí el año pasado 261 colegiales lograron aprobar la prueba de bachillerato.
"Esa es la intención del proyecto: calificar diferenciadamente a estudiantes con menos condiciones. No es un error: no es un tema simbólico, tiene que ver con las condiciones de los colegios rurales y urbano marginales" asegura la legisladora. Campbell afirma que es en los colegios urbano marginales y rurales donde menos se gradúan los estudiantes, por lo que sigue teniendo sentido una medida diferenciada.
Programa exclusivo, sin recursos suficientes
El segundo capítulo del proyecto se refiere a la creación del Programa Nacional de Nivelación (PRONANI): un programa opcional exclusivo para estudiantes de colegios públicos administrado por las universidades públicas. El programa pretende colaborar en la formación de estudiantes, a fin de que puedan nivelarse para enfrentarse a la educación superior.
La propuesta es descartada por el rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen.
"Es esencial tener en consideración que la formación de los y las estudiantes al finalizar la secundaria es el resultado de un largo proceso, de al menos 11 años" cuestiona. "Resultaría presuntuoso asumir que una nivelación final por parte de las universidades públicas lograría compensar las capacidades derivadas de un proceso de construcción del conocimiento de más de una década".
El PRONANI, además, sería financiado con el 0,15% del presupuesto de las universidades públicas (FEES): un monto que en el 2015 habría representado casi ¢612 millones de colones.
La cifra, sin embargo, sería insuficiente. Por ejemplo, durante el año pasado la UCR desarrolló un grupo de programas piloto de visita a colegios para mejorar habilidades comunicativas y de razonamiento cuantitativo. Una de las iniciativas se aplicó entre estudiantes de décimo y undécimo de Nicoya y Sarapiquí. Un segundo programa también brindó tutorías entre 300 estudiantes de zonas indígenas. Ambos tuvieron un costo de ¢161 millones.
Es decir, el presupuesto determinado en el proyecto de ley alcanzaría para desarrollar solo cuatro de los programas de la UCR, a escala nacional.
“Al Pronani se le identificó un primer presupuesto de 0,15%. No queríamos entrar de una sola vez pensando en una cantidad muy importante de recursos. Creo que son los que se necesitan para iniciar y que, en el futuro, tendremos que ir identificando presupuesto del propio MEP" aclara la legisladora.
Autonomía universitaria
El proyecto también recibe cuestionamientos de constitucionalidad. Por ejemplo, el rector de la Universidad de Costa Rica alega que la iniciativa podría ser violatoria de la autonomía universitaria.
"Es correcto que la Asamblea Legislativa puede legislar sobre educación superior pública, pero debe hacerlo en el marco del texto constitucional vigente, el cual - mientras no sea modificado - reconoce la plena autonomía de administración y gobierno de las universidades estatales. Esa autonomía incluye la definición de los criterios y procedimientos de admisión", asegura.
Cambell cita jurisprudencia internacional y nacional para asegurar que la autonomía de las universidades existe con respecto al Poder Ejecutivo, pero no con respecto al legislativo.
"Este proyecto respeta la plena autonomía de todas las universidades de administración y gobierno, sin embargo, identifica un problema social que viene por encima de las universidades y que plantea que hay una barre estructura para que estudiantes de escasos recursos puedan competir en igualdad de condiciones" asegura. "¿Vamos a conformarnos con universidades que en carreras especificas son elitistas? (...) Estamos renunciando a una cantidad de estudiantes extraordinarios cuyo único pecado es venir de los colegios públicos".