La competencia es débil en sectores clave de la economía costarricense como la banca, la producción de alimentos, la electricidad y el transporte. Una cantidad relativamente pequeña de empresas domina el mercado.
Así lo señaló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su estudio sobre Costa Rica 2020, publicado en julio de este año.
¿Qué pasa con el precio del arroz? La organización internacional, a la cual el país ya obtuvo la invitación para unirse, evidenció que las tarifas del grano son más altas, por ejemplo, que en España, Chile, Francia y México.
Como suele ocurrir en mercados con débil competencia donde la producción de un bien se concentra en pocas manos o compañías, los costos para los consumidores son altos.
El arroz es un artículo de consumo masivo que forma parte de la canasta básica alimentaria de los más pobres y a la vez es el producto con mayor protección en el país.
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El 70% de la población nacional consume el grano todos los días. La OCDE concluyó que las políticas de fijación llevaron las tarifas muy por encima de las internacionales lo que crea rentas que benefician a un pequeño grupo de grandes productores.
“Las políticas actuales contribuyeron poco a mejorar la productividad entre arroceros o el bienestar económico de los pequeños productores. Todo esto sugiere que el entorno regulatorio actual es regresivo y favorece una mayor pobreza y desigualdad de ingresos”, indica el informe.
Tras las conclusiones de la OCDE, Pilar Garrido, ministra de planificación y coordinadora del equipo económico del Gobierno, anunció, el pasado 27 de julio durante un foro en LEAD University, que iniciarían un proceso de ajustes para “liberalizar” los precios del arroz, el café y el azúcar con el objetivo de aliviar la carga económica a los hogares.
Las declaraciones de la jerarca activaron una serie de reacciones en diferentes sectores. Los arroceros −representados por la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz)− pusieron en marcha una campaña en redes sociales y en las afueras de los supermercados para defender el modelo actual que le permite al Gobierno definir el costo del grano por decreto.
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) abrieron, desde mayo, una mesa de negociación para conversar sobre el tema por orden de la ministra Garrido.
El fracaso
Una reunión de última hora, el domingo 23 de agosto, en la que participaron el MEIC, el MAG, el Consejo Nacional de la Producción (CNP), Conarroz, los productores y los industriales; se tradujo en un acuerdo que puso fin rápidamente a las intenciones del Gobierno de liberalizar el mercado del grano.
Victoria Hernández, ministra de economía, reconoció en entrevista con EF, que la entidad había iniciado una serie de valoraciones de posibles escenarios para aplicar ajustes al modelo con el objetivo de impactar el precio de este alimento al consumidor.
“Planteamos en el Consejo Económico del Gobierno, a inicios de este año, la revisión del modelo calculando los diferentes escenarios, donde busquemos no dejar desprotegido al productor y también cómo generamos una mejora en el bolsillo de la persona consumidora”, apuntó la jerarca.
Sin embargo, las presiones del sector arrocero se impusieron en la mesa de diálogo y finalmente el Ejecutivo desistió de sus intenciones iniciales.
¿Qué dice el acuerdo?
El documento firmado establece cinco puntos:
1- El Gobierno trabajará junto con el sector en una ruta para su fortalecimiento y protección con el fin de definir los elementos para enfrentar la desgravación arancelaria incluida en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica (Cafta) que empezará a regir en 2024-2025.
2- El Ejecutivo seguirá estableciendo un precio de referencia al productor y el esquema de coste al consumidor con base en los decretos respectivos.
3- Aplicarán una exploración sobre el requisito de desempeño que garantiza la compra de la granza nacional por parte de las agroindustrias arroceras para cualquier grano de este tipo por desabasto o por seguridad alimentaria.
4- No se modificará ni eliminará el arancel del 35% para toda la importación de granza y pilado que ingrese al país por desabasto o por contingencia.
5- Convocar a las sesiones legislativas extraordinarias de agosto (cuya agenda es controlada por el Ejecutivo), cuatro proyectos de ley que fortalecerían a Conarroz y el modelo actual.
Renato Alvarado, ministro de agricultura y ganadería, aceptó en entrevista con La Nación, que las presiones de los arroceros pesaron para que dieran marcha atrás.
Campaña de oposición
Conarroz, los industriales y los productores del grano amenazaron con manifestaciones masivas en San José para oponerse a la liberalización del mercado que proponía el Ejecutivo.
El ministro Alvarado aclaró que la firma del acuerdo evitaría concentraciones de personas en la capital en una coyuntura donde se busca reducir el contagio del coronavirus.
El 13 de agosto, la Corporación emitió un comunicado en el que pedían claridad al MEIC ante lo que calificaron como una “posible desregulación del precio”.
La institución consideró que la apertura, en mayo, de una mesa interinstitucional para analizar el tema se percibió “como un entorno amenazante” para los arroceros. Además, activó una campaña de oposición en sus redes sociales.
Luis Corea, presidente de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz, aseveró que eliminar la regulación significa desarticular y desaparecer al sector agrícola del grano que genera 33.000 empleos directos e indirectos en el país.
La Corporación defiende que si se elimina el modelo de fijación la demanda del grano quedará en manos de importadores. “Obviamente es el interés de grupos económicos que, en los últimos años, han participado en la compra de producto internacional para colocarlo en el país”, añadió el comunicado.
El 15 y 16 de agosto, los arroceros pusieron en marcha una campaña en las afueras de los supermercados para entregar información a los consumidores sobre los efectos negativos, que según el sector, tendría la liberación del precio de ese alimento.
Contradicciones
Luego del anuncio de la ministra Garrido de avanzar hacia la emancipación de costos para el grano, el Ejecutivo se enfrascó en una serie de contradicciones.
El Gobierno arrancó la mesa de diálogo con los sectores desde mayo y ya contaba con propuestas definidas para eliminar el sistema de regulación de costes. Así lo aceptó Garrido en una entrevista con EF el pasado 7 de agosto.
El acuerdo entre el Ejecutivo y los arroceros deja intacto el mecanismo actual y abre una ventana de 90 días para que se presente una propuesta conjunta.
El MEIC aclaró en un comunicado, la tarde del lunes 24 de agosto, que el proceso de discusión continúa, a pesar de que cedió en sus planes iniciales.
El Gobierno también convocó −la tarde del lunes− los cuatro proyectos de ley que los arroceros le exigieron en el acuerdo.
En el Ministerio de Economía, Industria y Comercio reafirmaron que avanzarán con la regulación de precios para mantener el equilibrio entre los eslabones de la agrocadena y el costo de arroz pilado que pagan los consumidores finales.
¿Por qué fijar el precio?
El arroz es el único producto cuyo precio se mantiene fijado por ley en Costa Rica. El Gobierno tiene la potestad de regular las tarifas de los bienes y servicios solo en casos de excepción y en forma temporal, según el artículo 5 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (7.472).
Para hacer uso de esa facultad, el Ejecutivo debe emitir un decreto con todos los detalles y que incluya un estudio previo para fundamentar la decisión.
¿Quién define el costo?
La Ley de Creación de la Corporación Arrocera (8.285) establece que esta institución tiene la responsabilidad de publicar, al menos 30 días antes de cada temporada de siembra, el monto mínimo del coste del grano que el agroindustrial deberá pagar al productor.
El artículo 7 de esa misma normativa establece que Conarroz sugerirá al MEIC el precio del grano en granza y sus subproductos con valor económico para la compra que hacen los agroindustriales a los productores.
También recomienda la tarifa del arroz pilado (descascarado y procesado para el consumo) que se vende en los comercios del país.
El MEIC recibe estas propuestas para el análisis y elabora un estudio previo para argumentar las razones por las cuales decide fijar una tarifa para el grano en el mercado nacional.
Alerta de desabasto
El 25 de abril, en el contexto de la crisis económica provocada por el coronavirus, el Gobierno firmó un decreto para declarar desabasto del grano y autorizó la importación de 50.012 toneladas métricas con una reducción del arancel, que pasó del 35% al 6,5%. El permiso para comprar más barato estará vigente hasta el 31 de diciembre.
Pese a la reducción del impuesto, Conarroz no puede garantizar que se traduzca en una caída del precio final de compra.
“El modelo que regula esto somete el precio de compra y lo promedia con todo lo que hay en inventarios y futuras cosechas en Costa Rica y simplemente se da una tarifa al consumidor. No podemos decir si esta situación de pagar un arancel reducido se va a trasladar al consumidor en la baja o en un aumento”, explicó José Luis Bolaños, presidente de Conarroz, en entrevista con este medio, el pasado 7 de mayo.
¿Cómo se comporta el mercado?
Para el período 2018-2019 el 42,8% del consumo se cubrió con grano nacional, mientras que el importado abasteció el 57,1% restante. En el mismo año se exportaron 7.975 toneladas métricas, un 5,14% del total de la producción del período.
La calidad 80/20 representó el 35,8% del total consumido en el país.
La producción nacional fue de 155.051 toneladas métricas de arroz en granza seca y limpia para la cosecha 2018-2019, cifra inferior en 1,8% a la registrada en el período 2017-2018.
En el país se consumen al año 236.224 toneladas métricas de arroz, para un promedio por persona de 46,96 kilogramos.
¿Quién maneja la industria?
Actualmente existen en el país diez empresas inscritas ante Conarroz con un total de diez plantas arroceras. La mayoría de estas procesadoras se localizan en la Región Chorotega (6), en la Región Pacífico Central (4) y en la Meseta Central (2).
En el periodo 2018-2019 participaron 577 productores en la cosecha nacional, 13 menos que en el año anterior.
Un 42% son agricultores de pequeña escala, es decir, que cosecharon áreas menores a diez hectáreas totales. Solo un 6% de los productores cosecharon áreas mayores a las 200 hectáreas de terreno.
Ese 6% representa a 33 agricultores nacionales que concentran el 52% del total de área sembrada en el país (19.154 hectáreas), mientras que 240 productores a pequeña escala se reparten apenas un 4% del total de la producción nacional (1.621 hectáreas).