Por: Manuel Avendaño A..   16 julio

¿Qué sucederá con Uber en Costa Rica? Analizamos el tema con Andrés Echandi, gerente general de Uber.

Posted by El Financiero on Tuesday, July 10, 2018

Uber y Airbnb irrumpieron en el mercado costarricense durante el primer gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC) para convertirse en una alternativa popular entre los usuarios y una piedra en el zapato del expresidente Luis Guillermo Solís.

El gobierno anterior fue incapaz de generar regulaciones para los servicios que ofrecen estas apps en el país. Faltó apertura y voluntad, según acusan los voceros de ambas empresas estadounidenses.

Nacidas en San Francisco, California, la cuna de la economía colaborativa, Uber y Airbnb llegaron a Costa Rica para quedarse contra la voluntad de propios y extraños. ¿Quién detiene el intercambio de bienes y servicios con la intermediación de la tecnología?

Carlos Alvarado fue claro desde la campaña electoral y enfatizó que los servicios de transporte de personas y de alquiler de aposentos que ofrecen estas aplicaciones deben regularse, sí o sí.

Entonces, ¿cómo hacerlo?

Ambas empresas están de acuerdo con buscar una normativa y, además, creen en una mayor apertura del nuevo Presidente para lograrlo.

Desde Zapote soplan vientos favorables para construir un acuerdo con las compañías de economía colaborativa. “El país no puede cerrar los ojos ante estas nuevas tecnologías, por eso es importante avanzar en algún momento hacia esas regulaciones, apegados siempre a la ley y el Estado de Derecho”, indicó Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia.

El estatus del diálogo

Tras una convulsa semana de bloqueos en las carreteras del país, el pasado miércoles 4 de julio el Gobierno y los taxistas suscribieron un acuerdo para apaciguar los ánimos exacerbados desde hace tres años con el inicio de operaciones de Uber en Costa Rica.

El Ejecutivo y los líderes de los taxistas acordaron que el Consejo de Gobierno se pronunciará en 45 días sobre el posible cese de operaciones de Uber en Costa Rica.

También se “intensificaron” los controles de tránsito contra Uber, se cuantificarán las implicaciones fiscales de las operaciones de la empresa en el país y se revisará el funcionamiento del Centro de Excelencia que mantiene la compañía californiana en La Ribera de Belén. Todo esto a pedido de los taxistas.

A cambio, el Gobierno condicionó a la autodenominada “Fuerza Roja” y les dio un ultimátum: no más bloqueos en carretera y deben sentarse en las mesas mixtas de diálogo para buscar opciones que permitan mejorar el transporte público en Costa Rica.

Una semana después y ya con los ánimos más apaciguados, Uber envió varios mensajes clave en una entrevista con EF.

La compañía estadounidense está completamente abierta y “feliz” de negociar una regulación en Costa Rica . De hecho, aseguran sentir una mayor apertura del nuevo Gobierno con respecto al de Luis Guillermo Solís.

Uber Costa Rica ve a Carlos Alvarado como un líder joven y “moderno” que sabrá buscar opciones para regular una actividad de transporte privado, que se convirtió en fuente de ingresos para 21.000 conductores justo cuando la tasa del desempleo del país ronda el 10,5%.

Las palabras de Andrés Echandi, gerente general de Uber Costa Rica, fueron bastante claras: el Gobierno debe buscar una regulación, pero esta no puede ser igual a la que rige para los taxis.

El argumento de la corporaciónes es que los servicios de transporte que ofrecen los conductores asociados a la app se amparan en un contrato privado con el usuario que solicita los viajes. La plataforma solo opera como intermediaria para facilitar la conexión entre ambos y cobra una comisión del 25% por ello.

En el caso de Airbnb, la app más popular del mundo para alquilar habitaciones, apartamentos y casas, el diálogo se reanudará con la nueva administración, ya que con la anterior las negociaciones encallaron.

A setiembre del 2017, Airbnb había propuesto al Ministerio de Hacienda cobrar el 13% del impuesto de ventas como una retención a cada servicio que se contratara mediante la app en el país y transferir el dinero al Gobierno.

El auge de Airbnb

Anfitriones 8.000
Aposentos 14.000
Visitantes 260.000

Fuente: Airbnb, datos a setiembre del 2017.

Sin embargo, Hacienda quería que Airbnb le diera la información de todas las personas que tienen registradas casas, apartamentos o habitaciones para alquiler en el país. El objetivo era, no solo cobrar el impuesto de ventas, sino también el tributo de renta y otras cargas por operación ante las municipalidades.

La diferencia de intereses entre ambas partes llevó las negociaciones a un punto muerto y por eso Airbnb decidió espera el cambio de Gobierno para reanudar el diálogo.

Airbnb reportó 8.000 anfitriones y 14.000 aposentos registrados en Costa Rica a setiembre del 2017.

¿Cómo se pueden regular?

Varias tesis confluyen en el mundo sobre la economía colaborativa como una respuesta ante vacíos del mercado e incluso ante la misma ineficiencia de los servicios del Estado.

La economía colaborativa o sharing economy es un nuevo modelo de intercambio que se basa en tres principios: la interacción entre el productor y el consumidor, la conexión de ambos actores gracias a la tecnología y la colaboración entre todas las partes.

En el mundo, los gobiernos, las escuelas de leyes y los mismos usuarios discuten la forma mediante la cual se deben regular Uber y Airbnb.

Es un hecho que estas actividades requieren una normativa diferente para definir qué se regula: los servicios que ofrecen los socios (propietarios de vehículos y dueños de casas para alquiler) o las empresas que facilitan la intermediación mediante sus apps, es decir, Uber y Airbnb.

Algunos países encontraron la respuesta a este dilema y optaron por regular las dos actividades.

En Portugal, por ejemplo, Uber empezó a operar en el 2012 y tras una serie de protestas de los taxistas, el gobierno de ese país decidió aplicar un mecanismo de doble regulación.

(18-07-2014). Aplicacion Airbnb para Costa Rica. Fotografia Marcela Bertozzi
(18-07-2014). Aplicacion Airbnb para Costa Rica. Fotografia Marcela Bertozzi

Portugal le cobra el impuesto de ventas y de renta a Uber por las operaciones que tiene la empresa en el país, pero también gravaron de forma directa los servicios de transporte que ofrecen los socios conductores.

De hecho, Uber está de acuerdo con una regulación similar. Andrés Echandi, gerente general de Uber Costa Rica, comentó que tienen propuestas para presentarle al Gobierno con el fin de pagar una tarifa fija por cada servicio que ofrecen sus choferes socios en las cuales se puede aprovechar la factura electrónica.

La empresa aclaró que está legalmente constituida como una sociedad anónima en el país, paga los impuestos por sus operaciones y tiene a sus empleados en planilla ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

“Sobre los casos específicos de las plataformas tecnológicas de servicios como Uber y Airbnb, es una labor de la Asamblea Legislativa el adoptar leyes y del Gobierno el generar y construir las oportunidades de diálogo para facilitar que lleguen a feliz término las posibilidades de legislar”, Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia.

Airbnb siempre ha mostrado apertura con el Gobierno para buscar un mecanismo que le permita pagar impuestos a Hacienda, pero defiende férreamente la privacidad de los datos de quienes tienen casas o apartamentos para alquilar en Costa Rica.

El Ministerio de Hacienda informó que ya se incluyeron cambios en el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que se trámita en el Congreso con el fin de cobrar el futuro Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los alquieres que se contraten por medio de Airbnb.

Hacienda también explicó que los nuevos jerarcas de la institución no han tenido reuniones con representantes de Airbnb para negociar una forma normativa o forma de pago de los impuestos correspondientes.

Lo cierto es que la economía colaborativa llegó para quedarse, para ofrecer empleo y dinamizar el intercambio de servicios en el país. Ahora depende del Gobierno, los diputados y las propias empresas apurar el paso para buscar regulaciones.

El único cuidado que debe tener el país es aprobar una ley o norma lo suficientemente flexible para que no pierda vigencia con un modelo de negocios que cambia todos los días y se actualiza constantemente ante las demandas del mercado.