El registro de plaguicidas en el país sigue estancado.
Las agrupaciones comercializadoras de esos productos están a la espera de que el Gobierno brinde un dictamen sobre su propuesta para regular la materia.
Si bien hay ciertos acuerdos sobre el reglamento, también existen objeciones que esta semana se darán a conocer.
El dictamen se emitirá por los viceministerios de Agricultura y Ganadería, Ambiente, Salud, Comercio y Economía.
En Costa Rica no se puede comercializar un agroquímico, si sus ingredientes activos no son aprobados. Esto permite impedir que ciertas sustancias de riesgo se utilicen en la producción agrícola.
Sin embargo, uno de los principales alegatos de los comercializadores de agroquímicos es que el exceso de controles y los largos procesos de inscripción actuales también bloquean el ingreso al mercado de productos de alta calidad, eficiencia y seguridad.
Larga espera
Del 2010 a agosto del 2013 se han aprobado solamente dos fórmulas por el Estado, y 169 están en fila de espera, según datos aportados por la Cámara de Insumos Agropecuarios.
Mientras tanto, los encargados de agilizar el proceso de estudio de los ingredientes y fórmulas de los agroquímicos se culpan por el atraso y muestran desacuerdo en puntos importantes.
La Cámara de Insumos Agropecuarios y otras organizaciones representantes de los intereses de las comercializadoras de plaguicidas y el Servicio Fitosanitario del Estado, realizaron una contrapropuesta para reglamentar el proceso de inscripción.
Roberto Obando, director ejecutivo de la Cámara de Insumos Agropecuarios, alega que la propuesta no pone en riesgo la salud y simplemente acorta los plazos de respuesta, para lograr que el registro de las fórmulas pase de tomar de tres a cuatro años a un año y medio, aproximadamente.
Sin embargo, Elidier Vargas, coordinador de la Unidad Investigación y Desarrollo de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (Digeca) del Ministerio de Ambiente, sostiene que el reglamento tiene elementos con los que coinciden, pero otros son altamente cuestionables.
Según Vargas, la normativa permitiría que, una vez registrada la composición de plaguicidas por una empresa, esta pueda ser cambiada sin autorización previa de autoridades competentes.
Esas serían algunas de las objeciones que el Gobierno concretará en esta semana.
“Ese reglamento se ha discutido por años. Cuando hubo una propuesta bastante bien armada, las cámaras estuvieron en contra. Quieren un reglamento hecho a la medida”, dijo Vargas.
Obando, por su parte, considera que las autoridades han frenado la discusión sin razón.“Tenemos el proceso de discusión paralizado.Son dos meses de estar esperando una respuesta ”, dijo.