Empecemos por entender qué está pasando en Brasil: ayer, domingo, los diputados del Congreso de Brasil decidieron abrir la vía para hacerle un juicio político a la presidenta de la República. Es el primer paso para destituirla de su cargo.
¿Y por qué quieren que se vaya?
Aquí podemos comenzar a hacer una lista que comienza con el escándalo de corrupción de Petrobrás, empresa estatal de la cual Rousseff era el enlace con el Gobierno en la Administración de Lula Da Silva y de la cual habría recibido dineros desviados para financiar su primera campaña política, según varios reportes y confesiones. A raíz del escándalo, la actual mandataria tiene un apoyo bajo del pueblo (en torno al 10%). Sin embargo, no es por ninguna de estas razones que los diputados votaron para procesarla.
¿Entonces?
En realidad la denuncia para iniciar el juicio político vino de tres juristas brasileños (uno de ellos, fundador del Partido de los Trabajadores, al cual pertenencen Rousseff y Da Silvia) por manipulación del dinero público. Ellos la acusan de haber maquillado el presupuesto nacional con dinero de bancos públicos para no evidenciar el déficit presupuestario que vivía el país en el año de su reelección, en el 2014.
¿Pero eso ya está probado?
No. Para iniciar un juicio político no se necesita que un juez imparcial haya juzgado previamente al mandatario para determinar si es o no culpable. Como lo indica su nombre, el juicio político es un recurso legal que pueden utilizar las dos cámaras de representantes del sistema, integradas por puros políticos de diferentes partidos, para destituir al presidente de su cargo cuando hay una causa abierta, explicó el analista internacional, Alejandro Barahona. "Es una decisión absolutamente política y parcializada", comentó el especialista.
De hecho, las razones que dieron los representantes para votar a favor del juicio se alejaron en buena medida del problema central, justificando su voto en su religión, sus hijos, sus nietos y la eliminación de la educación sexual en las escuelas.
Eso no suena muy democrático...
Puede no serlo, pero es legal. Lo cierto es que ya varios organismos internacionales se han opuesto a este tipo de procesos. Lo que se preguntan es: ¿si el pueblo los eligió, no debería ser el pueblo también quien los destituya? Esa pregunta queda, todavía, abierta.
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¿Qué sigue ahora?
La segunda cámara de representantes, el Senado, que se supone tiene miembros de más "estatura política", debe aceptar el voto de los diputados. De los 81 miembros, la mitad debe votar a favor. Si eso sucede, se abre definitivamente el juicio político y Rousseff quedará suspendida durante al menos seis meses. Si no, el caso se archiva.
¿Y eso podría suceder en Costa Rica?
No exactamente. Existe el voto de censura entre los diputados, pero es simplemente eso: una censura moral sin ningún tipo de consecuencia. El caso más parecido que se ha visto en el país en la historia reciente fue el plebiscito contra el alcalde de Pérez Zeledón, Luis Mendieta Escudero, a quien el pueblo decidió destituir en el 2011, recortó el politólogo Daniel Calvo.
¿Por qué este escándalo contra Rousseff debería importarnos?
Brasil es la economía más grande de Latinoamérica. En este momento, está sumida en una recesión que le resta puntos a la economía latinoamericana. Conforme la situación se prolongue, será peor, pues las empresas y los inversores congelan sus apuestas hasta que encuentren algún tipo de estabilidad política.
También el escándalo se une a la debacle de la izquierda en Suramérica, que ya suma el fracaso del Kirchnerismo en Argentina, la negativa a que Evo Morales pueda reelegirse en Bolivia y la crisis que vive el Chavismo en Venezuela.