La Administración de Luis Guillermo Solís es la que ha convocado más proyectos de ley en sesiones extraordinarias durante los primeros tres años de gobierno, pero es el que ha tenido menos éxito en la aprobación desde la presidencia de Rafael Ángel Calderón Fournier.
El Poder Ejecutivo sometió a discusión 267 proyectos de ley en promedio en las sesiones extraordinarias durante los primeros tres años; la cifra más alta de iniciativas convocadas si se comparan las tres primeras legislaturas de cada gobierno entre 1990 y el 2017.
El Programa Estado de la Nación (PEN) realizó el análisis histórico y determinó que desde la década de los noventa, en promedio se sometieron a discusión 187 proyectos anuales en sesiones extraordinarias.
En el primer año la administración Solís Rivera presentó 315 proyectos en sesiones extraordinarias que tuvieron una tasa de éxito del 3%, la más baja desde 1990. En el 2015 el Ejecutivo tuvo una leve mejoría, convocó 203 y el 8 % fueron aprobados, mientras que en el 2016 sometió a discusión 284 iniciativas con un éxito del 14%.
“Este Gobierno es el que ha tenido mayor inestabilidad y eso es complejo porque cuesta más que un gobierno logre conformar una agenda prioritaria de proyectos, tiene que estar cambiándola y eso genera ruido en el desempeño del congreso”, manifestó Steffan Gómez, coordinador del capítulo de la Democracia del Estado de la Nación.
Varios factores han entrado en juego, uno de ellos es el multipartidismo de la Asamblea Legislativa que en este periodo está conformada por nueve agrupaciones políticas. Otra de las trabas son los tiempos de aprobación de las leyes y el hecho de que los gobiernos heredan proyectos de la administración anterior.
Multipartidismo cambió dinámica
La llegada de múltiples fracciones generó cambios en el Congreso, antes del 2002 las discusiones eran más ágiles porque los partidos oficialistas tenían una alta representación en el plenario o incluso eran mayoría, lo que generaba un panorama más sencillo para el gobierno de turno.
Esta afirmación se sustenta con las cifras del PEN. Durante el bipartidismo casi la mitad de las leyes (47% promedio anual) eran aprobadas por el impulso de la presidencia de la República, pero la participación bajó a 32% con la llegada del multipartidismo.
“En el bipartidismo las decisiones son más expeditas pero no necesariamente de mejor calidad. En el multipartidismo las decisiones toman un poco más de tiempo pero cuando se llegan a esas decisiones, son de mejor calidad comparativamente porque participan a diferentes grupos”, indicó Gómez.
Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, afirma que esta administración se enfrenta a la Asamblea más fragmentada de la historia, compuesta por nueve partidos políticos —algunos con divisiones internas—, lo que hace más compleja la negociación.
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Según Alfaro la dinámica en el Congreso requiere de un diálogo permanente con cada fracción e incluso con cada diputado. Para él, los frutos de las negociaciones han mejorado con el paso de los años y han permitido la aprobación de leyes trascendentales como la Reforma Procesal Laboral o el Código Procesal Civil.
Gonzalo Ramírez, presidente del Directorio Legislativo, considera que el multipartidismo no complica la dinámica del Plenario pero difiere con el criterio de Alfaro, ya que según él, a la actual administración le ha faltado fuerza y capacidad para adaptarse a la fragmentación.
“Este Poder Ejecutivo ha tenido el beneficio de que hay una gran cantidad de diputadas y de diputados de oposición que tienen un alto nivel de responsabilidad con Costa Rica y las próximas generaciones, y nos hemos puesto de acuerdo, a pesar de que ni la fracción oficialista tiene muchas veces la capacidad de hacerlo”, aseguró.
Velocidad legislativa: 575 días para aprobar una ley
De acuerdo al análisis histórico que realizó el PEN, la velocidad para aprobar una ley es de año y medio en promedio, lo cual muestra la lentitud de los procesos a lo interno de la Asamblea Legislativa.
Para ejemplificar el tiempo que puede tardar la aprobación de un proyecto, se puede tomar como ejemplo la reforma que desde hace 15 años se intenta realizar a la Ley de Aguas.
Desde el 2002 existe una iniciativa en la corriente legislativa para reformar la legislación de 1942, sin embargo, por diferentes motivos ese texto no prosperó. Ocho años más tarde un grupo de ciudadanos creó el Proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico, que entró en el Plenario en abril de 2010.
Desde ese momento enfrentó un largo camino; su aprobación en primer debate se dio hasta marzo de 2014, pero una resolución de la Sala Constitucional se lo trajo abajo. El texto volvió a discusión en octubre del 2017 y la iniciativa popular se aprobó en primer debate (nuevamente) el 2 de noviembre de este año, luego de que se le aplicara un texto sustitutivo que presentó el diputado, recién fallecido, Juan Marín.
Pero el trámite no terminó ahí, para que el proyecto se convierta en ley de la República deberá legitimarse en segundo debate. Sin embargo, el texto se encuentra en pausa, ya que varios diputados alegaron incongruencias en el proceso de aprobación y lo enviaron a consulta a la Sala Constitucional, donde actualmente se encuentra en análisis.
La estimación sobre la velocidad legislativa se dio luego de que el PEN analizara una base de 2,198 leyes registradas, donde se excluyeron 103 casos con valores extremos.
EF solicitó al PEN los datos de los días que duró cada administración en aprobar leyes, a fin de realizar un promedio de la velocidad de las legislaturas con multipartidismo, pero a la hora de cierre no tuvimos respuesta.
Ante la consulta, el presidente del Directorio Legislativo indicó que el Poder Legislativo tiene diversas tareas, más allá de aprobar estatutos.
“Tenemos que hacerle ver a los costarricenses que la Asamblea Legislativa tampoco es una fábrica para hacer leyes, es un lugar donde se viene a expresar en su máximo grado la democracia del país y la representatividad de los costarricenses, además de hacer control político. Esta Asamblea he demostrado en un multipartidismo la madurez y se han podido construir acuerdos en temas importantísimos como la Reforma Procesal Laboral.”, afirmó.
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El investigador del Estado de la Nación señala que el trámite en las comisiones permanentes podría incidir en la eficiencia legislativa, ya que algunas no están representadas por muchos partidos lo que genera poca calidad en los debates. Cuando se dictamina un proyecto y lo pasan a discusión al Plenario, las fracciones que no estaban representadas lo devuelven a revisión y esto atrasa el proyecto.
No obstante el panorama cambia cuando las comisiones son más grandes y tienen más representación, en ese caso Gómez indica que el diálogo es más efectivo y el proceso de aprobación de leyes suele ser más eficiente.
La lentitud en la Asamblea Legislativa también genera que muchas de las leyes que presenta un gobierno sean aprobadas hasta la siguiente administración.
La dinámica es más frecuente desde el 2010, donde la administración Chinchilla Miranda pudo emprender iniciativas de ley hasta el tercer año, ya que durante las dos primeras legislaturas se discutieron estatutos heredados del gobierno de Óscar Arias Sánchez.