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Aunque el plazo formal es de un mes, la Asamblea Legislativa requirió de 22 y 16 meses para designar al nuevo magistrado de la Sala Constitucional en las dos últimas ocasiones en que tuvo ese nombramiento en sus manos; en promedio, un año y siete meses. Esto permite augurar un trámite complicado para nombrar al sucesor del fallecido Luis Paulino Mora, proceso sazonado además por el año electoral.
Los datos del Departamento de Servicios Parlamentarios, de la Unidad de Análisis de la Gestión Parlamentaria, registraron que la anterior Asamblea empezó a tramitar el nombramiento de Fernando Castillo el 15 de enero del 2008 y lo aprobó el 17 de noviembre del 2009, mientras que los actuales diputados lograron reducir cuatro meses ese trámite, para elegir a Paul Rueda: iniciaron el proceso el 9 de febrero del 2010 y lo culminaron el 23 de junio del 2011.
El trámite no siempre tiene que ser tan extenso: el nombramiento de Fernando Cruz apenas requirió cuatro meses, al iniciarse en junio del 2004, y finalizarse en octubre de ese mismo año. Curiosamente, este magistrado que logró que el Parlamento se pusiera de acuerdo tan rápido, ha sido el eje del último choque de poderes, ya que los diputados intentaron en noviembre no reelegirlo. El caso pasó a la propia Sala IV, ya que varios diputados e incluso miembros del Poder Judicial alegan que los legisladores sobrepasaron el plazo legal para pronunciarse.
Ante este contexto, se podría dar un trámite tormentoso. Los nombramientos de Castillo y Rueda se realizaron sin la agitación del período de proselitismo; en este caso, aumenta la tensión, ya que la campaña calentó con la inminente designación de Johnny Araya como candidato presidencial del PLN, mientras en el PAC Epsy Campbell anunció su aspiración y en el Movimiento Libertario Otto Guevara reconsideró la posibilidad de aspirar a Zapote. Además, el PUSC celebra este domingo sus asambleas distritales, con lo que sus procesos, iniciados con las precandidaturas de Roberto Suñol y Pedro Suñol, reciben el banderazo de salida formal.
Elegir un magistrado para la Sala IV, cuando todavía está en el aire el "llamado de atención" que querían realizar con la no reelección de Cruz, y las aguas electorales en ebullición, no se presenta como decisión fácil, aunque la normativa estipula que el plazo formal es un mes. Lograr un acuerdo de 38 diputados y sortear los vetos a nombres que suenen poco potables, particularmente en un período electoral, atenta contra ese plazo.
