El fin de semana anterior, un poco más de dos millones de hondureños acudieron a las urnas en las elecciones primarias de los dos principales partidos políticos y un nuevo partido, sin embargo, aún no conocen a sus ganadores.
Las elecciones primarias de las dos fuerzas políticas dominantes –Partido Liberal y Partido Nacional– se han convertido en un desorden que ni la autoridad electoral ha podido controlar.
El Tribunal Supremo Electortal (TSE) informó que el precandidado del Partido Liberal, Mauricio Villeda, aventajaba a su principal contrincante, Yani Rosenthal, por ocho puntos. Mientras tanto, el Partido Nacional –en el poder– el actual presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, ganaba por 3 puntos al edil de la capital hondureña, Ricardo Álvarez, quien se proclamó ganador la noche del domingo de las elecciones.
“La información que tenemos es que Hernández (Juan Orlando) aventaja por poco a Álvarez (Ricardo) y pedimos que esperemos el conteo y revisión de actas”, decía Enrique Ortes, uno de los tres magistrados del TSE.
El problema es que ambos candidatos del oficialismo –de siete corrientes inscritas– se declaran ganadores, se acusan de fraude mutuamente y piden conteo de votos, algo que la autoridad electoral descarta.
“Hemos tenido el proceso más transparente en la historia y los avala el G-16, empresarios y personal diplomático. Si existen errores fueron por los mismos partidos políticos que dieron la información en las mesas electorales”, señalaba Enrique Ortes.
Aunque es posible que se mantenga la información preliminar y los ganadores, es facti ble que se den cambios a nivel de alcaldías y diputaciones.
Lo único claro del proceso electoral es la participación del nuevo Partido Libertad y Refundación (Libre) que controla el depuesto presidente Manuel Zelaya, y que lleva como candidata presidencial a su esposa, Xiomara Castro. El nuevo Partido se convirtió en la tercera fuerza política en Honduras con más de 500.000 votos, pero lejos de sus proyecciones iniciales –de más de un millón de simpatizantes–. Además, existen denuncias de haber “inflado” las urnas, de acuerdo con “incongruencias en votos y material electoral”, que se encuentra en la revisión que hace el tribunal electoral.
Revisión
El auditor internacional, Teodoro Dole, pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) recontar 1.200 actas en las que se han detectado inconsistencias que representan unos 100.000 votos distribuidos en los tres partidos que participaron en las elecciones primarias. Estas 1.200 actas representan un 14% de un promedio de 8.000 actas procesadas en los tres niveles electivos de los tres partidos al cierre de esta semana.
También representan un 10% de las 22.914 maletas electorales que se distribuyeron en el país.
Aún están pendientes de procesar unas 57.000 actas en el nivel presidencial (86% en los tres partidos), de manera que las inconsistencias pueden aumentar si se siguen detectando los mismos problemas.
Dole, de origen peruano, es el mismo que realizó la auditoría en las elecciones generales de 2009.
El consultor internacional precisó que las inconsistencias detectadas en este primer informe tienen su origen en varias situaciones: actas que venían en blanco, adulteradas intencionalmente, mal tabuladas, ausencia total de firmas, menos firmas de las requeridas, manchas, corregidas de manera ilegible y actas que contenían los votos de un solo candidato, número de votos mayores a la carga electoral y número de votos mayores a las papeletas recibidas por urna.
El representante de la empresa auditora dijo que, excluyendo las actas manipuladas intencionalmente, las otras no se pueden considerar como constitutivas de fraude electoral.
Conadeh
El comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Ramón Custodio López, exhortó a los precandidatos que tienen márgenes estrechos de diferencia, a que exijan que los resultados finales estén apegados al contenido de las actas de cierre.
El Conadeh destacó en su informe preliminar que cualquiera que haya sido la causa, la falla del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) afectó negativamente un proceso que comprometió el empeño de todos los involucrados. En el informe se establece que la mayoría de las Mesas Electorales Receptoras (MER) pudieron instalarse y abrirse en el debido tiempo y forma.