Planes reguladores y legalización de la permanencia son las dos estrategias del Gobierno para evitar que se desalojen a todas las familias y locales comerciales ubicados al lado de la costa desde Cahuita hasta Manzanillo, en el Caribe sur.
No obstante, Alfio Piva, vicepresidente de la República, admitió que la situación del Caribe se puede presentar en todas las costas.
La población caribeña ubicada en la zona marítimo terrestre tiene que desalojar la zona a más tardar el 30 de noviembre de este año, pues desde marzo la Contraloría General de la República giró la orden a la Municipalidad de Talamanca.
El ente contralor, a raíz de una denuncia de un vecino, determinó que algunas de estas edificaciones están dentro de la zona pública y otras en la zona restringida, pero sin estar respaldadas por un plan regulador ni una concesión, como lo señala la Ley de Zona Marítimo Terrestre.
Los vecinos han trabajado por su parte con el afán de mantener propiedades que en algunos casos son anteriores a la Ley.
Leda Villa, integrante la Asociación de Desarrollo de Cahuita y propietaria del restaurante Sobre las olas, informó que se han reunido con el alcalde y varios abogados jurídicos.
Han estado trabajando con el censo para determinar cuáles personas tienen propiedad y cómo atender al resto.
“Serán quizás unas 500 familias en toda la franja. Esto es un atropello a la ciudadanía, pues nunca nos han ayudado, aquí no hay oportunidades para los muchachos y todo lo hemos hecho con las manos. Parte de los gastos jurídicos los hemos tenido que asumir nosotros”, comentó Villa.
Apuesta por legislación
Las alternativas del vicepresidente se concentran en dos frentes. El primero de ellos es desarrollar los planes reguladores para Talamanca, Limón y Guápiles. Afirmó que están trabajando con universidades públicas, pero aún no existe nada concreto.
La otra alternativa es revivir un proyecto que está en la Asamblea Legislativa desde hace unos seis años. La iniciativa “Territorios costeros marinos comunitarios” ya fue aprobado por la comisión de ambiente y su objetivo es regular la permanencia de 60 comunidades costeras.
Mientras logra resultados, desde marzo anterior envió otro proyecto a los diputados donde solicitó que le dieran un año de tiempo a partir de que se apruebe la iniciativa.
Piva confía en que con las dos acciones se soluciona un 90% de los problemas. “Lo más difícil será la permanencia en los 50 metros”, afirmó.
Ley para las personas
El vicepresidente insistió en que la Contraloría está aplicando fuertemente la legislación sobre el uso del territorio, cuando esta en realidad ni siquiera tiene fines de conservación, sino de ordenamiento del territorio.
“Las leyes son para la gente y el bienestar humano, no para castigar”, opinó.
El Área de Denuncias e Investigaciones de la Contraloría aclaró que la institución actúa desde un enfoque normativo, por lo que no es posible la desaplicación de normas en un caso particular. “Es importante mencionar que es nuestra obligación el atender todas las denuncias que nos sean presentadas”.
Problema general de la ZMT
La Zona Marítimo Terrestre es la franja de 200 metros de ancho de los litorales Atlántico y Pacífico de la República, medidos horizontalmente a partir de la línea a donde llega la marea alta y los terrenos y rocas que deje el mar en descubierto en la marea baja.
Esta área se compone de la zona pública, que es la faja de cincuenta metros de ancho a contar desde donde llega la marea alta, cuyo acceso es público; y la zona restringida, constituida por la franja de los ciento cincuenta metros restantes.
La zona restringida puede ser concesionada para fines privados por el Estado en un régimen especialmente regulado.
La ocupación de la ZMT se da, no solo en el Caribe Sur, sino en toda la costa Pacífica.
Piva comentó que es cuestión de tiempo para que una situación similar se presente en esta costa.
La diferencia es que los planes reguladores para el pacífico están elaborados pero sin aprobación. “Por lo menos tenemos algo, en el Caribe no hay nada”.