Será el próximo 25 de julio cuando los cambios aprobados al Código de Trabajo de Costa Rica se deberán llevar a la práctica.
Varias fueron las nuevas exigencias planteadas, pero al menos tres de ellas estarían demando una presión extra al Poder Judicial para su ejecución y, al mismo tiempo, estarían poniendo en jaque los objetivos perseguidos con la reforma.
Se trata de la asistencia legal gratuita, la aplicación de la oralidad en los procesos y nuevos plazos en los tiempos de respuesta en procedimientos ordinarios y especiales.
Solo para esas nuevas reglas planteadas, los recursos humanos, financieros y de infraestructura actuales son señalados como insuficientes.
Sin embargo, el Poder Judicial, que contó con un periodo de 18 meses de preparación para la puesta marcha, insiste en que “con lo que tienen” podrán salir adelante, al menos, en el arranque de la reforma, y aseguran que seguirán preparándose para los nuevos requerimientos.
En enero del 2016, la Ley de Reforma Procesal Laboral fue firmada por el presidente Luis Guillermo Solís en un acto donde calificó el hecho como un “gran acuerdo nacional” que modernizaría, 70 años después, la Jurisdicción Laboral costarricense y que beneficiaría los derechos de los trabajadores.
Abogado del Estado
Es quizás la incorporación de la defensa pública gratuita para personas en condición de vulnerabilidad socioeconómica el cambio que más impactaría el funcionamiento judicial.
A la fecha, no se necesita de un abogado para plantear una demanda laboral. Con la reforma, será obligatorio contar con un jurista durante todo el proceso.
Para que ese cambio esté al alcance de toda la población, el Estado entonces brindará defensa pública a aquellos trabajadores que lo requieran y que cumplan con la condición de recibir un salario menor mensual a los ¢852.400 (monto para el 2017), aproximadamente.
Según estimaciones propias del Poder Judicial, con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), un 90% de los trabajadores activos del país podrían optar por esa ayuda.
“El monto tuvo que haber sido menor. Hablamos de una condición que puede poner en jaque el cumplimiento de la reforma en toda su extensión”, sostuvo Marco Durante, abogado en derecho laboral de la firma BDS.
Y la presión va más allá. La nueva normativa también señala que sin importar lo que gane el trabajador, y si esta es madre, menor de edad o su caso alega discriminación podrán optar por defensa pública gratuita.
Entonces, suponiendo que se cumple alguna de esas condiciones, las personas podrían verse motivadas a interponer denuncias ante los tribunales. No obstante, ¿tendría el sistema el personal suficiente para hacerle frente a la demanda?
La repuesta es no. Por ello, el Poder Judicial aseguró que salió a reclutar abogados que quieran convertirse en defensores públicos en materia laboral. Así, la entidad sumó 72 nuevas plazas para hacerle frente a ese lineamiento solo durante este 2017. Una cifra muy por debajo a la que había sostenido la entidad era idónea para ese año: un mínimo de 100.
De acuerdo con Julia Varela, magistrada de la Sala Segunda, será en la práctica cuando se irán valorando las necesidades reales que plantea la reforma. Aseguró que se trabaja en una proyección para el 2018 de la cantidad de plazas que se requieren y de cuánto le significaría eso, en presupuesto, al Poder Judicial.
“(...) Sí, los recursos que llegan al Poder Judicial vienen del Estado, pero entonces si nos dieron esa obligación tenemos que hacer ver esos requerimientos. Vamos a estar preparados, es mucho lo que nos espera pero estamos asumiendo el reto”, sostuvo quien también es coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción Laboral en dicha entidad.
El Poder Judicial no tiene entre manos una labor fácil, la necesidad de más plazas y de presupuesto para dotar a la defensa pública llega en momentos cuando este poder del Estado enfrenta fuertes demandas de austeridad en su gasto.
Por ejemplo, según la Unidad de Datos del diario La Nación , para el 2016 la entidad incluyó en su plan de gastos 17 incentivos, que suman más de ¢121.400 millones; un tercio de su presupuesto.
Audiencia oral
La reforma apuesta por la oralidad en sus procesos. Tal condición se hará más evidente en la audiencia.
Es decir, “las resoluciones (...) se dictarán oralmente y quedarán notificadas las partes en ese mismo acto con la sola lectura”, indica la Ley.
El cambio supone procesos más expeditos y, nuevamente, la falta de personal se muestra como una de las limitantes para alcanzar esa celeridad en las audiencias.
Al mismo tiempo, se requerirá de más espacios (salas de juicio, por ejemplo) que permitan la atención de esos casos, que se esperan aumenten con la entrada en vigencia de la legislación.
“Si no nombramos más jueces, no tenemos más auxiliares o más salas de juicio, nada hacemos con un código perfecto sin una aplicación efectiva”, sostuvo Froylán Alvarado, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
Plazos, ¿ágiles y viables?
Por su parte, la reforma establece procedimientos especiales a los cuales les pone un proceso de respuestas corto.
Paola Gutiérrez, especialista en Derecho del trabajo, explicó que todo lo relacionado con el tema de foros especiales y regímenes de discriminación, la ley dice que se le tiene que dar curso en un periodo de 24 horas con carácter prioritario.
“Eso incluye una eventual, reinstalación de los trabajadores afectados y de una intervención inmediata por parte del Poder Judicial”, agregó Gutiérrez.
Sin embargo, el panorama se complicaría todavía más en lo referente a la declaratoria de legalidad de una huelga; actualmente, un juez tiene alrededor de cinco días para ello, con la reforma, la intervención deberá ser inmediata.