Tras una convulsa jornada de bloqueos en carreteras importantes del país, los taxistas finalmente cerraron un acuerdo con el Gobierno para deponer las protestas y activar un plan de acción en con respecto a Uber.
La noche de este miércoles, los líderes de las organizaciones de taxis y Juan Carlos Mendoza, ministro de Comunicación, hicieron públicos los diez puntos del acuerdo suscrito por ambas partes para poner fin a los dos días de bloqueos en las calles.
El gobierno de Carlos Alvarado se comprometió a "intensificar", a partir de este jueves 5 de mayo, los controles de tránsito en contra de Uber y de cualquier otra plataforma digital que opera servicios de transporte de forma irregular. Así se establece en el punto ocho del documento firmado por el Gobierno y los taxistas.
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El acuerdo establece que los taxistas enviarán una consulta al Consejo de Gobierno para que en un plazo de 45 días hábiles -posteriores a la presentación de la carta- el Ejecutivo emita una posición sobre el posible cese de operaciones de Uber en el país.
Además, el Gobierno convocará una reunión con los taxistas y Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, para evaluar y cuantificar las implicaciones fiscales que tiene la operación de Uber en el país y de otras aplicaciones que ofrecen servicios de transporte remunerado de personas de forma ilegal.
Entre los acuerdos suscritos por el Gobierno y los taxistas, destaca una solicitud para que el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) revise el decreto que permite a Uber operar su Centro de Excelencia en el país, bajo el Régimen de Zonas Francas.
El análisis de Comex iniciará este jueves 5 de julio y el pronunciamiento final debe ser entregado a más tardar el próximo viernes 3 de agosto. La intención de los taxistas es que el Gobierno verifique si Uber cumple con las restricciones y alcances establecidos en el Régimen de Zonas Francas.
El 26 de enero del 2016, Uber informó sobre la apertura de un Centro de Excelencia en Costa Rica con una inversión inicial de $3,5 millones para emplear a 480 personas.
El anuncio del Centro de Excelencia de Uber en el país contó con el apoyo de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), la agencia del Gobierno que se encarga de promover la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) a Costa Rica.
Este centro de servicios abrió sus puertas en 2016 y opera bajo el Régimen de Zonas Francas. Actualmente da soporte a las operaciones de Uber en todos los países de habla hispana y estima cerrar el 2018 con 600 empleados.
En setiembre del 2017, Uber reveló que contaba con 18.000 conductores socios, de los cuales, 45% son profesionales, 41% emprendedores, 9% estudiantes, 3% pensionados y 2% amas de casa.
Las condiciones del Gobierno
A cambio de conceder estos acuerdos, el Gobierno también pidió a los taxistas integrar las mesas mixtas de trabajo que serán convocadas por Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, con el objetivo de analizar la situación del transporte público en el país y buscar regulaciones consensuadas para plataformas como Uber.
Sobre este tema, Martha Castro, gerente de Comunicaciones Región Andina, Centroamérica y el Caribe de Uber, indicó, mediante un comunicado emitido el 3 de julio, que la empresa está dispuesta a dialogar para construir una regulación.
"Seguimos insistiendo en buscar vías de diálogo con el Gobierno en pro de una regulación que permita la coexistencia de diferentes esquemas de movilidad en el país y que beneficie a los usuarios y a las personas que han encontrado en Uber una opción de ingresos", aseveró Castro.
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Si los taxistas vuelven a hacer bloqueos, manifestaciones o tortuguismo en las vías nacionales, el acuerdo de este miércoles 4 de julio queda sin efecto y el Gobierno advierte que tomará las acciones de ley para garantizar el libre tránsito por las carreteras del país.
Los taxistas también pidieron al Ejecutivo una reunión con Bernardo Alfaro, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) para aclarar las dudas sobre el uso de cuentas bancarias y de pagos electrónicos en las actividades económicas de empresas que ofrecen servicios de transporte de manera ilegal, dentro del territorio nacional.
En esa misma línea, las organizaciones de taxis quieren que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) ofrezcan sus posiciones sobre la utilización de apps para intermediar entre clientes y conductores en los servicios de transporte remunerado de personas.
El presidente Carlos Alvarado ya había enviado mensajes sobre este tema en la campaña política. En un video publicado hace seis meses en su página de Facebook, el ahora mandatario señaló que "el Gobierno lo que tiene que hacer es respetar la Ley vigente en materia de transporte público".
La posición de Alvarado de crear una regulación consensuada para Uber significa un cambio con respecto a la actuación de Luis Guillermo Solís en este tema.
Uber arrancó operaciones en Costa Rica el 21 de agosto del 2015 y Solís siempre mantuvo el discurso de que los servicios de transporte que opera la app eran ilegales, pero las acciones para frenarlo carecieron de real contundencia.
"Uber es ilegal porque el transporte remunerado de personas es un servicio regulado", aseguró Solís en una publicación en su página de Facebook el 17 de agosto del 2017.
La discusión se trasladó de Casa Presidencial a Cuesta de Moras. El entonces diputado oficialista, Franklin Corella, se convirtió en el bastión del Partido Acción Ciudadana (PAC) para tratar de impulsar un proyecto de ley de movilidad colaborativa cuando el país urge aprobar la reforma fiscal.
Los 10 acuerdos entre Gobierno y taxistas
Estos son los diez puntos que recoge el acuerdo firmado por los taxistas y el Gobierno a las 10:30 p.m. de este miércoles 4 de julio para poner fin a los bloqueos de carreteras en el país.
1- El Gobierno reitera su compromiso inequívoco de respetar y garantizar el cumplimiento de la ley que regula el transporte remunerado de personas y de buscar una solución definitiva al problema de transporte modalidad taxi, que permita garantizar a la ciudadanía un servicio de calidad, eficiente y seguro.
2- El Gobierno reafirma que el Ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, y los demás jerarcas del MOPT, son quienes lideran el proceso de negociación para alcanzar una respuesta a la problemática que enfrenta el transporte público modalidad taxi y, en particular, de quienes operan el servicio bajo las regulaciones del Estado costarricense. Los Ministros de Trabajo, Ciencia y Tecnología, junto con el Viceministro de la Presidencia, acompañarán al Ministro Méndez en lo que a ellos compete.
3- El sector taxista se compromete a que las comisiones mixtas de trabajo instaladas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con la participación de todos los actores involucrados en el transporte público remunerado, serán el espacio para trabajar en soluciones integrales a la problemática.
4- El Gobierno se compromete a generar un espacio con el Superintendente de Entidades Financieras SUGEF, Bernardo Alfaro, así como con el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) para que atienda las inquietudes al sector taxista.
5- El Gobierno programará una reunión con la Ministra de Hacienda y el sector taxista para valorar las implicaciones fiscales de la operación de plataformas de servicio de transporte irregular.
6- MICITT y MEIC conversarán sobre el alcance de la pauta que ejecutan los servicios irregulares de transporte.
7- El Gobierno se compromete a investigar, a través del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) si el decreto que faculta a Uber para operar dentro del régimen de zona franca se está cumpliendo en sus alcances y restricciones. El análisis se iniciaría a partir de mañana y presentará resultados a más tardar el 3 de agosto del 2018.
8- El Gobierno de la República reitera que, en acatamiento a lo que establece la legislación nacional en materia de transporte público, intensificará a partir de mañana los controles sobre los servicios de transporte que operan fuera de las regulaciones.
9- El Gobierno reitera su disposición a seguir dialogando para encontrar acuerdos conjuntos, siempre y cuando no haya medidas de presión como bloqueos, obstrucción o tortuguismo a las vías públicas que afecten a la ciudadanía. En ese sentido, advierte que aplicará todo el peso de la ley para garantizar la seguridad y el libre tránsito de la ciudadanía por todas las rutas del país y que se verán suspendidos los acuerdos tomados hoy en caso de que se presenten estas situaciones de bloqueos, obstrucción o tortuguismo.
10- El sector taxista presentará formalmente una petición ante el Consejo de Gobierno solicitando un posicionamiento del Consejo sobre el cese de la operación de Uber en el país. El Consejo de Gobierno se compromete a responder en un plazo máximo de 45 días naturales en los cuales las mesas continuarán trabajando y buscando acuerdos.