Costa Rica destinó ¢563.000 millones en el 2013 para hacerle frente al eventual pago de indemnizaciones por demandas contra varias instituciones del Gobierno Central en los ámbitos nacional e internacional.
Según un informe realizado por la Contraloría General de la República (CGR), el Gobierno Central reservó ¢344.000 millones para cubrir el posible pago de juicios ante tribunales costarricenses y otros ¢219.000 millones para litigios planteados contra el Estado a nivel internacional. Ninguna de las dos cifras se ejecutó en su totalidad.
Este monto casi duplica el presupuesto total del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para el 2014, que es de ¢302.000 millones.
La contralora Marta Acosta advirtió que la cifra de pasivos para cubrir las probables indemnizaciones podría ser mayor, debido a que varios ministerios no reportaron sus previsiones a la oficina de Contabilidad Nacional el año pasado.
Entre esas entidades están el MOPT, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La Junta de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) tampoco reportó sus cifras para hacerle frente a indemnizaciones.
El ente contralor tampoco cuenta con los datos de las entidades autónomas, desconcentradas, ni de las 81 municipalidades.
La Contraloría no tiene reporte de cuánto de ese dinero se utilizó ni cuánto queda disponible en las diferentes instituciones. Según señaló, las entidades tampoco llevan un inventario de en cuántos juicios están involucrados.
En el 2012, informó Acosta, la reserva para el pago de posibles condenas contra el Estado fue de ¢1,2 billones, cifra que tampoco se puede considerar como definitiva debido a la falta de datos en los estados financieros de las entidades públicas.
En el caso de la Contraloría, la entidad ha tenido que hacer frente a 403 procesos judiciales entre el 2008 y el 2014, de los cuales 134 aún están por resolverse.
De ese total, 358 casos corresponden a demandas contra el órgano contralor y 45 son procesos que inició la Contraloría en contra de personas físicas y jurídicas.
Según Marta Acosta, el debido acompañamiento a esos litigios conllevó a que la entidad fiscalizadora resultara condenada solo en un 7% de los casos.
Federico Castro, gerente del área de Administración Financiera de la República, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR, indicó que las demandas más cuantiosas son aquellas relacionadas con la contratación administrativa.
Castro también enumeró entre las demandas más frecuentes contra el Estado las de carácter tributario, por expropiaciones de terrenos, por desalojos, por construcciones estatales y por litigios laborales.
El funcionario indicó que en el caso del Gobierno Central los riesgos de resultar condenado disminuyen pues cuenta con la defensa de la Procuraduría General de la República (PGR), apoyo del que no gozan los ayuntamientos ni las instituciones autónomas del Estado.
Situación fiscal
La contralora dijo que el Estado debe prestarle la debida atención a las demandas en su contra, pues no se pueden dar el lujo de pagar onerosas sumas por indemnizaciones, debido a su crítica situación fiscal.
“Estamos en una época de desequilibrio fiscal por lo que este tema se vuelve aún más preocupante. Este podría ser un tubo abierto por el que se pueden fugar muchos recursos”, afirmó.
Por esto, la contralora llamó a los jerarcas a no escatimar esfuerzos para atender las audiencias así como llevar el debido inventario de todas las demandas que tengan sus instituciones.