El país no tiene sistematizada la lista de todos los edificios, locales y terrenos que alquila el Estado, con sus ubicaciones, características, dueños de los sitios y montos específicos que se pagan.
Tampoco está centralizado el alquiler de equipo de cómputo con sus detalles respectivos.
Esta información se maneja por separado en cada ministerio e institución y lo único que tiene el Ministerio de Hacienda es un total global de lo que el Estado paga por alquileres, sin detalle alguno.
El presupuesto para ese rubro se hace con base en los montos que presenta cada una de las entidades, en donde tampoco se especifica a cuáles inmuebles se destinará el dinero.
Para este año, el Presupuesto que aprobó la Contraloría General de la República para el pago de alquileres fue de un total de ¢75.620 millones.
Según el ministro de Hacienda a. í. , José Luis Araya, esa información no se puede tener de una manera integral y se comparó con otros países del mundo donde, según dijo, sucede lo mismo.
“La entidad que alquila lo hace de acuerdo con las necesidades. No puede haber un sistema para llevarlo a ese nivel centralizado. Cada entidad vela por eso. Pregunte en todos los países”, dijo.
Añadió que no existe lógica de que toda la información de los alquileres esté junta.
Uso de recursos públicos
Sin embargo, esa falta de centralización es criticada por los diputados de oposición quienes coinciden en que es una forma de facilitar el clientelismo y que se generen negocios oscuros.
El centralizar información es considerado por los diputados como transparencia, tema por cierto al que se comprometió la presidenta Laura Chinchilla el 1 de mayo en su informe de labores.
Para la diputada del PAC Carmen Muñoz, si se está pagando más por el alquiler se podría más bien invertir en infraestructura propia que pueda significar ahorro a mediano y largo plazos.
“La descentralización de información ocurre con otros temas como vivienda. Eso facilita el clientelismo y el favorecimiento a personas cercanas. Favorece la anarquía y la no fiscalización”, dijo la congresista.
Con ella coincide el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, para quien el hecho de que los alquileres del Estado se manejen de forma fragmentada se presta para ineficiencias en el manejo de los recursos públicos.
“Esto es inconveniente para el país. Con una información completa se podría incluso evitar alquileres onerosos”, dijo.
Villalta explicó que se dan casos de alquileres innecesarios o extremos donde se venden edificios o terrenos que el Estado necesita y por ello terminan arrendando inmuebles.
“Hay un desorden muy grande y esa falta de información centralizada favorece el uso ineficiente de los recursos”, añadió.
Cada vez más oneroso
Según el informe de presupuestos públicos de la Contraloría, la cifra destinada este año para alquileres públicos supera en 7% lo pagado el año pasado (¢67.654 millones) y en 55% de lo que se destinó en 2010 (¢50.369 millones).
La entidad que más destina dinero en alquileres aprobados por la Contraloría es la Caja de Seguro Social, con ¢9.093 millones para este año, seguida por el Banco Nacional, el Ministerio de Hacienda, el Banco Popular y el Ministerio de Educación.
Entre 2011 y 2013, la cifra prácticamente se duplicó para casi todos.
El monto total de este año representa un 0,4% del presupuesto total del sector público.
En reiteradas ocasiones, la Contraloría ha dicho que el Estado debería analizar si sigue vendiendo propiedades que no se usan para disminuir esta partida presupuestaria.
Los diputados consultados por EF dicen que una posibilidad es construir los edificios en terrenos propiedad del Estado.
Sin embargo, el ministro Araya explicó que el Estado no tiene recursos para hacer grandes inversiones y que si lo hace quedan otras necesidades sin ser satisfechas, como construir escuelas.
“Hay un costo de oportunidad. Alquilar o construir hay que analizarlo financieramente, porque tener un edificio hay darle mantenimiento y eso es costoso”.
También el alquiler informático aumenta.
En el caso de alquileres de equipo de cómputo, la Contraloría aprobó para el 2013 un monto total de ¢14.915 millones, el año pasado fueron ¢13.128 millones y en el 2011 ¢7.375 millones.
Esto significa que la variación del 2012 y 2013 fue de 7%.
En este rubro, el Ministerio de Hacienda es la entidad que más destina para arrendar equipo de cómputo.
Señal de que no estaría de más que el propio Ministerio se encargue de afinar más estos datos.
Estas son las principales entidades que pagan por alquileres.
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