El pasado jueves 18 de enero después de las 11 de la noche, el Informe de la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios fue aprobado tras varias horas de discusión.
Esta comisión recomendó sanciones por parte de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) y el Ministerio Público contra funcionarios implicados en el caso del cemento chino.
El pulso político fue fuerte, por un lado el Gobierno envió un informe para que se leyera en el Plenario -lo que retrasó la discusión- y en la otra acera algunos diputados estaban urgidos de la aprobación.
Desde tempranas horas el Gobierno señaló “faltas a la verdad, inexactitudes e imprecisiones” en el informe que emitió la Comisión.
El informe determinó que el Presidente de la República aparentemente faltó a su deber de probidad en el caso de Sinocem y por eso se le remite a la PEP. El documento también señala posibles sanciones por presuntos actos de corrupción para 28 personas más, entre los que destacan los diputados Johnny Leiva, Otto Guevara, Rolando González y Víctor Morales Zapata; además se hacen señalamientos para el magistrado Celso Gamboa y el ex fiscal general, Jorge Chavarría.
¿Qué sigue?
Lo que procede a partir de este lunes, es remitir los folios con las conclusiones de la Comisión al Ministerio Público y a la PEP, para que se citen a las personas señaladas para que puedan ejercer su derecho a la defensa.
En horas de la mañana del viernes, el Presidente de la República envió una carta al procurador Ronald Víquez Solís en donde expuso:
“En ese marco y con el fin de que no exista la menor duda de mi absoluta voluntad de rendir cuentas sobre un tema en el cual he rechazado de manera categórica y reiterada haber cometido algún acto ilegal o doloso, mucho agradeceré se sirva proceder con la instrucción del proceso ya señalado en el cual desde ya me comprometo a facilitar y cooperar en todo lo que se requiera”.
Ottón Solís, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) espera que “la valentía mostrada por los miembros de la Comisión, sea empatada en el Poder Judicial”. Por eso el legislador espera que la Sala III “se matricule” y proceda debidamente.
Competencias del Legislativo para investigar
Ronny Monge, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) e integrante de la Comisión de Créditos Bancarios, asegura que la Sala IV da competencias a la Asamblea Legislativa para que investigue presuntos actos de corrupción, para que después los órganos competentes puedan ampliar la indagación y aplicar posibles sanciones.
Manrique Jiménez, especialista en derecho constitucional y administrativo, afirma que lo más importante de la Comisión, no solo es hacer la investigación, sino remitir las conclusiones a los órganos competentes.
“Lo más importante de una comisión legislativa lógicamente es (...) enviar el expediente ante los órganos competentes, para que valoren si existe algún tipo de delito para que procedan ante el Ministerio Público y sienten las responsabilidades del caso, eventualmente en contra de las personas que estén involucradas en algún tipo de ilícito”.
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Otro aspecto importante es que una resolución de la PEP -que hizo en torno al diputado Morales Zapata- establece que si bien los diputados no son empleados del Gobierno Central, sí deben de cumplir con el deber de probidad. Este dictamen permitió incluir a algunos congresistas en el informe, hacer recomendaciones y enviarlo a esa entidad para que haga las consideraciones necesarias, por ejemplo, ampliar la investigación.
La Comisión también investigó el crédito concedido por el Banco de Costa Rica (BCR) a Coopelesca para la compra de una planta hidroeléctrica a la empresa Holcim.