EscucharEl presidente Joe Biden promulgó este jueves 23 de diciembre una ley que prohíbe el ingreso a Estados Unidos de una amplia gama de productos fabricados en la provincia china de Xinjiang, ante acusaciones de que allí se impone trabajo forzado a la minoría uigur.
La norma prohíbe importar productos fabricados total o parcialmente en Xinjiang, a menos que se demuestre a los funcionarios de aduanas que no son resultado de trabajo forzado.
Se trata de una normativa sin precedentes en el mundo.
La ley pide dar una atención particular a las importaciones de tres productos: el algodón, siendo Xinjiang uno de los mayores productores mundiales; los tomates, igualmente producidos en masa en esa región; y polisilicio, material usado en la producción de paneles fotovoltaicos.
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Los uigir con una minoría musulmana que habita en la región china de Xinjiang, al extremo noroeste del país. (HECTOR RETAMAL/AFP)
Así, otorga al gobierno "nuevas herramientas para impedir la entrada al territorio de productos fabricados con trabajo forzado en Xinjiang y hacer responsables a las personas y entidades detrás de estos abusos", declaró el jueves el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en un comunicado en el que llamó al gobierno chino a poner fin "al genocidio y a los crímenes contra la humanidad".
La Casa Blanca precisó que el texto asimismo "impone sanciones a los extranjeros responsables de trabajos forzados en la región".
Pekín rechazó la medida el viernes, acusando a Estados Unidos de "violar la ley internacional" y "difamar maliciosamente" a China.
En un comunicado, el ministerio de Exteriores chino urgió a Estados Unidos a "corregir sus errores inmediatamente", amenazándolo con "dar una nueva respuesta".
La adopción de la ley por el voto unánime del Senado el 16 de diciembre implicó una victoria para aquellos que propugnan una política agresiva destinada a luchar contra la violación de los derechos humanos.
La norma fue adoptada pese a una campaña de cabildeo de empresas que argumentaron que la medida entorpecería las cadenas de suministro globales, ya muy presionadas por la pandemia.
Al firmar el texto, el demócrata Biden agradeció al senador republicano por Florida Marco Rubio, uno de los autores del proyecto de ley, indicó la Casa Blanca.
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Esta medida es la "más importante y eficaz tomada hasta ahora para hacer al Partido Comunista chino responsable de sus recursos al trabajo forzado", comentó Rubio el jueves.
No obstante, durante el proceso legislativo, la oposición republicana reprochó a la Casa Blanca de buscar aletargar el texto.
Problemas alrededor de Intel
Los países occidentales acusan a Pekín de encerrar a los uigures, una comunidad predominantemente musulmana y de habla turca en el oeste de China, en grandes campos de trabajo.
El jueves, los departamentos de Comercio y del Tesoro anunciaron nuevas sanciones contra las empresas chinas de biotecnología y alta tecnología acusadas de servir al gobierno de su país para ampliar la vigilancia a los uigures.
El Tesoro también había prohibido a los estadounidenses hacer negocios con ocho empresas de alta tecnología, incluida DJI, la empresa de drones número uno del mundo, que ya había estado en la lista negra del Departamento de Comercio durante dos años.
Pero la implementación de la ley, y de manera general la ofensiva de Estados Unidos contra ciertos intereses económicos chinos, podría provocar fricciones.
Esto se evidenció el jueves con la controversia alrededor del gigante estadounidense de semi-conductores Intel.
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A raíz de la adopción de la ley en el Senado, y tras la batería de sanciones estadounidenses contra empresas chinas, Intel había enviado un correo a sus proveedores demandándoles evitar comprar en la región.
Esto generó fuerte rechazo en China, que el fabricante de chips trató de apaciguar con un comunicado publicado en la plataforma de redes sociales china Weibo: "Nuestra intención inicial era garantizar el respeto a las leyes estadounidenses (...). Nos disculpamos por los problemas causados a nuestros respetados clientes chinos, a nuestros aliados y al público".
“Pensamos que el sector privado y la comunidad internacional debería oponerse a la instrumentalización, por parte de China, de sus mercados, para asfixiar el apoyo a los derechos humanos”, comentó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, interrogada sobre el comunicado de Intel.
