El Gobierno presentará un proyecto de ley para garantizar la sostenibilidad ambiental y el trabajo de los pescadores de Puntarenas, tras la decisión de la Sala IV de prohibir la pesca de camarón con redes de arrastre.
Representantes de la Cámara Puntarenense de Pescadores refutan la medida de la Sala al considerar que pondría en peligro cerca de 600 puestos de trabajo y dejaría a Puntarenas en riesgo social.
Esa es la salida para el litigio que promueven los titulares de los ministerios de Agricultura, Gloria Abraham; de Trabajo, Olman Segura; y del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), Luis Dobles.
Segura mencionó que la orden de la Sala no solo dejaría sin trabajo a cientos de pescadores, sino que provocaría el desempleo de 600 mujeres que trabajan como empacadoras de los centros de exportación.
"Creemos en la sostenibilidad ambiental de la actividad camaronera y pesquera, pero esta también incluye la sostenibilidad de quienes viven y trabajan en la actividad, o sea la sostenibilidad social", indicó el ministro.
Por su parte, la Ministra de Agricultura dijo que se busca hacer "un ordenamiento de los escenarios con los inversionistas externos" y recalcó el compromiso del Gobierno en gestionar ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley.
La alternativa es bien aceptada por representantes del sector empresarial y de los mismos pescadores.
"Lo que estamos haciendo con el Gobierno es buscar una salida para demostrarle a los inversionistas que es posible desarrollar prácticas sostenibles y garantizar fuentes de trabajo en Puntarenas, que son tan necesarias", declaró Román Chavarría, empresario pesquero.
El Ejecutivo espera contar con el apoyo de los legisladores para la pronta aprobación del proyecto.