Los empresarios agremiados en la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) hicieron público su disgusto este martes por un decreto del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) que extiende el cobro del impuesto sobre las ventas a las Áreas Silvestres Protegidas, por considerar que prestan servicios de recreo.
El cobro comenzaría el 30 de julio próximo.
Según la agrupación, esta acción del Minae provocaría un incremento en las tarifas de algunas actividades turísticas y los obligaría a replantear sus productos, entre los que se incluyen visitas a parques nacionales.
También reclaman la perdida de competitividad en la actividad y prevén que algunos operadores incurran en pérdidas al cobrárseles el tributo de manera retroactiva.
La agrupación argumenta que la directriz del Ministerio pretende establecer un tributo en actividades de tours que no estaban contempladas. Para esto se estaría basando en una directriz del Ministerio de Hacienda del 2006 que interpreta la Ley del Impuesto sobre las Ventas.
De acuerdo con cálculos de los empresarios turísticos, el aumento en las tarifas se traduciría en un día menos de estadía de los visitantes extranjeros y generaría $184 millones menos de ingresos.
Entre las actividades afectadas se cuentan: canopy, senderismo, rafting, buceo y surf, entre otras.
Origen de la disputa
Pablo Heriberto Abarca, presidente de Canatur, explicó que el origen del problema nace en el decreto del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), del 30 de abril de este año, que establece un incremento en las tarifas a las Áreas Silvestres Protegidas.
Ayer, el diputado liberacionista Rolando González se manifestó en contra de esta medida, pues considera que el Minae intentó hacer -mediante un decreto- una interpretación auténtica de ley, misma que solo puede hacer la Asamblea Legislativa.
"Se pretende establecer, por esta vía ilegítima del Ministerio de Hacienda, la obligatoriedad de recaudar en actividades de tours que no estaban contempladas y violentando aún más el alcance de la norma, deciden cobrar esta tarifa, con carácter retroactivo de 384 meses después de que existe la norma. Se le da la ingrata noticia al sector turístico y de tours operadores de que tienen que pagar éstas inconmensurables sumas", reclamó el diputado.
Kathia Valverde, jerarca de la Asociación Costarricense de Operadores Turísticos (ACOT), indicó que el incremento en las tarifas se traslada directamente a los empresarios, pues los paquetes para mayoristas se cerraron desde meses antes.
En una conferencia de prensa organizada por Canatur, Luis Vasquez, diputado del partido Unidad Social Cristiana y presidente de la Comisión de Turismo de la Asamblea Legislativa, también acuerpó el reclamo del gremio por considerar que no se hizo una interpretación auténtica de la ley.
Valverde afirmó que entre las propuestas de los empresarios está una prórroga por al menos dos años del trámite.
La Cámara no descarta llevar este caso a un proceso contencioso administrativo.