Sin explicar cuánto ahorro generará para las arcas del Estado en tiempos de déficit fiscal, el presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó una directriz, este martes, para suspender los contratos de televisión por cable o satelital en las instituciones del Gobierno Central.
La medida busca que no se renueven los contratos relacionados con estos servicios de televisión, por lo que una vez que finalicen los que están vigentes, los empleados públicos que laboran entidades del Gobierno Central se quedarán sin este beneficio.
La Directriz N° 007-H ordena suspender el inicio de procesos de contratación que conlleven nuevas obligaciones para el Gobierno, relacionadas con los servicios de TV paga por cable o satélite.
En el caso de los contratos que ya iniciaron el trámite, pero todavía no han sido adjudicados a ninguna empresa proveedora, le corresponderá al jerarca de cada institución definir la rescisión de estos servicios.
Aunque la directriz solo se puede aplicar sobre las instituciones del Gobierno Central, Alvarado instó a las empresas autónomas, semiautónomas y a los poderes Legislativo y Judicial para que apliquen la misma acción de recorte a los servicios de televisión por cable y satelital.
Buenas acciones, buenas señales
El documento firmado por el mandatario y por Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, se suma al paquete de 28 acciones para contener el gasto público, que presentó el Ejecutivo la semana anterior.
Aunque se desconoce el monto del ahorro que generará dejar son televisión por cable a los empleados del Gobierno Central, Aguilar había anunciado que algunos recortes serían señales “simbólicas” para dar mensajes de austeridad en momentos de estrechez fiscal.
El compendio de medidas que puso en marcha el Gobierno pretende generar ahorros y recortes en salarios de empleados públicos, uso de plazas vacantes en el sector público y modificaciones al presupuesto.
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Estas iniciativas buscan generar un ahorro de ¢48.962 millones durante el primer año. Los ajustes en salarios y plazas del sector público se traducirán en una reducción de ¢44.864 millones, mientras que las modificaciones presupuestarias tendrán un impacto de ¢4.142 millones.
El Gobierno anunció que las 28 acciones son medidas que estaban a la mano y que se podían implementar mediante directrices, decretos y proyectos de ley, pero sumará otras acciones en el futuro.
Aguilar también dijo a los diputados en sus comparecencias del miércoles 30 y jueves 31 de mayo, que elaborará un nuevo proyecto de ley de empleo público para cambiar el esquema salarial y los incentivos que recibirán los nuevos funcionarios del Estado en el futuro. Esta propuesta será enviada a la Asamblea Legislativa en mayo del 2019.
La voluntad del Gobierno
El paquete de acciones para contener y recortar el gasto público busca generar ahorros para las arcas del Estado y se convierten en señales políticas para que los diputados revivan el trámite de la reforma fiscal en el Congreso.
El déficit financiero del país alcanzará el 7,1% del Producto Interno Bruto (PIB) a diciembre del 2017 y cerrará el 2019 en un 7,9% de la riqueza nacional, según estimaciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Mientras esto ocurre, el Gobierno, las calificadoras internacionales, el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), llevan años de alertar al país sobre la necesidad impostergable de aprobar una reforma fiscal que permita reducir el déficit financiero del país para evitar una crisis económica en los próximos años.
Incluso el Banco Mundial y la OCDE emitieron comunicados a favor de las medidas de recorte anunciadas por el gobierno de Alvarado e instaron a los diputados para que aprueben el proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que se dirime en Cuesta de Moras.
¿Reforma fiscal revive?
Carlos Avendaño, jefe de fracción del Partido Restauración Nacional (PRN), aseguró que están dispuestos a presentar una nueva moción para retomar la vía rápida del proyecto fiscal.
En la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), también confirmaron el inicio de las negociaciones entre jefes de fracción para que se instaure la Comisión de Reforma Fiscal, se convoque a técnicos del Ministerio de Hacienda que expliquen el texto y se habiliten dos días de mociones para hacerle los cambios que pidió Aguilar. Así lo explicó Carlos Ricardo Benavides, líder de los diputados liberacionistas.
Para Erwen Masís, jefe de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), existe un buen ambiente entre los diputados para que la reforma fiscal retome su rumbo y se apruebe en los próximos meses.
La prioridad, de acuerdo con Masís, es evitar que las calificadoras de riesgo degraden la deuda soberana del país después de que se cumplan los primeros 100 días del gobierno de Alvarado.