Si algo parece desconocer la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) es cómo navegar en un mar calmo.
Cuando se pensó que el proyecto ya había sorteado todas las barreras que lo llevarían a buen puerto, como haber logrado recibir el aval de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), hoy aparecen nuevas amenazas que podrían poner en riesgo el inicio de operaciones en la fecha pactada: febrero del 2018.
Tanto el Ejecutivo como la propia concesionaria del proyecto –APM Terminals– han contribuido a alimentar la incertidumbre.
Por un lado, se supo de un error en la construcción de la ruta 257 de acceso al megapuerto a manos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) y, por otro, la propia APM anunció la detección de “condiciones adversas no previstas”.
Las consecuencias de un eventual atraso serían tanto económicas como de competitividad, imagen y flujo de mercancías para el país.
La más sensible, y que puede únicamente ser controlada por el Gobierno, pues depende de que este no se atrase en la entrega de la vía de acceso, sería la de perder un descuento de $20 por cada contenedor que se cargue o descargue en el puerto.
Mientras, la urgencia de tener en el mediano plazo la obra terminada y el anhelo por ver plasmada la modernización en una de las zonas por donde se moviliza poco más del 80% de la carga marítima del país, siguen intactos.
Atrasados pero...
En el caso de la vía de 2,1 kilómetros, Carlos Villalta, jerarca del MOPT, ha salido al paso de las críticas.
“La obra (ruta 257) avanza según lo previsto y la Administración no prevé atraso en su entrega”, sostuvo a este semanario.
Es más, en cadena nacional, Villalta llegó a manifestar que la desviación de unos 80 metros entre el punto donde finaliza el acceso provisional y el ingreso real del puerto, es un problema heredado de la administración pasada.
“El Gobierno ha hecho todo lo posible, en el marco de la legalidad, para resolver ese problema. Aquí lo más importante ha sido no afectar el plazo de entrega para que el país no tenga afectación alguna”, enfatizó el jerarca en abril pasado.
La ruta 257 es una infraestructura vial con una primera sección a nivel que luego se eleva a seis metros de altura, incluye 450 pilotes y tendrá cuatro carriles, asfaltado, señalización, aceras, ciclovias y pasos para la protección de fauna.
Lo inesperado
Será hasta el 30 de junio próximo cuando le toque el turno a APM de realizar el anuncio definitivo sobre si la obra sufrirá algún atraso en su plazo de entrega y de cuánto sería.
En este momento, y según confirmó la agencia de comunicación de la firma, la empresa se encuentra enfocada en la actualización del cronograma de trabajo y en la realización de un informe detallado donde se explicaría las eventuales causas del inconveniente.
En un comunicado oficial, la concesionaria aseguró que se habían detectado condiciones adversas no previstas que podrían retrasar la entrega de la obra en la fecha contractual. Las mismas fueron notificadas al Consejo Nacional de Concesiones (CNC).
Las situaciones particulares que podrían desencadenar en una nueva fecha de entrega tienen relación con la compactación de la superficie, el comportamiento del rompeolas y la inclinación de algunos pilotes.
“Lo importante es salvaguardar la calidad de la construcción, resolver los retos que se nos presentan en esta megaobra y garantizar que las medidas tomadas no significarán un costo adicional para el país”, comentó Kenneth Waugh, director general de APM Terminals.
¿Y las consecuencias?
Para APM, un eventual atraso en la puesta en operación de la nueva terminal de contenedores le significaría como mínimo una multa por $2.000 por cada día de atraso hasta un monto máximo de $200.000.
Además, el contrato de concesión señala sanciones de $2.000 por cada día que el puerto esté sin operar a partir de la fecha estipulada para su arranque.
En el caso del Gobierno, la administración tiene la obligación de facilitar la ruta de acceso definitiva al momento en que entren en operación los primeros dos puestos de atraque (febrero de 2018), de lo contrario, se perdería el país de un beneficio de hasta $20 por contenedor, ofrecido por el concesionario.
“Este sería el impacto más grave, porque el beneficio se perdería para todo el tiempo que dura la concesión (33 años). Y ahí se impactará a las navieras, a los exportadores, a los importadores”, explicó Edgardo González, de la Cámara de Armadores y Agentes de Vapores (NAVE).
Multas definidas
De acuerdo con el contrato de concesión, la firma APM Terminals queda sujeta al pago de ciertas multas económicas de llegar a incurrir en faltas catalogadas como leves, leves agravadas y graves. A continuación algunas de ellas:
$2.000 por cada día de atraso: lncumplimiento en el inicio de operaciones de la obra concesionada.
Datos falsos: Se multaría con un monto de $100.000 el hecho de que APM, sus socios, entidades vinculadas o controlantes, con negligencia, suministren datos falsos.
Con dolo: Se multaría con $750.000 el hecho de que la sociedad, sus socios, entidades vinculadas o controlantes, con dolo, suministren datos falsos.
Personal de Japdeva: Se aplicaría una multa anual máxima durante los primeros dos años de hasta $200.000 en el caso de incumplimiento del porcentaje de contratación del personal de Japdeva. La multa se aplicaría de forma proporcional.
Fallas en comunicación: $2.000 por cada día que se incumplan las obligaciones de facilitar la debida conexión electrónica para el flujo de información entre APM y otras partes.
Fuente Contrato de concesión.