Por: Laura Ávila, Manuel Avendaño Arce.   2 diciembre
El Gobierno dictará el orden de la agenda parlamentaria durante cinco meses a partir del 1.° de diciembre lo que exige mayor negociación de las fracciones con el Ejecutivo. Foto: Rafael Pacheco.
El Gobierno dictará el orden de la agenda parlamentaria durante cinco meses a partir del 1.° de diciembre lo que exige mayor negociación de las fracciones con el Ejecutivo. Foto: Rafael Pacheco.

A pesar de que el Gobierno no cuenta con una alta participación de diputados oficialistas en la Asamblea Legislativa, obtuvo buenos frutos durante las sesiones extraordinarias y logró que se aprobaran el 55% de los proyectos que convocó, el porcentaje de éxito más alto desde 1990.

Esta fue la conclusión a la que llegó EF después de analizar los proyectos convocados por el Gobierno en la primera legislatura y contrastarlos con los datos de las pasadas siete administraciones registrados por el Programa del Estado de la Nación (PEN).

Durante las dos primeras sesiones extraordinarias –momento en que el Ejecutivo dicta la agenda en el Congreso– se convocaron 163 proyectos, de los cuales 90 se convirtieron en leyes de la República.

En el pasado la tasa de aprobación más alta durante la primera legislatura, la ostentaba el gobierno de José María Figueres Olsen con 35%, y la más baja era la de la administración Solís Rivera con 3%. El anterior gobierno del Partido Acción Ciudada (PAC) convocó en su primer año 315 proyectos, pero los diputados solo aprobaron ocho leyes, según el PEN.

Ahora bien, si se analizan las tres sesiones extraordinarias –desde que comenzó este gobierno– en total se convocaron 349 proyectos, de los cuales 128 ya se convirtieron en leyes. En este caso la tasa de éxito en la aprobación es del 37%.

Esa cifra se obtiene de valorar las sesiones que se realizaron del 1° al 31 de agosto del 2018; del 1° de diciembre del 2018 al 30 de abril del 2019 y del 1° al 31 de agosto de este año.

¿Qué se aprobó?

De los 128 proyectos que se convirtieron en leyes (después de ser convocados en tres sesiones extraordinarias), el 87,5% de las normas son sustantivas; esto significa que estas leyes inciden positivamente en la calidad de vida de las personas. De acuerdo con el análisis realizado por este medio.

Dentro de los proyectos sustantivos que contaron con el impulso de ambos poderes están la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635), la Ley de Educación Dual (9.728), la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre la República de Corea y las Repúblicas de Centroamérica (9.671) y la Ley Marco para la Regularización del Hospedaje no Tradicional y su Intermediación a Través de Plataformas Digitales (9.742), por citar algunos ejemplos.

Mientras que el 12,5% restante son leyes de trámite y que no tienen mayor impacto como, por ejemplo, la Declaración de Benemeritazgo en el Servicio Social para la Fuerza Pública de Costa Rica (9.771) o el Benemeritazgo de la Patria al Hospital México (9.734).

A pesar de que el Ejecutivo debe gobernar con una Asamblea multipartidista –con la fracción oficialista más pequeña que un gobierno haya tenido– el clima político demuestra una “madurez para avanzar de forma segura”, a criterio de Carlos Ricardo Benavides, presidente del Congreso.

Esta coyuntura incluso sirve para implementar reformas estructurales. Algunas pendientes son la reducción del aparato estatal o la transformación de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), para continuar en la ruta de una economía descarbonizada.

“Los miembros del Congreso, de todas las fuerzas políticas diría yo, estamos dispuestos a poner la carne en el asador y avanzar. Si hay que hacer reformas, el Ejecutivo debe presentar sus proyectos de ley”, comentó Benavides, durante el foro Movamos Costa Rica, Ideas que Construyen, realizado en el auditorio de Grupo Nación.

Costa Rica no cuenta con coaliciones políticas formales pero aún así los partidos son capaces de hacer acuerdos, afirmó Carlos Alvarado, presidente de la República.

El mandatario mantuvo su agenda, al menos en el primer año de gobierno, pese a la ruptura en la paz social. La discusión de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas produjo grandes movimientos ciudadanos.

De 389 acciones sociales que enfrentó el gobierno, 220 (56%) fueron reacciones al trámite legislativo de la reforma fiscal, de acuerdo con el más reciente Informe Estado de la Nación 2019.

Demandas y escepticismos

El Gobierno ya dibujó las líneas estratégicas sobre las que guiará sus intereses durante el segundo periodo de sesiones extraordinarias que inicia el próximo domingo 1.° de diciembre y concluye el jueves 30 de abril del 2020.

Carlos Alvarado enfatizó que este espacio político debe ser “para la gente” con el objetivo de aliviar las cargas crediticias que drenan los bolsillos de los ciudadanos, generar empleo, continuar por la ruta de responsabilidad fiscal e, incluso, entrarle a temas como el retiro anticipado del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) o el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) con “mucha responsabilidad”.

El mandatario develó sus intenciones políticas en un artículo publicado en La Nación el domingo 24 de noviembre. En ese escrito mostró un listado de 21 proyectos de ley que el Ejecutivo considera prioritarios para el próximo año.

Sin embargo, para algunas fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa la agenda promovida por Casa Presidencial es demasiado obvia y deja por fuera otros temas de interés particular para cada una de las fracciones.

Las bancadas del Congreso también definieron sus propias listas de iniciativas predilectas sobre las cuales se enfrascarán, a partir del 1.° de diciembre y durante cinco meses, en un estira y encoge para conseguir votos y conciliar apoyos.

En este punto es donde entra en juego con mayor preponderancia la figura de Víctor Morales, diputado y también ministro de la Presidencia, quien es el encargado de encaminar los diálogos, recoger las peticiones y consumar acuerdos entre los pasillos y despachos de Cuesta de Moras.

De hecho, las fracciones legislativas ya se reunieron con el representante directo del Ejecutivo para presentarle los paquetes políticos que incluyen solicitudes expresas de convocatoria de algunos textos, prioridades y comentarios sobre la agenda de Alvarado.

Para las bancadas del Partido Liberación Nacional (PLN) y Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), los temas que propone el Gobierno son necesarios porque permiten darle continuidad y fluidez al trabajo que desarrolló el plenario legislativo en los últimos meses.

Aunque en estas dos agrupaciones políticas también señalan que la convocatoria debe ser más amplia para incluir proyectos que –por alguna particularidad– son de interés para cada una de las fracciones.

El nudo del ROP

En las filas del oficialismo existe un alineamiento total con la propuesta de proyectos que presentó el presidente. Eso sí, el Gobierno podría encontrar uno de los principales nudos en el Partido Restauración Nacional (PRN) principal impulsor de las iniciativas para adelantar la entrega de la pensión complementaria (ROP) y del fondo de ahorro para desempleo (FCL).

Estas dos propuestas son las puntas de lanza de la agenda de los restauracionistas quienes sostienen que son medidas para liberar recursos ahorrados por las personas en momentos de alto endeudamiento, desaceleración económica y un cuasi estático desempleo.

Aunque la apuesta del PRN fue calificada por diversos analistas como una medida “populista”, Alvarado no cierra la posibilidad de diálogo sobre estos temas, con la condición de que se desarrolle “bajo la lupa de la responsabilidad”.

Una consulta realizada por EF a cada uno de los jefes de fracción o voceros de las bancadas, permitió identificar algunos textos de intereses particulares que se podrían incorporar con el pasar de las semanas en las convocatorias del Gobierno.

Destacan iniciativas de leyes enfocadas en atender temas regionales o provinciales como la creación de una casa hogar para adultos mayores en Puntarenas que le interesa al diputado restauracionista Melvin Nuñez, hasta asuntos de otra índole como el proyecto de adopción anticipada que promueve Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).

Este periodo de extraordinarias conjunta a un Congreso altamente productivo con un Gobierno que apostó su capital político a la aprobación de la reforma fiscal y a una serie de iniciativas complementarias enfocadas –en su mayoría– en contener el crecimiento del gasto público, encontrar recursos mediante bonos de deuda externa y dar los primeros pasos hacia la reorganización del aparto estatal.

Los resultados de esta ecuación política se conocerán a ciencia cierta hasta el próximo 30 de abril, será entonces cuando los proyectos aprobados revelen cuán eficaz fue la negociación política entre el Congreso y el Ejecutivo en unas extraordinarias que se desarrollarán a la sombra de las elecciones municipales de febrero del 2020.

Colaboró la periodista María Luisa Madrigal.