El Gobierno de El Salvador confirmó que está negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), este será uno de Servicio Ampliado (SAF) tal como el que acaba de firmar Costa Rica.
Este tipo de acuerdo según detalla el sitio web del FMI fue creado “para ayudar a los países que se enfrentan a graves problemas de balanza de pagos debido a deficiencias estructurales, o a una economía caracterizada por un lento crecimiento”.
Aunque aún se desconocen los términos del mismo, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, adelantó que será por tres años y que rondará entre los $1.300 millones a $1.400 millones. Estos fondos se darán de manera anual y según los analistas el FMI los eroga siempre y cuando el país cumpla con lo establecido.
En el caso de Costa Rica, donde el plan es por $1.750 millones, los compromisos van (algunos) de cara a 2035 e implican erradicar el déficit primario, reducir el peso de la deuda (al 50% del PIB) y la aprobación de una serie de leyes que ayuden al crecimiento económico, incluyendo una de innovación y otras que impliquen “resiliencia para el cambio climático”.
El economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Ricardo Castaneda, explica que en este tipo de acuerdos, contrarios al los stand by, no solo hay que hacer medidas en el ámbito fiscal (menor deuda y más ingresos), sino que implican ajustes estructurales, es decir, reformas económicas e institucionales.
En el caso salvadoreño a pesar de la insistencia de las preguntas de los medios de comunicación en la conferencia de prensa del gabinete económico ampliado, los funcionarios no dieron ningún detalle, ni especificaron qué se negociará.
“Estamos en conversaciones, nada más no hay acuerdo firmado. Al hablar de conversaciones con organismos multilaterales hay condicionalidades como en cualquier acuerdo o préstamo”, indicó el Ministro de Hacienda quien agregó “no hay medidas específicas que se puedan hacer públicas y se pueden hacer hasta que termine la evaluación técnica”.
Lo que sí confirmó Zelaya es que no se hará ninguna medida que implique un aumento de impuestos ya que se especulaba que podría haber un aumento al Impuesto al Valor Agregado (IVA), sino que lo harán por medio de “eficientizar” al Estado y reforzar las medidas anti evasión, ya que en el país alrededor de $1.500 millones se dejan de pagar al año con acciones de evasión y elusión, además no crearán impuestos regresivos.
Negociaciones maduras
En una entrevista en un canal oficial, previa a la conferencia de prensa de ayer por la tarde, Zelaya, señaló que las negociaciones con el Fondo “están maduras” y que estas iniciaron desde que él asumió el cargo de ministro, es decir el 28 de julio de 2020.
Estas “conversaciones” se dieron a conocer desde abril del año pasado cuando el gobierno se comprometió con el Fondo a hacer un ajuste fiscal de 3,5% este año, según el documento del Instrumento de Financiamiento Rápido (IRF) por $389 millones.
“Nos comprometemos a implementar un ajuste fiscal gradual de al menos el 3% de producto interno bruto en medidas permanentes durante 2021-2024, para lograr un saldo fiscal primario del 3,5 % de PIB para fines de 2024, para poner la deuda firmemente en una senda descendente y cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal y (un coeficiente de deuda pública que incluye pensiones del 60 % del PIB para 2030)”, reza la carta firmada por el exministro de Hacienda, Nelson Fuentes y el expresidente del Banco Central de Reserva, Nicolás Martínez, fechada 14 de abril de 2020.
A inicios de julio del año pasado El Salvador salió a los mercados internacionales con una emisión de deuda por $1.000 millones a una tasa del 9,5 % y a 32 años.
En el documento de presentación para los compradores el gobierno señalaba que se alistaba a iniciar negociaciones con el FMI, aunque estas aún no habían iniciado formalmente.
En agosto siempre de 2020, Barclay’s adelantaba que este acuerdo se daría hasta después de las elecciones legislativas y que también afectaba en los tiempos el cambio de “liderazgo” del Ministerio de Hacienda.
El lunes de esta semana la calificadora de riesgo Fitch detallaba que la “obtención de financiamiento externo a través de un programa del FMI estaría supeditada a compromisos de ajuste fiscal, estimados en 3% del PIB prepandémico”.
La forma en que se hará un ajuste fiscal se sabrá hasta que el Gobierno lo diga. “Contar con un acuerdo con el FMI es positivo para el país, creo que económicamente pensar en lo mejor para el país pasa por un apoyo internacional de esa magnitud, esto tiene un impacto fuerte en bajar la percepción de riesgo que tienen los acreedores financieros que son varios”, comentó José Andrés Oliva, economista de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
Por otra parte señaló la necesidad de que estos fondos sirvan para cancelar la deuda de corto plazo que cada vez crece más en el país.
Asimismo, Zelaya detalló que “la ventaja de ir con el FMI es que ofrece una tasa de interés más baja que con un banco al emitir deuda internacional, ofrece una tasa de 1,4 %, por ejemplo y hay un periodo de gracia de repago de la deuda y en el mercado se pagarían tasa de entre 5% y 6%”.
Plan de responsabilidad fiscal
En el tema de reordenamiento de las finanzas públicas, dijo que están “prontos” a presentar el plan de vuelta a la Ley de Responsabilidad Fiscal y que se podría retomar a inicios del próximo año, cuando se elabore el nuevo Presupuesto General de la Nación, y así reducir progresivamente los niveles de deuda del que actualmente rondan el 85 %.
La banca multilateral informó esta semana que la cartera de créditos aprobada a El Salvador asciende a alrededor de $2.000 millones.
Los acreedores del país estaban pendientes de las negociaciones del Gobierno salvadoreño con el Fondo Mundial Monetario (FMI), las cuales fueron confirmadas este viernes por Zelaya.
Este monto incluye fondos del Banco Mundial (BM), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El BCIE ha aprobado el préstamo para la ampliación de la carretera a Los Chorros, el cual asciende a $254 millones.
El proyecto contempla la ampliación de la vía a seis carriles desde la salida de Santa Tecla hasta el desvío de Sitio del Niño. También el BCIE financiará el proyecto “Mi Nueva Escuela”, con el que se mejorarán 156 escuelas ubicadas en municipios de extrema pobreza.
El desembolso acordado es de $200 millones; el organismo financiará, además, nueva infraestructura deportiva con $115,2 millones. Para desarrollo local este organismo ha autorizado $91 millones al país.
En seguridad, el BCIE dará un empréstito de $109 millones, el cual servirá para la construcción de instalaciones médicas para agentes de seguridad, así como para la compra de tecnología. El BM, por su parte, desembolsará $250 millones para educación y $250 millones para salud, según recordó su representante en el país, Óscar Avalle.
Otros $200 millones están dirigidos a desarrollo local, para un total de $700 millones. “Estamos en conversaciones, nada más no hay acuerdo firmado. Al hablar de conversaciones con organismos multilaterales hay condicionalidades como en cualquier acuerdo o préstamo”.