La discusión sobre el manejo ético de la crisis en Zapote, con motivo del viaje de la Presidenta al Perú, no se quedarán en el ámbito legal, donde hay áreas grises que se deben aclarar.
Más allá de ello, la polémica por la forma en que Laura Chinchilla actuó en el caso tendrá efectos muy concretos para la ya disminuida capacidad de maniobra del Gobierno, en su último año.
El vuelo a Perú en un jet privado está en estudio y abre un nuevo e innecesario frente legislativo, con una investigación en ciernes, pero no es el único.
Si la Procuraduría de la Ética dictara un criterio condenatorio contra la Presidenta, se convertiría en un impacto bajo la línea de flotación de una gobernante que llegó al poder con el lema de “firme y honesta”.
Ya está pagando un precio alto. Aunque no ve delito en el uso de un avión ajeno por parte de la presidenta, Jorge Vargas Cullel sí cree que Chinchilla aún debe en materia de la ética de la responsabilidad política.
Para el director interino del Programa Estado de la Nación, aún está en el aire si la Presidenta debe disculparse por el grado de responsabilidad que tuvo al aceptar viajar en un avión privado sin mayores indagatorias.
“El tema de la ética de la responsablidad política no ha sido bien abordado y queda en el aire si la Presidenta asume o no su responsabilidad propia en este caso o si la traslada a teceros”, cuestionó Vargas.
Ese vacío causado por las respuestas aún sin aterrizar, empero, no sería el aspecto más grave.
Gilberth Calderón, procurador de la Ética, reconoció que las leyes no manifiestan cuál órgano del Estado sería el encargado de dictar una sanción contra la Presidenta, en caso de determinarse que sí es responsable de incumplir los lineamientos éticos de la función pública.
¿Por encima de la ley?
Pese a la trascendencia del asunto, la Procuraduría afirma que en el proyecto de reformas a la Ley contra la corrupción en la función pública no se incluyeron los cambios para llenar ese hueco normativo.
La razón de omitir un cambio en ese apartado, según Calderón, es que, pese a su trascendencia actual, al momento de plantearse el proyecto de reforma, el tema no fue parte de la discusión.
Estos nubarrones aumentan el problema.
Jerry Campos, abogado y consultor jurídico en temas de ética pública, manifestó que esos vacíos podrían elevar el termómetro del descontento popular, al darse por sentado que las responsabilidades por el viaje a Perú no se le podrían cobrar a la Presidenta, trayendo el asunto al ámbito de la impunidad.
Según el análisis de Campos, la gobernante y su equipo violentaron el Artículo 20 de la ley contra la corrupción, donde se estipula el régimen de donaciones y obsequios para burócratas.
El jurista también citó posibles violaciones al Artículo 103 de la Ley de la Administración Financiera que dispone el trámite de las donaciones al Estado.
“Hay vacíos en la legislación, de acuerdo, pero la Presidenta no puede eludir su responsabilidad o hacerse de la vista gorda”, dijo.
Impacto directo en la imagen
Esa cadena de hechos lleva a cuestionar si la imagen de la Mandataria puede caer más allá del 55% de opiniones negativas que registró en marzo, en la encuesta de Unimer para La Nación .
Esto aumentaría el lastre que ya carga la administración.
Empero, Miguel Martí, experto en imagen de la empresa The Map, no se atrevió a vaticinar cuál sería el impacto en la imagen presidencial de una eventual condenatoria en el ámbito moral.
Sí reconoció que la reacción generalizada ante el vuelo privado demuestra que los costarricenses creen que no es correcto que los gobernantes reciban favores de empresas o personas.
“Este tema revela un nivel de ingenuidad pasmosa que en la vida cotidiana sería una cualidad, pero que no es aceptable para quienes desempeñan cargos públicos”, estimó.
El politólogo Fernando Zeledón cree que el golpe irá directo donde más le duele al Gobierno: la lucha contra el narcotráfico.
“Esa es la bandera de la Presidenta y ahora, ella misma, se encarga de arriarla por puro descuido. Queda limitada para resaltar logros del último año”, recalcó.
Presidenta sola y vulnerable
La baja legitimidad de Chinchilla podría complicarle el cierre de su periodo, al estar cada vez más sola y rodeada de una débil institucionalidad que la acuerpa a medias, descuidando flancos sensibles.
Precisamente Vargas señala que esa carencia de un equipo de asesores de alto nivel, que gocen de alta capacidad técnica y política, quedó evidenciada con esta crisis.
Eso se paga. Según el politólogo Constantino Urcuyo, esas carencias y debilidades del Gobierno influyen en el acelerado proceso de pérdida de confianza en la democracia.
Para Urcuyo, ese ambiente impediría que durante sus últimos 11 meses en el poder la administración Chinchilla logre impulsar cambios estructurales. “El escándalo del vuelo a Perú desestabiliza y amenaza con paralizar los proyectos del Gobierno. Cualquier proceso de toma de decisiones va a estar obstaculizado, porque no hay legitimidad”, añadió.
La pista en la que aterrizó el escándalo no podía ser peor, pues los partidos se encaminan hacia una campaña electoral que vislumbra dura para el Gobierno y el Partido Liberación Nacional (PLN), que no se desmarca de la mala racha presidencial.
Además, el hecho amenaza con tensar más las frágiles relaciones que tiene la gobernante con el sector empresarial, del cual se aleja más al ordenar que no se usen más aviones privados durante lo que resta de su gestión, poniendo en entredicho las intenciones de ese grupo.
Virar o chocar
Ante ese panorama, los expertos consideran necesario un giro en la ruta de vuelo trazada por la Presidenta para su último año.
El 1° de mayo Chinchilla hizo un llamado al diálogo nacional para resolver los problemas.
Vargas opinó que los últimos hechos dilapidaron el apoyo político que pudo haber conseguido con la visita del presidente norteamericano Barack Obama, por lo que sugiere que el viraje sea hacia la obtención de metas pendientes.
Así que la Mandataria deberá reprogramar su ruta, con realismo, y evitando la turbulencia de más complicaciones éticas.
Gobierno de escándalo
Conflicto con Nicaragua: Mal manejo del dragado del San Juan causó salida de René Castro de Cancillería y de José M. Tijerino de Segurida Pública.
La trocha: Escándalos por presunta corrupción en el Conavi relevaron del MOPT a Franscico Jiménez.
Evasión: Irregularidad tributaria le desarticuló el Ministerio de Hacienda a Chinchilla, con la salida de Fernando Herrero y Francisco Villalobos.
Vuelos privados: Favor de empresario colombiano cuestionado hizo que rodaran cabezas de Francisco Chacón, Mauricio Boraschi y de la asistente presidencial, Irene Pacheco.
Fuente Archivo EF.