La junta directiva de Recope tuvo la posibilidad legal de dejar sin aplicación la convención colectiva de la institución, pero votó a favor de seguir con las negociaciones del acuerdo vigente, que en el 2014 costó ¢14.357 millones.
El sindicato de Recope estuvo más de 30 días hábiles sin sentarse a negociar la convención. Ese hecho legitimó a la junta directiva de la institución a denunciar ante los tribunales de justicia la desaplicación de la convención colectiva, según la ley laboral vigente y dos criterios jurídicos del Ministerio de Trabajo.
Sin embargo, con un solo voto en contra, el órgano directivo de Recope acordó autorizar al equipo negociador a comunicar al sindicato el reinicio de las negociaciones de la convención, dejando así de lado la posibilidad de invalidar el acuerdo laboral, según consta en las actas de la sesión del lunes 30 de noviembre, cuya copia certificada está en manos de EF y puede encontrar acá.
El criterio de la junta establece que si en tres meses de negociación no hay acuerdo, las partes pueden ir a los tribunales a resolver los puntos en conflicto.
La convención colectiva de Recope ha sido ampliamente criticada por sus cláusulas onerosas para las finanzas públicas. El acuerdo incluso ha generado protestas ciudadanas masivas.
Una de las más recientes críticas es que Recope ha transferido a la tarifa de los combustibles que pagan los consumidores ¢25.690 millones , en 21 meses, para financiar la convención colectiva de los 1.742 trabajadores de la institución.
El único voto en contra de la decisión de Recope fue de la secretaria de la junta directiva, Mireya Romero, quien argumentó que el órgano rector dejó pasar “una oportunidad de oro” para lograr la desaplicación del convenio, la cual hubiera permitido “negociar una Convención Colectiva desde cero, en una posición de igualdad y hacer menos onerosa a la Empresa (Recope) la carga financiera que un instrumento de esta naturaleza representa (…)”, dice textualmente el acta de la sesión ordinaria 4913-119, en su artículo 6.1(los paréntesis no son del texto original).
Consultada al respecto, la abogada laboralista Paola Gutiérrez afirmó que el criterio de Romero tiene sustento jurídico, pues al pasar 32 días sin que el sindicato formara parte de la mesa de negociaciones, el Código de Trabajo autoriza al Gobierno a llevar el proceso a los tribunales de trabajo para que deje de aplicarse la convención.
Otra opción que tenía el Gobierno, según Gutiérrez, era dejar de aplicar la convención y esperar a que el sindicato iniciara un proceso legal, en el cual la administración podía recurrir a la normativa vigente que le permite desaplicar la convención.
La iniciativa de seguir con las negociaciones provino de la presidenta de Recope, Sara Salazar, quien había denunciado la convención colectiva el 25 de noviembre del año vigente para empezar su renegociación, alegando que el acuerdo contiene beneficios excesivos y acatando un decreto emitido por el presidente Luis Guillermo Solís que obliga a que se denuncien todas la convenciones vigentes.
Pese a la denuncia, se extendió el plazo de vigencia de la convención mientras esta se negociaba, tal y como lo admite la ley.
En entrevista telefónica con EF, Salazar justificó la decisión en que “se debían agotar todas las vías de diálogo”.
“El espíritu del Gobierno es denunciar las convenciones y dialogar. Buscar puntos de encuentro, sin que signifique eliminarlas pues son constitucionales y legales. Somos un país de paz, de diálogo, es un tema delicado”.
La funcionaria sostuvo que trabajan en tener una convención colectiva “para los tiempos actuales”. Y dijo que el Gobierno se opone a beneficios vigentes “no razonables”, como que Recope pague a sus empleados, anualmente, anteojos; o que los funcionarios tengan días libres porque sus hijos se casan o porque se pasan de casa.
Ante la consulta de EF, el viceministro de Trabajo, Harold Villegas, coincidió con que el Gobierno está comprometido con el diálogo.
El freno que no se aplicó
Las actas en manos de EF muestran que el Gobierno valoraba precedentes legales que lo legitimaban para desaplicar la convención colectiva.
La junta directiva de Recope consultó al Ministerio de Trabajo (MTSS) sobre el precedente de la Municipalidad de Montes de Oca, donde terminó la vigencia de la convención colectiva luego de que el sindicato respectivo se negó a sentarse a negociar el acuerdo por 10 años y este seguía vigente.
Esa consulta se hizo antes del 16 de setiembre, fecha en que el sindicato de Recope se levantó de la mesa de negociaciones.
El 14 de setiembre del 2015 , el MTSS respondió la consulta y confirmó que en aquellos casos en que una de las partes se levante de la mesa de negociaciones por espacio de más de 30 días hábiles, desaparecen los artículos no negociados de la convención.
Dos días después de esa respuesta, el 16 de setiembre , el sindicato de Recope le comunicó al Gobierno y al MTSS que no iba a seguir negociando.
El 30 de octubre se cumplieron los 30 días hábiles sin que el sindicato se reintegrara a la mesa de diálogo, con lo que se abrió la “ventana legal” para que el Gobierno desaplicara la convención.
Dos días después, el 2 de noviembre, luego de 32 días hábiles sin que el sindicato quisiera negociar, la agrupación de trabajadores anunció que estaba dispuesta a reintegrarse al diálogo.
Luego el Gobierno dio muestras de seguir valorando la posibilidad de desaplicar la convención, pues el 16 de noviembre, la junta directiva de Recope consultó si el caso de la Municipalidad de Montes de Oca podía servir de guía para resolver una situación similar.
El 20 de noviembre, el MTSS notifica que la junta directiva sí estaba en posibilidad legal de llevar la convención colectiva a tribunales.
El criterio legal del MTSS también le indicó a la presidenta que tiene plena potestad de seguir con las negociaciones para mantener “la paz social”, o puede ir a los tribunales para desaplicar el acuerdo.
El 30 de noviembre, la presidenta de Recope propuso que el equipo negociador le anunciara al sindicato el reinicio del diálogo, propuesta que recibió el apoyo de todos los directivos menos el de Romero.
Estas son las personas que votaron a favor de la propuesta: Sara Salazar, presidenta de Recope y del órgano directivo; Irene Cañas, vicepresidenta de la junta y viceministra de Ambiente y Energía; Carlos Valverde Hernández, vocal 1; Alejandro Muñoz Villalobos, vocal 3.
EF intentó conocer las razones del voto a favor de Irene Cañas, viceministra de Ambiente y Energía, pero no obtuvo respuesta.