Las fianzas en el caso cochinilla suman los $8 millones, luego de que la jueza Carolina Lizano diera a conocer las medidas cautelares desde el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.
Carlos Cerdas Araya, presidente de la Constructora MECO, deberá de pagar $5 millones mientras que Mélida Solís, dueña de H Solís, deberá de desembolsar $3 millones para poder salir en libertad.
La información fue confirmada a este medio por el abogado Rodrigo Araya, quien representa a Alister Cervantes, otro de los imputados en el caso cochinilla. También fue confirmada de manera posterior por el departamento de prensa del Poder Judicial.
Hasta que se haga efectivo el pago de los montos los imputados se mantienen privados de libertad, indicó el departamento de prensa.
Los demás imputados tendrán medidas cautelares sustitutivas a la prisión como el impedimento de salida del país y firmar periódicamente.
Por su parte, Alister Cervantes deberá de mantener su domicilio y tiene impedimento de salida del país, confirmó su abogado representante.
Para los funcionarios públicos investigados se dictó la suspensión del cargo, no acercarse al Conavi en un radio de 1 kilómetro y no acercarse a testigos.
Mientras que Tobías Arce ―funcionario de MECO― deberá de portar tobillera electrónica
Tanto Carlos Cerdas como Mélida Solís son investigados por presuntos pagos de sobornos a funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), para favorecer a dichas empresas en la adjudicación de proyectos de obra pública.
Érick Gatgens, abogado de Mélida Solís, indicó que, una vez que se pague ese monto, su representada puede salir de prisión. Aunque deberá cumplir las siguientes medidas cautelares: impedimento de salida del país, entrega del pasaporte, así como firmar en el despacho judicial.
Así lo indica una publicación del diario La Nación.
Entre los presuntos sobornos se encontró prueba preliminar sobre pagos de dinero, provisiones de vehículos, traspasos de terrenos, regalos de viajes y hasta favores sexuales, según detalló Walter Espinoza, director del el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el pasado 14 de junio.
Las autoridades judiciales dicen tener suficiente prueba sobre la comisión de 35 actos delictivos relacionados con relaciones entre empresarios y empleados públicos.
Esta nota fue modificada posterior a su publicación con la información enviada por el Poder Judicial.